Mitos, verdades e intereses en juego detrás de la ley de glaciares

IMPULSAN LA REFORMA
Gobierno nacional y cámaras mineras
Mendoza
San Juan
Chaco
Entre Ríos
Tucumán
Catamarca
Salta
Ciudad de Buenos Aires
El Poder Ejecutivo presentó la iniciativa con el apoyo de ocho gobiernos provinciales: Mendoza, San Juan, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, Salta y Ciudad de Buenos Aires. En el Senado, recibió 41 votos a favor: la respaldó el oficialismo y Pro, buena parte de la UCR y un sector del PJ. A favor de la reforma sostienen que la Argentina tiene el marco regulatorio “más prohibitivo en lo ambiental y restrictivo para la producción minera del mundo” y creen necesario dotar a la norma de “mayor claridad legal” para que las empresas del sector den curso a los proyectos ya presentados en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), principalmente en cobre y litio, oro y plata. Destacan que el desarrollo de la industria potenciará no solo la generación de divisas para el país sino también la economía regional de las provincias donde se realicen las inversiones. Resaltan, además, que estos proyectos podrían posicionar al país como actor relevante en la transición energética global.

RECHAZAN LA LEY
Ambientalistas y especialistas en derecho ambiental
La Pampa
Buenos Aires
Santa Cruz
La Rioja
Jujuy
Córdoba
Formosa
Santa Fe
Organizaciones ambientalistas y especialistas en derecho ambiental advierten que la reforma habilitaría actividades económicas -especialmente la minería de gran escala- hoy expresamente prohibidas tanto en las áreas glaciares como periglaciales por ser reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedoras de agua para la recarga de cuencas. Ocho provincias la rechazan: La Pampa, Buenos Aires, Santa Cruz, La Rioja, Jujuy, Córdoba, Formosa y Santa Fe. Alertan que la afectación de estas áreas con proyectos extractivistas podría alterar el caudal de los ríos que nacen de la cordillera y atraviesan sus territorios. Sostienen que la reforma es regresiva, viola los presupuestos mínimos de conservación y, por lo tanto, es inconstitucional. Argumentan que la habilitación para actividades extractivas en las áreas hoy protegidas quedará supeditada a la decisión “discrecional” de las autoridades provinciales en conjunción con las corporaciones mineras. En el Senado, el proyecto tuvo 31 votos en contra, la mayoría de ellos del kirchnerismo.

Proyecto de ley Es acotada: los glaciares o el ambiente periglacial serán protegidos “hasta tanto” la provincia verifique que no cumple funciones como reserva estratégica o proveedores de agua para las cuencas hidrográficas (principio precautorio). Los defensores afirman que no se desmantela la protección legal vigente sino que se busca clarificar su alcance: consideran que la norma actual no es precisa y, por lo tanto, inhibe la potencial instalación de proyectos productivos en aquellas zonas periglaciales cuya función hídrica todavía no ha sido comprobada.

Ley actual Es amplia: comprende tanto los glaciares como el ambiente periglacial en su totalidad por considerarlos reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para las cuencas hidrográficas. Quienes rechazan la norma sostienen que los glaciares como el ambiente periglacial conforman un sistema hidrográfico único y, en un contexto de crisis climática y retroceso sostenido de los glaciares a nivel global y nacional, desaconsejan cualquier disminución de los niveles de protección vigentes.

Proyecto de ley Se habilita a los gobiernos provinciales a identificar, con estudios técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en sus territorios que actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o proveedores de agua para las cuencas hidrográficas. Aquellas áreas que no cumplan con estas funciones no integrarán el inventario y, por lo tanto, dejarán de estar protegidas. Las provincias mineras sostienen que el inventario actual avanzó solo en el nivel 1 de identificación de glaciares por medio de imágenes satelitales, pero que es necesario avanzar a los niveles 2 y 3, con trabajos de campo en el territorio en las áreas periglaciales para identificar si contienen o no agua.

Ley actual El Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) es el encargado de elaborar y actualizar, cada cinco años, un inventario nacional donde se registran todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional. La última actualización data de 2018. Todo lo allí inventariado está protegido por la ley. El Ianigla incorporó 16.968 cuerpos de hielo a lo largo de la Cordillera de los Andes y las Islas del Atlántico Sur. Incluye glaciares y el ambiente periglacial, esto es, el conjunto de geoformas donde el hielo aparece mezclado con sedimentos y rocas, retiene agua en estado sólido y la libera de manera gradual.

Proyecto de ley Se prohibirán las actividades previstas en la ley actual siempre que puedan “alterar de modo relevante” las funciones hídricas debidamente comprobadas. Las provincias podrán determinar, tras evaluaciones de impacto ambiental, qué actividades proyectadas implican una “alteración relevante” para no ser autorizadas.

Ley actual En la norma vigente sobre glaciares, están prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural y sus funciones como reservas hídricas estratégicas. Se incluyen la instalación de industrias o el desarrollo de obras o actividades industriales y la exploración y explotación minera e hidrocarburífera.

Proyecto de ley Los partidarios de la reforma sostienen que la Argentina tiene oportunidad estratégica, pues posee recursos minerales críticos -como cobre y litio- esenciales para la transición energética global y la descarbonización de la economía. Subrayan que aprovechar ese potencial no es incompatible con la protección ambiental, porque los proyectos mineros continuarán sometidos a un régimen de evaluación de impacto ambiental previo al inicio de actividades y a actualizaciones periódicas obligatorias. Desmienten que con la minería la provisión de agua esté en peligro: insisten que la agricultura es la actividad que más la consume.

Ley actual Los que rechazan la reforma sostienen que la ley actual no ha impedido la actividad minera sino que la ordena en el marco de la protección de un ecosistema integrado (glaciares y ambiente periglacial). Enfatizan que la ley, cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema, establece límites básicos frente al avance del extractivismo minero e hidrocarburífero sobre ecosistemas frágiles y estratégicos. Insisten en que la reforma prioriza a las provincias cordilleranas dueñas de los recursos mineros, pero soslaya a las provincias no cordilleranas, dueñas de acuíferos y cuencas hidrográficas, cuyo desarrollo depende del agua dulce proveniente de los glaciares.