En esta línea, el jefe comunal de Iglesia, Jorge Espejo, señaló que es necesario escuchar a todos los sectores involucrados.
El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, charló con el móvil de Canal 13, y se refirió al proyecto de Ley de Regulación del desarrollo local minero que impulsa la provincia y remarcó la necesidad de avanzar en su tratamiento con una mirada amplia. “Es voluntad de la provincia sancionarla y hay que escuchar a todos los sectores”, sostuvo, en un contexto donde la actividad minera continúa siendo un eje central para la economía departamental.
En ese sentido, el jefe comunal destacó que el nivel de actividad impacta directamente en la economía local: “Mientras más actividad hay, mejor es la situación para todos los proveedores”. Sin embargo, insistió en que aún persiste un reclamo histórico de las comunidades: mayor participación de empresas y trabajadores del departamento en la cadena productiva.
“Siempre hay una intención de que haya más contratación de empresas eclesiásticas, proveedores de servicios mineros y mano de obra local. Se ha avanzado, pero todavía no estamos al 100%”, afirmó Espejo.
El intendente explicó que, si bien se han registrado mejoras en los últimos años, la dinámica de la minería genera picos y caídas en el empleo, especialmente por factores estacionales. “En verano hay mayor demanda de mano de obra por obras y ampliaciones, pero en invierno muchas tareas se frenan y eso impacta en el empleo”, detalló.
Frente a este escenario, señaló que desde el municipio trabajan para amortiguar esos altibajos laborales, articulando con nuevas obras en ejecución. “Se están construyendo caminos hacia otros proyectos mineros y eso va a permitir reinsertar trabajadores que terminan contratos temporales en otras empresas”, indicó.
En paralelo, Espejo subrayó el rol activo del municipio en la vinculación entre empresas y proveedores locales. “Hemos generado muchísimas reuniones y canales de diálogo, no solo con las empresas mineras principales sino también con sus contratistas”, explicó, al tiempo que destacó la creación de una Secretaría de Minería municipal que articula estas gestiones.
Respecto al proyecto de ley en debate, el intendente consideró que puede ser una herramienta clave para ordenar y fortalecer el desarrollo local, aunque insistió en la necesidad de consensos. “Hay que correlacionar la magnitud de los contratos con la capacidad de los oferentes, pero siempre garantizando la posibilidad de competir para los actores locales”, señaló.
Por último, Espejo puso el foco en un aspecto que consideró central para la actividad: la licencia social. “Las empresas deben entender que no solo se trata de rentabilidad. La licencia social se gana desarrollando a las comunidades”, afirmó.
En esa línea, remarcó que el crecimiento minero debe ir acompañado de responsabilidad ambiental y social. “No se trata solo de cumplir normas, sino de generar desarrollo local, capacitar, respetar el ambiente y mitigar los impactos que genera la actividad, como el tránsito o el uso intensivo de caminos”, explicó.
“La comunidad es la que otorga esa licencia social. Y si no se sostiene en el tiempo, la actividad no es viable”, concluyó.
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Lo que dice el proyecto
Se trata de un proyecto de ley orientado a fortalecer la participación de proveedores y trabajadores locales en la actividad minera. Luis Rueda, explicó en Canal 13, que uno de los ejes centrales es la creación de un registro provincial de proveedores que permita ordenar la oferta local y facilitar su vinculación con las empresas del sector.
Según señaló, la propuesta surge a partir de reclamos y planteos que surgieron desde distintos departamentos vinculados a la actividad, especialmente en zonas donde se desarrollan proyectos mineros. Por ello apuntan a priorizar la contratación de trabajadores y empresas sanjuaninas. En la misma línea, aclaró que no se trata de una obligación estricta para las empresas, sino de metas que deberán cumplirse progresivamente y que estarán bajo control del Estado provincial.
Otro de los ejes del proyecto apunta a fortalecer la capacitación de trabajadores y empresas locales, con el objetivo de que puedan integrarse a la cadena de valor minera. El proyecto también propone un esquema de prioridad geográfica para la contratación, comenzando por los departamentos donde se desarrollan los proyectos