Ese cambio en la percepción convive, sin embargo, con un nivel de conocimiento aún limitado. Solo una minoría declara saber mucho o bastante sobre minería, aunque el dato muestra una mejora respecto de años anteriores. El estudio indica que el nivel de conocimiento “no superó el 20% durante la última década”, pero que en el último año creció alrededor de 10 puntos. Aun así, la advertencia es clara: “argentinos que saben poco sobre minería pero esperan mucho de ella puede convertirse fácilmente en un búmeran” , lo que plantea un desafío para el sector en términos de comunicación y gestión de expectativas.
El conocimiento sobre minerales específicos muestra cifras aún más contundentes. El 94% de los encuestados afirma estar al tanto de que en Argentina se produce litio, mientras que el 80% reconoce la existencia de yacimientos de cobre en el país. Estos niveles de conocimiento reflejan la creciente centralidad de los minerales críticos en la agenda pública, especialmente en el marco de la transición energética global.
En paralelo, el debate por la ley de Glaciares logró instalarse con fuerza en la opinión pública. El 71% de los argentinos afirma haber escuchado noticias recientes sobre el tema, un aumento significativo respecto del 65% registrado en 2025. Sin embargo, el propio estudio pone en duda la profundidad de esa información: “¿qué es exactamente lo que escuchan?, ¿qué es lo que realmente saben?” . Esa misma tensión se observa en el nivel de conocimiento declarado: el 50% asegura saber mucho o bastante sobre glaciares, cuando un año antes ese porcentaje era apenas del 28%. Para Poliarquía, este fenómeno puede ser determinante: “Este interés puede traducirse tanto en apoyo como en resistencia resulta crucial saber manejar las teclas de la información confiable y de calidad” .
Pero el dato más relevante del estudio aparece al momento de evaluar qué debería priorizar el Gobierno en la reforma de la ley. Lejos de una lógica binaria, la mayoría de los argentinos opta por una posición intermedia: el 56% considera que deben priorizarse tanto la protección del ambiente y las fuentes de agua como el desarrollo económico y las inversiones mineras. Solo el 29% se inclina exclusivamente por el cuidado ambiental y el 15% por el desarrollo económico.
Según el informe, “una mayoría del 56% cree que deberían priorizarse ambas cosas al mismo tiempo esta respuesta es particularmente llamativa y, en términos históricos, casi inédita” . Este resultado redefine el eje del debate público, que deja de plantearse en términos de oposición para avanzar hacia una lógica de integración.
En la misma línea, el estudio arroja un dato contundente sobre la confianza en los actores que deberían definir la reforma. El 69% de los encuestados confía en científicos y expertos, muy por encima de cualquier otro actor: organizaciones ambientalistas (8%), gobierno nacional (8%), Congreso (4%) y gobiernos provinciales (3%). Para la consultora, “el resultado habla casi por sí solo… la voz que debería orientar la decisión es, claramente, la de la ciencia” . Este punto adquiere especial relevancia en el contexto argentino, donde las provincias -titulares de los recursos naturales- tendrían un rol central en la eventual implementación de la ley y en la provisión de esos especialistas.
La encuesta, realizada entre el 23 y el 26 de febrero de 2026 sobre una muestra de 995 casos a nivel nacional, con un margen de error de +/- 3,11% y un nivel de confianza del 95%, se posiciona así como una radiografía precisa de un momento de inflexión. Con una metodología online y una muestra ponderada por variables sociodemográficas, el estudio capta una sociedad que, en medio de tensiones económicas y debates ambientales, comienza a redefinir su vínculo con la minería.
En definitiva, los resultados reflejan un cambio de clima: la minería gana legitimidad social, pero bajo condiciones. La ciudadanía no rechaza el desarrollo, pero tampoco resigna el cuidado ambiental. Y, sobre todo, exige que las decisiones se basen en evidencia técnica. En el marco del tratamiento legislativo de la ley de Glaciares, ese equilibrio —entre producción, sostenibilidad y conocimiento científico— aparece como el verdadero eje de la discusión.
