Fernando Godoy- presidente de CAPRIMSA
El dirigente cuestionó la posición de Vicuña sobre la contratación de proveedores. Remarcó que un marco normativo obligará a la empresa a que contrate mano de obra local. Resaltó que «las reuniones con las autoridades de Vicuña no se deben hacer en Toronto. La soberanía se defiende en San Juan».
En un escenario donde la minería se perfila como el motor indispensable para el futuro económico de San Juan, las tensiones entre las cámaras locales y los grandes proyectos internacionales han comenzado a escalar. En una entrevista exclusiva y profunda, Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), lanzó una advertencia que resuena con fuerza en los despachos oficiales y en las oficinas corporativas: la necesidad urgente de un marco legal que proteja al empresariado local frente al avance de gigantes como el proyecto Vicuña.
La postura de Godoy es clara y tajante: San Juan no puede ser un mero espectador de su propia riqueza. Con el foco puesto en la reciente decisión de realizar reuniones clave de proveedores en Toronto, Canadá, en el marco de la PDAC, el dirigente empresarial sostiene que el centro de gravedad de estas discusiones debe ser la provincia, allí donde se genera la licencia social y donde residen quienes realmente apuestan por el territorio.
El descontento con Toronto: La soberanía se ejerce en San Juan
Uno de los puntos más picantes de la entrevista fue la crítica a la deslocalización de las reuniones estratégicas. Para Godoy, el hecho de que se organicen encuentros de proveedores en Toronto es un error conceptual y una falta de respeto a la logística local. «No es momento de ir a Canadá. Nuestra mirada es que hay que ser conservadores; hoy no tenemos trabajo, solo sigue Veladero andando», sentenció, subrayando que la prioridad de CAPRIMSA no es el brillo de las ferias internacionales, sino la realidad del taller y la fábrica en San Juan.
Godoy cuestionó abiertamente por qué una reunión que define el futuro de los contratos para un proyecto que pretende operar por 70 años debe realizarse a miles de kilómetros. «¿Por qué la reunión se hace en Toronto? En su momento, luchamos mucho con Barrick para que sus directivos hicieran las reuniones en San Juan y en las comunidades, y lo logramos. Vicuña, sabiendo que estará décadas trabajando, podría ser un poco más humilde y hacer estas reuniones en la provincia», afirmó con dureza.
El presidente de CAPRIMSA anunció que pedirán formalmente al gobierno provincial que estas instancias se repliquen en suelo sanjuanino, con la presencia de todos los sectores involucrados. «Nos enteramos un viernes que todo el mundo viajaba a Toronto. Vamos a levantar la voz en los términos institucionales correctos, porque los que vivimos acá y hacemos minería y licencia social somos nosotros. Ellos vienen a poner la plata, pero nosotros no somos actores secundarios, somos actores principales», enfatizó.
La advertencia lapidaria: «A Vicuña la vamos a ver pasar»
La frase que marca el pulso de la entrevista es, sin duda, el sombrío pronóstico de Godoy sobre el futuro de la participación local en el megaproyecto cuprífero. Ante la falta de una normativa clara, el dirigente fue contundente: si la política de contratación de Vicuña no cambia y si el Gobierno no cumple su promesa de sancionar una Ley de Proveedores Locales, los beneficios de la inversión se evaporarán de las manos de los sanjuaninos.
«A Vicuña la vamos a ver pasar. La vamos a ver pasar más que ese comentario que engloba todo», advirtió Godoy. Esta preocupación nace de una realidad que ya se está palpando: la contratación sistemática de empresas de Salta, Rosario y otras latitudes para tareas que podrían realizar proveedores locales,. Según Godoy, sin una ley que regule el «compre sanjuanino», la empresa tiene total libertad para actuar según sus propios intereses, ignorando el derrame económico esperado en la provincia.
«Vicuña va a hacer lo que quiera si no hay una ley de desarrollo de proveedores mineros. Ya tenemos pedidos de empresas de otras provincias que están trabajando con contratos de dos y tres años en el proyecto. Nos van a pasar por encima», denunció.
El vacío legal y la promesa incumplida
Godoy recordó que existe una promesa pendiente tanto del Gobernador como del Ministro de Minería, Juan Pablo Perea, para presentar y aprobar una ley de proveedores que establezca un marco regulatorio justo,.
«El Gobernador hizo un compromiso de crear un marco legal para el compre sanjuanino, y eso fue ratificado hace una semana por el ministro Perea. Espero creer en su palabra, pero si eso no pasa, nosotros daremos nuestra opinión como institución ante lo que sería una falta al compromiso dado públicamente», señaló.
La comparación con otras provincias mineras es inevitable y dolorosa para el sector local. Godoy mencionó que Salta, Catamarca y Santa Cruz defienden con uñas y dientes a sus proveedores, a sus recursos humanos y a sus fondos mineros. En contraste, percibe que en San Juan se pretende dejar todo librado a la «libertad» del mercado, lo cual, en la práctica, significa una desventaja competitiva para las empresas locales que no cuentan con la espalda financiera de las grandes corporaciones nacionales o internacionales.
«Nuestro marco legal actual es el más blando y benigno de todas las provincias mineras. El proyecto que elaboramos en conjunto con el gobierno es amplio y compartido, pero necesitamos que sea ley para tener un lugar donde recurrir», explicó.
El peligro del Acuerdo Binacional y la competencia con Chile
Otro frente de conflicto que Godoy puso sobre la mesa es el Acuerdo Binacional minero, que afecta particularmente al proyecto Filo del Sol, parte del distrito Vicuña. Bajo este régimen, las empresas están legalmente habilitadas para trabajar con proveedores chilenos, una competencia que Godoy califica de imposible.
«Caprimsa denunció fuertemente que había muchos proveedores chilenos en la zona. No podemos competir con Chile porque tributamos de manera diferente, la carga impositiva es distinta y el costo de los recursos humanos es desigual. Es una economía diferente», detalló. Si la provincia no interviene antes del vencimiento del convenio el próximo 29, este se renovará automáticamente, profundizando la sangría de oportunidades para San Juan.
Un llamado a la autoridad y la identidad de los recursos
Hacia el final de la entrevista, Fernando Godoy apeló a la identidad provincial y a la necesidad de que el gobierno ponga límites. Citando una frase común en Catamarca —»los recursos son nuestros»—, el titular de CAPRIMSA instó a los sanjuaninos a adoptar esa misma determinación.
«Vicuña promete invertir 18.000 millones de dólares, pero el mineral y los recursos son de la provincia de San Juan. Esto se soluciona con autoridad de gobierno», afirmó. Para Godoy, la falta de un marco legal regulatorio impide incluso la formación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) o consorcios que permitan el derrame local. «¿Quién va a hacer una asociación si nada se lo está pidiendo? Al no haber un marco legal, Vicuña hace con los contratos lo que quiere», insistió.
La entrevista concluye con una sensación de urgencia. CAPRIMSA ha dejado de lado la diplomacia de las ferias internacionales para centrarse en la política de base: la Ley de Glaciares (fundamental para que haya minería) y la Ley de Proveedores (fundamental para que la minería sea de los sanjuaninos).
El mensaje para el Ejecutivo es inequívoco: el tiempo de las promesas se agota. Si San Juan no blinda a sus proveedores y no exige que las reuniones de negocios se realicen en su territorio, el tren del desarrollo minero pasará de largo, dejando solo polvo y promesas incumplidas en el camino. La advertencia está hecha: a Vicuña no hay que verla pasar, hay que integrarla a la economía real de San Juan