Desde la querella aseguraron que la catamarqueña Valeria Graciana Páez hizo un “despliegue cinematográfico” para cometer los presuntos fraudes que está investigando la Justicia de Salta.
Modalidad
Esa supuesta consultora ofrecía servicios específicos como estudios de suelo, obras y mantenimiento en la puna salteña. La investigación, que se está desarrollando en Salta, se originó por la denuncia de una abogada. La letrada había sido contratada para prestar servicios en la consultora. Fuentes judiciales señalaron que había dos engaños. Uno, para los potenciales socios de la consultora. El otro, para quienes aspiraban a trabajar en la empresa.
Con el primer ardid, se apuntaba a conseguir interesados en sumarse a un supuesto proyecto minero. A los potenciales socios, les mostraban planos de la zona en la que iban a intervenir, se constituían asociaciones legítimas en Personería Jurídica, les manifestaban que estaban en tratativas con una empresa minera productora y que habían accedido a la licitación de una obra.
En esa instancia, los potenciales socios se involucraban e invertían dinero para asociarse a ese supuesto proyecto minero, con la intención de obtener ingresos una vez que crezca la sociedad. Sin embargo, cuando el proyecto tenía que convertirse en un hecho real, Páez y la consultora dejaban de dar respuestas a esos potenciales socios.
Con el segundo ardid, se buscaba conseguir dinero a través de personas que aspiraban a trabajar en la consultora, pero prestando servicio en la mina que está ubicada en la puna salteña. En este caso, les ofrecían salarios que rondaban entre los 3 y 4 millones de pesos, pero a cambio les pedían la suma de 500 mil pesos. Supuestamente, ese dinero era para pagar una “multa”. Los interesados confiaban en esta propuesta y se esforzaban en conseguir esos 500 mil pesos para luego entregarlos y así poder acceder a un puesto de trabajo.
Perjuicio
Páez está sospechada de haber estafado por alrededor de 250 millones de pesos. No se descarta que esa cifra pueda ser aún mayor. No es la única involucrada. Su pareja, Carlos Báez, también está bajo la lupa de la Justicia. Ambos están alojados en la Alcaidía de Salta. La Fiscalía los imputó por el delito de estafa. Aunque esta situación puede cambiar puesto que, con el avance de la investigación, podrían endilgarles la comisión de otros delitos. La próxima semana tendrán una audiencia clave en la que se definirá si continuarán detenidos o si podrán recuperar la libertad