En Santa Cruz, los fideicomisos mineros son una herramienta clave para canalizar recursos hacia las comunidades. Sin embargo, los casos de Puerto San Julián, Perito Moreno y Puerto Deseado muestran que no todos funcionan igual.
El modelo más sólido sigue siendo el de San Julián. Desde 2009, el esquema impulsado por Cerro Vanguardia —con AngloGold Ashanti y Fomicruz— opera a través de una Agencia de Desarrollo que fortaleció pymes, empleo y entramado productivo. Es, hasta hoy, el único caso donde el fideicomiso trascendió la obra pública.
En Perito Moreno, el fideicomiso vinculado a Newmont muestra avances. Financia infraestructura y, tras cuestionamientos iniciales, comienza a alinearse a estándares como los de Global Reporting Initiative (GRI 14), lo que podría mejorar la transparencia y el control.
Pero el caso más crítico es Puerto Deseado. El fideicomiso, hoy bajo Pan American Silver tras la salida de Yamana Gold, evidencia un problema estructural: el vínculo con la comunidad es prácticamente inexistente.
El esquema presenta fallas claras. El comité no incluye representantes sociales, limitándose al municipio, el Concejo, la empresa y Fomicruz. No existen mecanismos formales de consulta, la información pública es escasa y las decisiones se toman sin participación real. Incluso con más de $1.400 millones aportados en 2026, el proceso carece de legitimidad.
El contraste con la etapa de Yamana es evidente. En aquel momento, el fideicomiso formaba parte de una estrategia de “valor compartido”, con obras y programas definidos junto a la comunidad. Hoy, el esquema aparece reducido a una transferencia de fondos sin construcción social. La propia comunicación corporativa de Pan American refuerza esta percepción: Cerro Moro casi no figura en iniciativas comunitarias, más allá de acciones ambientales puntuales.
El resultado es un fideicomiso activo en lo financiero, pero débil en lo institucional.
A este mapa se suman otros casos. Gobernador Gregores aparece como localidad con fideicomiso propio, aunque con muy baja información pública, lo que refleja otro problema: opacidad. En Río Gallegos, en cambio, el intento de replicar el modelo nunca se concretó.
Una vez más, «lo que no se mide, no se controla»
Santa Cruz muestra hoy tres niveles claros: un modelo consolidado (San Julián), uno en mejora (Perito Moreno) y uno fallado (Puerto Deseado). La diferencia no está en los recursos, sino en la calidad institucional. Sin participación, transparencia y control, los fideicomisos corren el riesgo de convertirse en simples mecanismos financieros sin impacto real.