En el debate sobre la autonomía municipal, lo que subyace es un fenomenal debate sobre las atribuciones de la Provincia y los municipios, en el marco de una deuda histórica como es cumplir con la Constitución Nacional de 1994 que aquí nunca se materializó.
Dos frentes
Obligado por las circunstancias, y consciente que la picardía de los Félix al poner semejante tema sobre la mesa incluye un daño político cuando se habla de «centralismo» y se señala a la Casa de Gobierno como la instancia de aprobación o desaprobación de proyectos capaces de mejorar la vida de vecinos a más de 200 kilómetros, la respuesta de Cornejo atacó dos frentes: el legal y el político.
Los presidentes de ambas cámaras, la vicegobernadora Hebe Casado (Senado) y Andrés Lombardi (Diputados) pidieron la urgente intervención ante lo que el Gobierno considera una usurpación de “competencias provinciales”, la creación de una norma “facto” (la ordenanza, también cuestionada por su aprobación por simple mayoría y su no publicación en el Boletín Oficial) y la nulidad de todo lo actuado.
El argumento principal es que es la Provincia quien debe reglamentar la autonomía y que las comunas no pueden hacerlo espontáneamente. Al atribuirse esta potestad, San Rafael habría cometido un “alzamiento institucional” que en caso de replicarse, generaría una multiplicidad de normas autonómicas según la interpretación que cada municipio hiciera.
Así las cosas, lo planteado supone un claro conflicto de poderes entre las consideraciones del Ejecutivo, el reclamo del Legislativo y las motivaciones de San Rafael que ahora deberá dirimir el máximo tribunal del Poder Judicial. Una batalla política, jurídica y normativa apasionante.
A reformar se ha dicho
Pero este no es el único plano de la disputa, sino que, en simultáneo, Cornejo envió a la Legislatura un proyecto de enmienda que implica la reforma de la Constitución Provincial, para adecuarla al texto nacional del ‘94 y donde quede plasmado -además- el mecanismo por el cual los municipios en el futuro podrán imitar (bajo el nuevo plano constitucional) sus aspiraciones de autonomía.
Al adecuar y corregir un sólo artículo, el 197, se contempla el caso sanrafaelino, pero también el del resto de departamentos que deseen avanzar en su autonomía. Tras la aprobación -con mayoría especial- por ambas cámaras, esa enmienda debe ser validada por la ciudadanía en un plebiscito la próxima elección, tal como se hizo años atrás con la eliminación de la intangibilidad salarial de los jueces y el fin de las reelecciones indefinidas de los intendentes.
Estos asuntos, como el de la autonomía que ahora ocupa el centro de la escena (y más allá de las especulaciones de coyuntura) no son más que inconvenientes y dilaciones acumuladas por los frustrados intentos de una reforma y actualización constitucional integral sobre la que Mendoza no ha podido dar pasos concretos pese a diversos intentos de casi todos los gobiernos.
El premio mayor
Más allá del concreto reconocimiento de Cornejo a la autonomía que tanto en San Rafael, como en el PJ, pero también en otras comunas -incluso radicales- desconfían, lo conocido esta semana supone una dura confrontación con los Félix, a quienes paradójicamente el oficialismo venció (por tres puntos) el 22 de febrero en la categoría concejales, pero perdió (también escasamente) en la de constituyentes ahora objetada.
Una pulseada donde ninguno de los rivales es inocente: indistintamente, uno ataca, otro resiste y por más que aparezcan argumentos de otra índole (incluso, el reparto de la coparticipación o un cepo a la creación de nuevos tributos municipales), hay una clara disputa de poder que, al margen del proceso legislativo y el expediente judicial, tiene como objetivo final la propia intendencia en 2027. Desplazar a los Félix es una meta nunca lograda por Cornejo. Una circunstancia que se ha prometido cumplir en los comicios que marcarán -nuevamente- su salida del poder.
* El autor es periodista y profesor universitario.