Un proyecto propone que la mayoría de los empleos y proveedores de la actividad minera queden en la provincia. La discusión aparece mientras crecen las expectativas por nuevos proyectos.
La actividad minera volvió al centro de la escena política en San Juan luego de que un bloque legislativo presentara un proyecto que busca modificar cómo se reparten el trabajo y los contratos dentro del sector. La iniciativa plantea que una parte muy significativa de la actividad económica que generan los proyectos quede dentro de la provincia.
La propuesta impulsa la creación de un Régimen de Desarrollo Local Minero, una herramienta pensada para establecer reglas que favorezcan la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en la cadena productiva vinculada a la minería. El proyecto ingresó en la Cámara de Diputados provincial impulsado por legisladores del bloque Bloquista.
El texto propone metas concretas para orientar la contratación dentro del sector. Entre los puntos centrales aparece la posibilidad de que hasta el 80% de la mano de obra sea local y que hasta el 70% de los proveedores pertenezcan a la provincia, cifras planteadas como objetivos de referencia dentro del esquema regulatorio.
La discusión no surge en un vacío político ni económico. En los últimos meses crecieron las expectativas por nuevos desarrollos mineros en territorio sanjuanino, especialmente en zonas cordilleranas donde la actividad concentra inversiones y empleo potencial.
Uno de los territorios que aparece en el centro de esa discusión es el departamento Iglesia, donde se ubica el distrito minero Vicuña, que reúne a los proyectos Josemaría y Filo del Sol. La relevancia de esa zona explica parte del interés político por actualizar el marco normativo que regula la actividad.
El proyecto también plantea crear un Registro Provincial de Proveedores Mineros, una base de datos oficial que permitiría identificar empresas locales habilitadas para participar en las contrataciones del sector. La herramienta apunta a ordenar y transparentar el vínculo entre compañías mineras y proveedores.
La iniciativa además establece que las empresas deberán presentar planes periódicos de empleo local y desarrollo de proveedores, documentos que quedarían sujetos a evaluación y monitoreo por parte del Estado provincial. Esos planes tendrían que actualizarse regularmente para mostrar cómo evoluciona la participación local dentro de cada proyecto.
Otro punto incluido en la propuesta introduce criterios de prioridad territorial, una regla pensada para beneficiar especialmente a los departamentos donde se ubican los emprendimientos mineros. De esta manera se busca que el impacto económico directo alcance primero a las comunidades cercanas a los proyectos.
El texto también contempla mecanismos de control. Las compañías deberían presentar declaraciones juradas periódicas, mientras que el Estado provincial tendría facultades de auditoría para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos. En caso de incumplimientos, el proyecto contempla un esquema de infracciones y sanciones.
La iniciativa abre ahora una nueva etapa dentro de la discusión minera en San Juan. El tratamiento legislativo definirá si esos porcentajes y mecanismos de control se convierten en reglas formales para una actividad que concentra inversiones, empleo y expectativas económicas en la provincia