Un camino rural en Necochea. Gza.
En ese distrito del sudeste de la provincia de Buenos Aires presentarán un amparo colectivo por acceso a la información pública tras la falta de respuestas del municipio y buscan tener datos clave sobre la recaudación y el destino del dinero
Un grupo de unos 50 productores del partido bonaerense de Necochea decidió avanzar por la vía judicial contra el municipio por el cobro de la tasa de red vial, en una movida que ya se replica en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. La estrategia elegida no apunta, en esta etapa, a discutir el valor del tributo, sino a exigir información oficial sobre cuánto se recauda y en qué se gasta.
La presentación se formalizará en estos días a través de una acción de amparo colectivo por acceso a la información pública contra la intendencia local, luego de que, según señalaron, se vencieran los plazos administrativos sin respuesta.
El abogado Pablo Abdón Torres Barthe, representante legal de los productores, explicó que el caso de Necochea se suma a una serie de reclamos similares en otros municipios bonaerenses. “Necochea se suma a una serie de municipios. Empezamos en Henderson, seguimos por Baradero, Azul y General Alvarado, entre otros de la provincia de Buenos Aires”, señaló a LA NACION.
Según detalló, se trata de una estrategia que ya mostró resultados favorables en la Justicia. “En Henderson y en Baradero ya son juicios terminados a favor de los productores y solo estamos esperando que nos informen”, indicó.
El eje del planteo no es menor. “Nos dimos cuenta que uno si cuestiona la tasa es muy difícil ganar y que los jueces te fallen a favor porque nadie quiere desfinanciar un municipio, es un tema muy delicado”, explicó el letrado.
Frente a ese escenario, optaron por otro camino. “Entonces, seleccionamos una herramienta republicana de democracia directa que es el pedido de acceso a la información pública”, sostuvo.
En concreto, lo que buscan es acceder a datos precisos sobre el manejo de los fondos. “Lo que hacemos es pedirle a la municipalidad que nos muestre cuánto recauda por la tasa de caminos rurales, cuánto y en qué la gasta”, afirmó.
El procedimiento, según explicó, comienza con un reclamo administrativo. “Generalmente hacemos primero la presentación administrativa, como corresponde, para agotar la sede administrativa para luego poder ir a la Justicia. La ley de provincia de Buenos Aires dice que si pasan 30 días y no contestan los organismos, está habilitado el amparo”, precisó.
En el caso de Necochea, ese plazo ya se cumplió. “Ya pasaron los 30 días que tenían para responder en el municipio, no lo hicieron, así que ahora presentamos el amparo”, indicó.
Torres Barthe destacó que este enfoque tiene mayores probabilidades de prosperar. “Los mismos jueces que no suelen bajar la tasa, tampoco pueden decir que un ciudadano no tiene derecho a saber qué se gastan sus impuestos. Entonces hacen lugar al amparo”, remarcó.
Los antecedentes, dijo, avalan la estrategia: “En Henderson ya tenemos sentencia firme. En Baradero ya ganamos en primera instancia, estamos en segunda instancia”.
La particularidad del caso de Necochea radica en el volumen del reclamo. “Se hace un amparo colectivo, la particularidad que tiene Necochea es que están pagando una cifra muy alta de tasas de caminos rurales y en este caso tenemos alrededor de 50 productores que firman el amparo”, explicó.
Según el abogado, el objetivo final es obtener pruebas oficiales sobre el destino de los fondos. “No vamos por el tema de la discrecionalidad de la tasa, sino que vamos por el acceso a la información”, subrayó.
En ese sentido, planteó un posible escenario a futuro. “En realidad lo que estamos haciendo es teniendo pruebas oficiales de que si se recauda $1000 millones, por ejemplo, y se gastan $500 millones, entonces, cuando está esa prueba oficial, ahí es donde se va a iniciar la segunda etapa”, dijo.
Esa segunda etapa podría derivar en reclamos económicos o incluso penales. “Si se cobró $500 millones de más, el municipio deberá devolver ese importe de más que cobró o lo deberá meter en los caminos rurales”, afirmó.
Incluso, no descartó consecuencias judiciales más graves. “Una vez que veamos los papeles ahí se puede optar por la vía penal, como se hizo en Villa Saralegui, Santa Fe, donde el intendente finalmente fue destituido por la malversación de fondos”, advirtió.
Otro punto clave del reclamo es la falta de información sobre cómo se determina la tasa. “Una de las cosas que pedimos que hasta ahora nadie ha presentado y dicen que no tiene obligación de hacerlo es la matriz de costos de la tasa”, señaló.
En paralelo, también buscan conocer otros ingresos vinculados al sistema vial. “Otra cuestión no menor es saber cuánto dinero de los fondos que manda Provincia o Nación son asignados a caminos rurales”, agregó.
Mientras avanza el frente judicial, los productores locales describen un escenario crítico en el distrito. Gustavo Redolatti, productor de Necochea, detalló la situación de la red vial. “La cantidad de kilómetros en el partido de Necochea son 1400, de los cuales aproximadamente 400 son provinciales”, explicó.
Según indicó, el estado de los caminos es deficiente. “Todos los caminos rurales están en mal estado porque no llegan con las máquinas. El problema también está vinculado al equipamiento. En este momento tienen cuatro o cinco máquinas estables, normalmente llegaban a nueve o diez en un momento pero siempre tienen roturas y son máquinas muy viejas”, describió.
A esto se suma, según denunció, un uso de los recursos que no prioriza la producción. “Ahora se usan para acomodar más los balnearios que los caminos rurales, más en esta época”, cuestionó.
En términos económicos, el valor de la tasa es otro gran punto de conflicto. “En este momento aproximadamente la tasa está en $1500 por hectárea por mes, unos $18.000 por hectárea por año”, precisó. Además, señaló que parte de ese monto se destina a otros fines, donde hay un 20% que va para salud.
El productor también marcó diferencias con distritos vecinos que cobran alrededor de la mitad y los caminos rurales están en excelente o muy buen estado en algunos casos.
“Por ejemplo, San Cayetano, Tandil, Juárez, Lobería y Tres Arroyos; todos pagan mucho menos y, sin embargo, tienen los caminos en buen estado. San Cayetano está en condiciones excepcionales; Tandil, muy bien; y Lobería y Juárez también, en general, bastante bien. Además, cada uno tiene un sistema distinto: en San Cayetano se encarga directamente el municipio y no hay problemas; en Juárez funciona una comisión vecinal; en Tandil es un esquema de cooperativa; y Tres Arroyos tiene un ente descentralizado, como el que intentamos implementar nosotros, que también ha funcionado bien”, sostuvo.
En ese contexto, dejó una definición contundente sobre la percepción del sistema. “En Necochea a las tasas viales la llamamos ‘pozo negro’ porque no se sabe adónde va la plata que recaudan”, concluyó.
En este escenario planteado, el intendente Arturo Rojas aseguró no estar al tanto de ningún amparo hasta el momento pero que una vez que notifique al municipio verá cuál es el planteo y así poder contestar lo que corresponda. “En el expediente que tengo conocimiento, contestamos que todos los datos están publicados en la página de la municipalidad. Tenemos 100% de transparencia en la información pública, están publicados hasta los sueldos de los funcionarios, rendiciones de cuenta, cantidad de empleados por área y lo que cobran”, remarcó a LA NACION.
La movida judicial, que podría sumar a productores de otros partidos como Rojas y Rauch, abre un nuevo capítulo en la discusión por el financiamiento y la transparencia de los caminos rurales en la provincia de Buenos Aires.