La iniciativa busca salvaguardar estas reservas estratégicas de agua dulce, preservar su función hidrológica y proteger la biodiversidad asociada.
Para ello, el texto propone crear un Inventario Provincial actualizado cada tres años, exigir estrictas evaluaciones de Impacto Ambiental con audiencias públicas y prohibir rotundamente actividades que dañen estos ecosistemas, incluyendo la exploración y explotación minera, hidrocarburífera e industrial.
El documento, impulsado por el legislador Luciano Delgado Sempé (VcT), surge como respuesta a la reciente modificación de la ley nacional de presupuestos mínimos (Ley Nº 26.639).
En los fundamentos del proyecto, el autor advierte que “la mera adhesión normativa resulta insuficiente frente a modificaciones que pueden redefinir estándares de protección ambiental” a nivel federal.
Ante este escenario, la iniciativa insta a ejercer plenamente la autonomía constitucional, recordando que “las provincias son dueñas originarias de los recursos naturales existentes en su territorio”.
Además de establecer un régimen de sanciones que incluye multas y clausuras, el proyecto designa al Departamento Provincial de Aguas como la autoridad de aplicación encargada de fiscalizar el cumplimiento de la norma. La propuesta hace hincapié en la importancia de estas reservas frente al cambio climático y busca evitar conflictos socioambientales aportando previsibilidad jurídica.
Tal como subraya el propio texto legislativo, “la protección de glaciares no debe interpretarse como un obstáculo al desarrollo, sino como una condición necesaria para un modelo de desarrollo sostenible”