El Gobierno consiguió por mínima diferencia el aval legislativo al acuerdo 50/50 con Salta para compartir regalías y cargas fiscales en un proyecto de oro y plata ubicado en un área limítrofe en disputa. A juzgar por los antecedentes, la Provincia está obligada a cambiar todo lo mal que hizo antes.
El acuerdo está en marcha. Esta semana, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó con lo justo convenio el firmado en marzo de 2025 entre el gobernador Raúl Jalil y su par salteño Gustavo Sáenz para avanzar con el desarrollo del proyecto minero “Diablillos-Plata”, ubicado en la zona limítrofe de ambas provincias, con un esquema 50-50 en regalías y cargas fiscales. Para la oposición política, Catamarca no debería compartir nada porque el proyecto está en su jurisdicción. Ahora, dados los antecedentes, el desafío más importante es que la provincia no siga siendo la Cenicienta de la minería argentina.
“Diablillos-Plata” es un proyecto de oro y plata operado por la empresa canadiense “AbraSilver Resource Corp”, aunque el convenio firmado entre los mandatarios provinciales alude puntualmente a “Pacific RIM Mining Corporation Argentina SA”, que es la titular de la concesión minera y responsable legal ante las autoridades nacionales y provinciales. En otras palabras, AbraSilver es dueña de Pacific RIM.
En su web institucional, AbraSilver indica que los recursos medidos y estimados del proyecto totalizan “103,9 millones de toneladas con una ley de 59 g/t de plata y 0,51 g/t de oro” y que “Diablillos posee unas impresionantes reservas de 199 millones de onzas de plata y 1,7 millones de onzas de oro, con un importante potencial de exploración aún sin explotar”.
El asunto más crítico es precisamente la ubicación del yacimiento. En la cartografía de Catamarca, Diablillos figura en su territorio; y en la Salta ocurre lo mismo a su favor. Ante esa disidencia, el convenio de reparto de ganancias y cargas impositivas firmado por Jalil y Sáenz dice que el documento quedará sin efecto una vez que el Congreso de la Nación fije los límites en esa área. Una instancia que puede demorar largos años, como se ha visto en otros diferendos limítrofes.
La empresa AbraSilver señala por su lado que Diablillos es “un activo de primer orden en la reconocida provincia de Salta”, y las imágenes satelitales de Google Maps coinciden en ubicar al proyecto en el lado salteño. No obstante, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) asegura que el Área de Reserva N°1 Diablillos se encuentra en el departamento Antofagasta de la Sierra, Catamarca, “en el límite con Salta”.
Se trata, en definitiva, de una suerte de “zona gris catastral”.
Pero en la sesión extraordinaria del miércoles pasado, varios diputados opositores, como Alicia Paz de la Quintana (UCR), María Laura Quintero (LLA) y Fernando Baigorri (MID), citaron leyes y documentos oficiales que dan cuenta de la soberanía de Catamarca en ese extremo de Antofagasta. “Si el proyecto está en Catamarca, ¿por qué compartir los beneficios con Salta?”, planteó Baigorri.
La diputada Paz aseguró que hasta 2020, tanto la cartografía de Catastro como los informes técnicos del Ministerio de Minería, precisaban que Diablillos está dentro de los límites catamarqueños. “No estamos tratando un expediente, sino un criterio político e institucional de nuestra provincia: Catamarca defiende lo suyo o empieza a acostumbrarse a resignar, ceder y compartir lo que debería defender”, sostuvo.
El oficialismo, en tanto, además de asegurar que el convenio con Salta no implica ninguna renuncia a la soberanía territorial, se ocupó de chicanear a los libertarios y radicales aliados por no apoyar actividades económicas que promueven inversiones y creación de empleo, algunas de ellas enmarcadas en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) creado por la gestión Milei.
Lo cierto es que la votación del acuerdo se aprobó por apenas un voto: 18 a 17. Fue gracias al apoyo de Sonia Nabarro (Fuerza Catamarca), la flamante “adquisición” estratégica del oficialismo luego de la escisión de la diputada de la bancada del MID, en medio del escándalo de las gravísimas denuncias cruzadas con Javier Galán.
Antecedentes negativos
Si bien los problemas limítrofes con Salta son históricos, las fricciones más recientes empezaron a escalar en la década del ’90 con Minera del Altiplano (MDA), filial de la estadounidense Livent, hoy en manos del gigante Río Tinto, con el proyecto litífero Fénix, en el Salar del Hombre Muerto (Antofagasta de la Sierra)
Podrían distinguirse tres grandes períodos de conflicto:
- Década de 1990: el origen
El problema comenzó prácticamente con el inicio de las operaciones del proyecto Fénix en 1997. Desde ese momento, la empresa estableció su base de operaciones administrativa en la ciudad de Salta, a pesar de que la extracción física se realizaba en Catamarca. Durante toda esa década y la siguiente, Catamarca reclamó que los beneficios indirectos y el control fiscal se estaban fugando hacia la provincia vecina.
- La crisis de las regalías
Este es el periodo de mayor tensión política e institucional antes de los acuerdos recientes:
- En 2019 se reavivó la disputa legal cuando Salta comenzó a intimar formalmente a la empresa para que tributara allí, basándose en su propia cartografía que reclamaba parte del Salar.
– En 2021 el conflicto llegó a un punto crítico de «doble imposición» potencial, lo que forzó a los gobernadores a firmar el primer Tratado Interprovincial de la Región del Litio en octubre de ese año para intentar pacificar la zona.
- Escándalo de subfacturación y reclamos de deuda
Es la etapa más reciente y la que generó el «clima de sospecha»:
- En 2022, la AFIP y la Aduana detectaron que la empresa (ya bajo el nombre de Livent) estaba exportando litio a precios muy inferiores a los de mercado, perjudicando la recaudación de regalías de Catamarca. Pero el Gobierno nunca reclamó.
Por ese caso, en agosto de 2025 la Justicia nacional imputó y embargó a MDA y a su expresidente Luciano Mancuso, por el delito de o presunta evasión fiscal, en las operaciones de venta de carbonato de litio realizadas en 2022 y 2023.
- En 2024, Salta le exigió formalmente a la minera una deuda de $216 millones por regalías no pagadas entre 2019 y 2022 en las áreas de superposición.
Recurso local, gestión externa
De modo que la experiencia del proyecto Fénix es el testimonio de una claudicación institucional de Catamarca que benefició indirectamente a Salta y que hoy, ante el nuevo boom del litio, actúa como una advertencia urgente.
El error fundacional fue haber permitido que una empresa cuya riqueza provenía exclusivamente del suelo catamarqueño operara con una estructura de espaldas a la provincia.
En efecto, al mantener sus oficinas administrativas, legales y logísticas en Salta, la empresa generó un «derrame» de empleo calificado, servicios profesionales y compras a proveedores que Catamarca nunca capitalizó en forma estratégica.
Para el mercado global, durante años el litio del Hombre Muerto se asoció logísticamente a Salta, mientras Catamarca asumía el pasivo ambiental y el desgaste de la infraestructura básica de acceso.
Además, el diferendo territorial entre ambas provincias fue utilizado históricamente como una zona de confort para la empresa y una debilidad para el Estado.
¿A qué se refiere eso? Por un lado, la falta de una delimitación clara permitió que la minera jugara con la ambigüedad, llegando a situaciones donde Salta reclamaba regalías por concesiones que Catamarca ya gravaba, lo que generó un caos administrativo que recién se intentó ordenar décadas después.
Por otro, el reciente embargo judicial de $100.000 millones por maniobras de subfacturación de litio desnudó la fragilidad de los controles. Catamarca, al no tener la sede administrativa en su jurisdicción, tuvo una mirada parcial y tardía sobre los flujos financieros reales de la exportación. Pero aparte, cuando la maniobra quedó expuesta, el Ejecutivo provincial nunca reclamó su “tajada” perdida.
¿Soberanía o coparticipación pasiva?
Si bien el reciente Acuerdo de Facilitación y Fomento del proyecto Diablillos-Plata busca alcanzar algún estado de «paz social» mediante el reparto 50/50, Catamarca enfrenta desafíos que Salta ya tiene resueltos.
Por caso, el gran error político sería que, bajo el esquema de coparticipación, Catamarca acepte recibir el 50% de las regalías pero permita que Salta siga siendo el hub de servicios y empleo. La verdadera soberanía minera no es solo cobrar el impuesto, sino capturar la cadena de valor (logística, laboratorios, sedes corporativas).
De igual modo, Salta ha demostrado una continuidad en su política minera, mientras que Catamarca tuvo sus vaivenes. Por lo tanto, parte del desafío es que los acuerdos de «cooperación» no terminen siendo una cesión de derechos ante un vecino que tiene una infraestructura de servicios más agresiva.
La Provincia también deberá vigilar que la zona de límites compartidos no se convierta en una zona de controles compartidos laxos. Por ello, la fiscalización ambiental debería ser implacable, o al menos más exigente, ya que el daño hídrico en la Puna impactará primero y más fuerte en las comunidades de Antofagasta de la Sierra.
El acuerdo “fifty-fifty” significa una solución salomónica para el capital inversor, pero para Catamarca es un arma de doble filo. Porque si la provincia no desarrolla una infraestructura de servicios competitiva respecto a Salta, terminará compartiendo sus regalías con un vecino que, además, se queda con el empleo y el desarrollo tecnológico de la industria.
En definitiva, está visto que la gestión minera no es solo saber extraer recursos; sino también gobernar donde viven los técnicos y se firman las transferencias.
A ver si esta vez la provincia es capaz de liderar el Comité de Gestión Interprovincial creado por el convenio bilateral y hacer valer su rol de principal aportante de la riqueza
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