Mientras Argentina celebra los récords de fractura y producción en Vaca Muerta, una tensión silenciosa pero costosa erosiona la eficiencia de nuestra principal esperanza exportadora. Se trata de la Ley Provincial 3338, conocida como el régimen de “Compre Neuquino” para la industria hidrocarburífera. Bajo la bandera del desarrollo local, esta normativa ha erigido lo que constitucionalmente se define como una “aduana interior”, generando un bloqueo de mercado que encarece los costos operativos y pone en jaque la competitividad internacional de la cuenca, justo cuando más la necesitamos.
Por Martín Robledo (*)
La Ley 3338 no es una simple sugerencia de patriotismo provincial; es una intervención directa del Estado en los contratos entre privados. Obliga a las operadoras (como YPF, Shell o Vista) a otorgar preferencia a empresas certificadas localmente, imponiendo el mecanismo de first refusal (primer rechazo). Esto significa que si un proveedor local presenta una oferta hasta un 9 % más cara que la de un competidor externo más eficiente, la operadora está forzada a darle la oportunidad de igualar el precio y adjudicarle el contrato.
INCONSTITUCIONALIDAD Y ADUANAS INTERIORES
Desde el punto de vista jurídico, el esquema roza la ilegalidad flagrante. La Constitución Nacional, en sus artículos 9 a 12, prohíbe taxativamente las aduanas interiores y garantiza la libre circulación de bienes y servicios. Al penalizar a un proveedor técnico de Santa Fe o Buenos Aires por el solo hecho de no tener su “centro de vida” en Neuquén, la provincia está alterando la corriente natural del comercio, una facultad que el artículo 75, inciso 13 reserva exclusivamente al Congreso Nacional.
La Corte Suprema de Justicia ha sido contundente en fallos recientes. En Enod S.A. c/ Buenos Aires (2024) y Bunge c/ Chaco (2024), el máximo tribunal declaró inconstitucionales las normativas provinciales que discriminan en función del domicilio del contribuyente o proveedor, calificándolas de barreras que fragmentan el mercado único nacional. Neuquén, al exigir un cupo del 60 % de contratación local a privados, está legislando sobre comercio interprovincial, invadiendo competencias federales y violando el principio de igualdad ante la ley.
EL COSTO DE LA CARTELIZACIÓN
El impacto económico es igual de nocivo. Al cerrar el mercado a la competencia nacional e internacional, se fomenta una cartelización de los proveedores locales certificados, que hoy suman unos 760. Sabiendo que cuentan con un margen de preferencia protegido por ley y un “derecho de igualación”, los incentivos para invertir en innovación y eficiencia desaparecen. Se crea un zoológico protegido donde la rentabilidad no proviene de ser el mejor, sino de tener el certificado adecuado. Resaltan varios casos conocidos de empresarios locales que copan cada vez más empresas, generando una especie de monopolio concentrador de servicios que no hace más que disfrazar compras y contrataciones con la apariencia de una compulsa de precios, cuando es uno solo el que posee todas las empresas.
Esta falta de competencia se traduce directamente en mayores costos para Vaca Muerta. El CEO de YPF, Horacio Marín, advirtió recientemente que para competir con el Permian de Estados Unidos, debemos bajar los costos unitarios. Sin embargo, el “Compre Neuquino” inyecta ineficiencia en la cadena de valor, obligando a las operadoras a contratar servicios que pueden ser menos eficientes o más caros, solo para cumplir con la burocracia del Coeficiente de Cadena de Valor.
LA CONTRADICCIÓN CON EL RIGI
El escenario se vuelve aún más contradictorio con la llegada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) nacional. Mientras el gobierno nacional busca atraer capitales garantizando la no discriminación y la libertad de importación y contratación, la ley neuquina impone trabas locales. Existe un conflicto latente: las grandes operadoras podrían ampararse en el RIGI para eludir el cepo local, lo que derivaría en una inevitable judicialización. Surgen, comúnmente, por lo que se ve, acuerdos cuyos alcances se desconocen, exigidos por los gobernadores bajo la declamación de más recursos para la provincia, pero que en la realidad solo muestran cómo sus cercanos acceden a cargos en directorios de YPF o cómo esta misma empresa luego tiene que desfilar en actos políticos inaugurando obras junto a los jefes de estado provinciales y municipales.
La ministra de Energía de Mendoza, Jimena Latorre, lo resumió con claridad: estas leyes de compre local son anacrónicas y “se podrían declarar hasta inconstitucionales” porque no corresponden a las facultades provinciales.
El desarrollo de los proveedores locales es un objetivo loable, pero no puede lograrse mediante la coerción estatal y el proteccionismo arancelario encubierto. Si Neuquén quiere que sus empresas lideren, debe ser a través de programas de competitividad genuina, no mediante leyes que bloquean el mercado. Vaca Muerta compite con el mundo. Atarle un ancla de sobrecostos locales es la mejor manera de asegurarnos de que pierda la carrera. La estamos haciendo correr poniendo una mochila llena de piedras contra otros players del mundo, con vastos beneficios de todo tipo, como Guyana, el destino elegido por los majors últimamente, que ahora cuentan con grandes posibilidades de explotar en Venezuela, el país contiguo.
Que el esfuerzo de muchos años promocionando nuestros recursos por el mundo y la ilusión de un salvavidas que saque al país adelante, no se pierda por unos pocos que están haciendo un caldo con la gallina de los huevos de oro.
(*) Abogado y licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental | Actualmente dirige su propio estudio, con foco en Vaca Muerta, pasivos ambientales y desarrollo sustentable | mrobledo@estudioneuquen.com