La ejecución de la primera obra financiada con aportes de Pan American Silver al fideicomiso minero desató una fuerte controversia en Puerto Deseado, luego de que empresas locales denunciaran haber sido excluidas del proceso.
La situación fue gestionada directamente por la Cámara de Comercio local, presidida por Leandro Ramírez, junto a CAPROMISA, donde Carlos Dattoli integra la comisión directiva.
Según lo planteado en diálogo con Extremo Minero, el sector empresario tomó conocimiento de la obra a través de redes sociales, sin haber sido convocado formalmente. Esto generó un fuerte malestar, especialmente considerando que se trata de fondos que provienen de la actividad minera en el propio territorio.
El conflicto se profundizó al observarse que los trabajos eran ejecutados con recursos externos, lo que fue interpretado como una señal de desplazamiento de proveedores locales en una obra financiada con recursos del fideicomiso.
Desde las entidades remarcaron además que las empresas de Puerto Deseado cuentan con experiencia en trabajos de alta complejidad dentro de yacimientos mineros, incluyendo tareas en altura que requieren estrictos estándares de seguridad, higiene y certificación de personal. En ese marco, rechazaron los argumentos vinculados a la supuesta complejidad técnica de la obra como justificación para no convocar actores locales.
La situación escaló rápidamente y derivó en una convocatoria urgente por parte de la empresa, ante el impacto que el conflicto comenzaba a generar. A partir de ese encuentro, se logró un acuerdo que modifica el esquema de cara al futuro.
Entre los principales puntos, se estableció que las próximas obras financiadas por el fideicomiso deberán canalizarse a través de mecanismos formales de comunicación con las entidades locales. Asimismo, se acordó priorizar la participación de proveedores de la zona, con el objetivo de garantizar que los recursos generados por la minería tengan impacto directo en el desarrollo local.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión central en Santa Cruz: el rol de los fideicomisos mineros y la necesidad de que su implementación esté alineada con el fortalecimiento del entramado productivo local.
Más allá del conflicto puntual, el episodio deja una señal clara: sin articulación institucional, transparencia y criterios de arraigo, las oportunidades que genera la minería pueden diluirse y no traducirse en beneficios concretos para las comunidades.
LA UNION HACE LA FUERZA
Como dato relevante, el episodio deja una lectura clara hacia adentro del entramado productivo local: el trabajo articulado entre la Cámara de Comercio de Puerto Deseado y CAPROMISA, con el involucramiento activo de sus referentes, demuestra que la representatividad institucional no es solo formal, sino una herramienta concreta de gestión. La coordinación, el respaldo de los asociados y la construcción de una postura común permitieron canalizar el reclamo con peso real y lograr resultados. En un escenario donde los intereses suelen estar dispersos, este caso vuelve a confirmar que cuando las entidades trabajan en conjunto, la capacidad de incidencia crece y los resultados llegan.
El comunicado difundido por las cámaras:
