Hace 15 años, en pleno auge de Veladero en San Juan y con las importaciones restringidas a nivel nacional, se creó un sistema similar a una ley de proveedores que obligó a las mineras a priorizar compras locales. Su historia.
El origen: Veladero y los proveedores
Corría el año 2011 en San Juan, en plena época de esplendor de la mina de oro Veladero, en Iglesia. De pronto, el contexto nacional cambió: ese año, el Gobierno nacional kirchnerista avanzó con un fuerte endurecimiento de las importaciones para impulsar la industria nacional.
A través de resoluciones del Ministerio de Industria, entonces a cargo de Débora Giorgi, y con intervención de la Secretaría de Comercio Interior, se comenzó a restringir el ingreso de cientos de productos mediante licencias no automáticas.
Para la minería, el impacto fue fuerte e inmediato. La operación de proyectos como Veladero empezó a verse amenazada por la falta de insumos críticos que no se fabricaban en el país, como cianuro o repuestos específicos.
Proveedores mineros sanjuaninos que atravesaron ese momento apuntan directamente al entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, como el responsable de un virtual y repentino cierre de importaciones que puso en jaque la minería que por entonces derramaba gran riqueza en la economía provincial.
El rol de Mayoral y una mesa de oferta y demanda
Frente a ese escenario, desde San Juan surgió una propuesta: crear un ámbito que permitiera vincular lo que las mineras necesitaban importar con lo que la industria nacional podía producir.
La iniciativa fue impulsada por la cámara de Servicios Mineros local (CASEMI) que reúne a los proveedores del sector, y tomada por la Secretaría de Minería de la Nación, conducida por Jorge Mayoral, que terminó institucionalizando la llamada Mesa de Homologación.
A ese espacio Mayoral sumó a la recién creada (y con la misma sigla de la entidad sanjuanina) Cámara Argentina de Proveedores y Prestadores de Servicios Mineros (CASEMI) que fue dirigida por el sanjuanino Fabricio Benedetti. Luego se sumaron actores clave: la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), la Universidad Tecnológica Nacional, además de organismos técnicos como el INTI e IRAM.
Cómo funcionaba el “compre local” minero
El mecanismo consistió en que las empresas mineras debían presentar ante la Mesa de Homologación dirigida por Mayoral el detalle de sus importaciones previstas para los siguientes 3, 6 o 12 meses. Esa información era analizada por los distintos actores del sistema.
Si se detectaba que existía un proveedor nacional capaz de fabricar ese insumo, se activaba una evaluación técnica para verificar calidad y capacidad de producción.
Y si el producto cumplía con los estándares requeridos, la minera quedaba obligada a comprarlo en San Juan o en el país. Recién entonces obtenía autorización para importar aquello que no tenía sustituto local.
En los hechos, el esquema funcionó como un sistema de “compre argentino” obligatorio aplicado a la minería, con un fuerte componente de control estatal.
Resultados millonarios y efectos inesperados
Según datos de un informe difundido entonces por la CASEMI nacional, entre 2011 y 2014 el sistema permitió sustituir importaciones por más de 420 millones de dólares.
El impacto fue concreto: comenzaron a fabricarse en el país insumos que hasta entonces se importaban, desde bolas de acero y geomembranas hasta ciertos químicos y transformadores.
Pero el esquema también generó mecanismos paralelos. Uno de los más recordados fue la llamada “compensación de balanza”: para poder importar, algunas empresas debían impulsar exportaciones argentinas.
El caso más emblemático para la provincia fue el de la automotriz BMW, que para poder ingresar vehículos al país terminó exportando pasas de uva sanjuaninas a través de acuerdos con un famoso empresario local.
Un sistema que terminó cuestionado
Con el paso del tiempo, los nubarrones llegaron a la Mesa de Homologación y el esquema comenzó a deteriorarse. Los empresarios que vivieron esa época aseguran hoy que lo que había surgido desde San Juan como una herramienta para sostener la actividad minera fue centralizándose en Buenos Aires, bajo la órbita de la Secretaría de Minería nacional y que esa pérdida de control fue uno de los puntos de quiebre.
A eso se sumó la aparición de intermediarios que no eran fabricantes reales. En lugar de desarrollar industria, algunos actores comenzaron a operar como “intermediarios” comerciales que lograban sentarse a la mesa y conseguían contratos con las mineras, tercerizaban la producción en talleres y captaban la mayor parte de la renta.
La falta de transparencia en el manejo de la información profundizó el problema. Las listas de insumos a importar, clave para generar oportunidades de negocio, dejaron de distribuirse de manera equitativa, sino que aparecían en manos de los “más allegados” a la Mesa, generando desconfianza dentro del propio sector.
El conflicto escaló incluso a lo institucional, la creación en Buenos Aires de una entidad con el mismo nombre que la cámara sanjuanina (CASEMI), derivó en una disputa judicial y en la retirada de los impulsores originales del esquema. Actualmente aquella CASEMI nacional mutó a la actual Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN).
Para colmo, y en paralelo, según sostienen fuentes del sector, muchas empresas comenzaron a “puentear” la Mesa de Homologación negociando directamente las autorizaciones mediante mecanismos de compensación con Guillermo Moreno, lo que terminó de vaciar de contenido al sistema.
Un antecedente que pesa en el presente
Como balance final, la Mesa logró resultados económicos concretos y de gran escala en sus inicios, pero terminó colapsando por problemas de pérdida de transparencia y discrecionalidad.
Hoy, con la expectativa de una nueva ola minera impulsada por el cobre, el Gobierno de San Juan busca avanzar en una Ley de Proveedores que promete debate y el recuerdo de esa mesa retorna a varios empresarios.
El proyecto que se prepara apunta a que cada empresa minera presente su propio Plan de Desarrollo de Proveedores, en un esquema basado en previsibilidad y crecimiento gradual, más que en obligaciones de porcentajes de compre local.
Sin embargo, el debate ya genera tensiones. Ejecutivos de grandes proyectos sanjuaninos como Vicuña y Los Azules han expresado su rechazo a cualquier norma que imponga compras locales obligatorias, mientras que desde el Gobierno aseguran que avanzarán con una propuesta más flexible.
En ese escenario, el recuerdo de aquella “mesa” que movió millones y terminó en controversia y discrecionalidad vuelve a escena como una experiencia que condiciona sobre los modos de intervenir en un negocio tan complejo como el minero