Referentes del sector advierten que el tributo municipal que se aplica sobre el precio de las naftas, el gasoil y el GNC, encarece los valores en surtidor y profundiza la retracción de ventas. Cámaras empresarias analizan nuevas demandas judiciales y mantienen contactos con concejales para impulsar su eliminación en distintos distritos.
El rechazo a la tasa vial vuelve a ganar impulso dentro del sector de las Estaciones de Servicio. Con los precios de los combustibles en permanente actualización y el impacto directo que tiene sobre las ventas, referentes empresarios analizan avanzar con nuevas presentaciones judiciales para frenar un tributo que termina encareciendo aún más el valor en surtidor.
La llamada tasa vial es un cargo que aplican distintas provincias y municipios sobre el precio de las naftas, el gasoil y el GNC, con el argumento de financiar obras de infraestructura y mantenimiento de calles y rutas. Desde su creación generó una fuerte resistencia entre los expendedores, que consideran que se trata de un impuesto adicional que recae directamente sobre el consumidor y distorsiona la competencia entre distritos.
En los últimos años el gravamen fue objeto de múltiples controversias legales. Algunas jurisdicciones decidieron no aplicarlo y otras incluso lo eliminaron, mientras que en varias localidades sigue vigente como un porcentaje del precio del combustible. Cada actualización en las pizarras se traslada automáticamente al monto que recauda el municipio.
El reclamo resurge en momentos en que el mercado energético global empuja nuevas subas del petróleo y repercute en los precios locales. En ese escenario, los estacioneros advierten que cualquier recargo adicional acelera la retracción del consumo.
En diálogo con Surtidores, el presidente de la Cámara de Expendedores de Río Negro y Neuquén, Carlos Pinto, explicó que el impacto ya se siente en las estaciones de la región. “El aumento que ha ocurrido en estos días realmente ha impactado en toda la gente. Hay mucha preocupación y especialmente por este tributo, porque al tratarse de un porcentaje agrava más la situación”, afirmó.
Según detalló, en Neuquén el cargo alcanza el 4,5 por ciento sobre el precio del combustible, siendo uno de los niveles más altos del país. “Eso ha incidido directamente sobre las ventas, sobre todo en las estaciones cercanas a los límites con provincias que no lo tienen”, señaló.
El dirigente mencionó el caso de la ciudad de Cipolletti, en Río Negro, donde el gravamen fue aprobado pero todavía no se aplica. “Entre una estación y otra hay poco más de mil metros. Mucha gente cruza a cargar allí porque el combustible termina siendo más barato”, describió.
Desde el punto de vista técnico, el expendedor marplatense Patricio Delfino explicó que el mecanismo del tributo hace que acompañe cada suba del combustible. “El cargo es siempre el tres por ciento del precio básico. Si el combustible aumenta, automáticamente también sube. Funciona igual que el IVA: es un porcentaje sobre el valor de venta”, precisó.
Para los operadores del sector, ese sistema termina amplificando el efecto de cada incremento en surtidor y contribuye a desalentar la demanda. Al respecto, Dante Morini, abogado especialista en tributos y ex candidato a intendente de Berazategui por Juntos por el Cambio, fue aún más crítico con el esquema. En diálogo con Surtidores aseguró que el gravamen presenta serios cuestionamientos jurídicos.
“La mal llamada tasa vial en realidad es un impuesto. Se la denomina tasa, pero al cargarse directamente sobre el valor del combustible y recaudar los municipios, colisiona con impuestos nacionales”, sostuvo.
El especialista explicó que la mayoría de los distritos cobra entre un 2 y un 3 por ciento del precio, aunque algunos aplican porcentajes mayores. “Cuando aumenta el combustible, proporcionalmente aumenta la tasa, porque está calculada como porcentaje del valor”, indicó.
Morini también cuestionó la legalidad del tributo. “Hay una cuestión de constitucionalidad porque se trata de un impuesto encubierto. Las tasas municipales deberían implicar una contraprestación, y cuando alguien carga combustible no recibe ningún servicio del municipio que le está cobrando ese cargo”, señaló.
Recordó además que varios municipios decidieron no implementarlo. “San Miguel, Tres de Febrero, Morón y otros distritos no lo aplican. San Isidro lo tenía y la actual administración lo derogó”, detalló Morini.
Finalmente cabe destacar que desde la Federación de Entidades de Combustibles, confirmaron que el sector prepara nuevas demandas judiciales contra su aplicación en los distritos donde sigue vigente. Al mismo tiempo, dirigentes estacioneros mantienen contactos con concejales de diferentes municipios para impulsar iniciativas que permitan revisar o eliminar este recargo en aquellas localidades donde aún se aplica