El intendente de Azul, Nelson Sombra, de Unión por la Patria (UxP), con Cristina Kirchner
Un tribunal del partido de Azul hizo lugar a un amparo de productores y, en 45 días, la administración de Nelson Sombra (UxP) deberá informar sobre costos, obras y datos de la red vial
La Justicia hizo lugar a un amparo colectivo impulsado por productores agropecuarios y ordenó al municipio bonaerense de Azul que, en un plazo de 45 días hábiles, entregue información “completa, veraz y adecuada” sobre el destino de los fondos recaudados por tasas viales. El fallo representa un revés para la administración local y reabre el debate sobre la transparencia en el uso de esos recursos. El intendente de Azul es Nelson Sombra (UxP).
La resolución responde a una acción judicial presentada por productores de la zona, que reclamaron precisiones sobre la utilización del dinero proveniente de las tasas que pagan para el mantenimiento de los caminos rurales. En un fallo unánime, los jueces Martín Laborde, Bernardo Fernández de Villegas y Marcelo Enrique Patérnico, del Tribunal de Trabajo de esa localidad, consideraron procedente el planteo y obligaron al municipio a brindar detalles.
Según surge de la sentencia, se dispuso que la comuna deberá “poner a disposición de los actores, en forma completa, veraz y adecuada” la información vinculada a la recaudación y aplicación de esos fondos. El objetivo es garantizar el acceso a datos clave para evaluar la gestión de los recursos.
El conflicto tiene como eje central lo que consideraron una falta de claridad en torno al destino de la tasa vial, un tributo que los productores abonan con la expectativa de que se traduzca en mejoras en la infraestructura rural, especialmente en caminos.
En el sector agropecuario, el reclamo por la transparencia en el uso de estos fondos no es nuevo. Desde hace años, entidades rurales vienen advirtiendo sobre la necesidad de que los municipios detallen cómo se asignan esos recursos.
En este caso puntual, los demandantes sostuvieron que no contaban con información suficiente para conocer si el dinero recaudado estaba siendo efectivamente destinado a los fines para los cuales fue creado el tributo.
La Justicia, al analizar el planteo, entendió que existía un derecho vulnerado en términos de acceso a la información pública, lo que motivó la decisión de hacer lugar al amparo. El fallo establece un plazo concreto para el cumplimiento: 45 días hábiles. En ese período, el municipio deberá entregar la documentación requerida, bajo los parámetros de integridad y veracidad exigidos por la resolución.
La medida judicial implica que la administración local deberá ordenar y sistematizar la información sobre ingresos y gastos vinculados a la tasa vial, algo que, según los productores, no estaba disponible de manera clara.
Entre los puntos exigidos, el municipio deberá presentar los balances de los últimos 48 meses —incluidos los anuales y mensuales, con sus anexos y libros de ingresos y egresos—, la matriz de costos utilizada para fijar la tasa y la documentación que respalda ese cálculo. También se le solicita un detalle de la red vial a su cargo —cantidad de kilómetros, caminos secundarios y terciarios y sus características—, la extensión total del distrito con la discriminación entre superficie rural y urbana, y el padrón de propietarios. A esto se suma un informe completo de los ingresos municipales en los últimos cuatro años, desagregados por rubro, junto con ordenanzas impositivas, presupuestos y un detalle de las últimas diez intervenciones realizadas en caminos rurales, con precisión de tareas, costos y personal involucrado.
Para los demandantes, el pronunciamiento representa un avance en materia de control y transparencia. Consideran que permitirá conocer con mayor precisión cómo se gestionan los recursos que aportan.
Pablo Abdón Torres Barthe, representante legal de los productores, señaló a LA NACION que la situación es similar a la registrada en Baradero y Henderson, con fundamentos coincidentes. Según detalló, se trata de una estrategia que ya mostró resultados favorables en la Justicia en esos dos distritos con juicios finalizados a favor de los productores.
“Lo importante es que estamos consolidando y normalizando la obligación de los municipios de informar con claridad sus cuentas: cuánto recaudan por la tasa vial, cómo se utilizan esos recursos y qué criterios aplican en la matriz de costos para definir el valor del tributo. Ahora buscamos afianzar este camino para modificar la conducta de las administraciones locales y que comprendan que el ciudadano tiene herramientas para exigir explicaciones por fuera de la política”, afirmó.
En un principio, el objetivo no es ir por la discrecionalidad de la tasa vial, sino obtener pruebas oficiales sobre el destino de los fondos para luego sí interponer reclamos económicos o incluso penales.
En paralelo, el caso vuelve a poner en agenda la discusión sobre la eficiencia del gasto en infraestructura rural, un punto sensible para la producción agropecuaria. En Azul hay alrededor de 1800 kilómetros de caminos rurales, entre provinciales y municipales, y representan un factor clave para la actividad: condicionan la logística, el acceso a los campos y la salida de la producción. Por eso el destino de la tasa vial es un tema central para el sector.
En línea con lo ocurrido en Azul, en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires se repiten planteos similares por parte de los productores, que cuestionan tanto el estado de los caminos rurales como la escasa información sobre el destino de los fondos recaudados. En los últimos días, en General Alvarado y Necochea productores bonaerenses avanzaron por la misma vía judicial contra sus municipios para exigir precisiones sobre el uso de lo percibido a través de la tasa de red vial.
Para los productores, la sentencia podría sentar un precedente para otros casos donde se cuestiona la administración de recursos públicos vinculados a las tasas de red vial. Con este fallo, la Justicia marca un límite claro: la obligación de transparentar el destino de los fondos como un deber que debe cumplirse en tiempo y forma.
En febrero, vale recordar, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata había declarado la “nulidad” total de la Tasa por Servicios Esenciales impuesta por la Municipalidad de Azul a los productores agropecuarios. El tributo, impulsado por el intendente, exigía el pago equivalente a un litro de gasoil por hectárea al mes.
