La licencia social no es una firma ni un trámite administrativo. No es una resolución que se archiva en un expediente. Es el permiso continuo que la comunidad otorga para operar. Lo conceden las personas, las empresas y las organizaciones intermedias, no las oficinas. Los recursos naturales no renovables no son propiedad de las mineras, son de los mendocinos. La concesión no es una escritura traslativa de dominio, es un permiso condicionado al cumplimiento del Código de Minería, del Código de Procedimiento Minero, de las leyes ambientales y, fundamentalmente, de los compromisos asumidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La DIA no es papel decorativo, es la norma rectora del proyecto. Y la licencia social no es eterna: se fortalece o se destruye según cómo actúen las operadoras. Lo que ocurre hoy en Catamarca debería ser advertencia suficiente.
La licencia social se fisura cuando no se desarrollan realmente las comunidades donde operan los proyectos, cuando no se capacita a la gente local en serio, cuando no se prioriza el empleo mendocino, cuando no se convoca a proveedores con transparencia, cuando se direccionan contratos, se retacea información, se negocian precios que asfixian a las pymes o se actúa con discrecionalidad. La licencia social no se pierde solamente por el impacto ambiental; se pierde por soberbia, por opacidad y por incumplimiento. Desarrollar comunidad no es hacer actos simbólicos ni repartir promesas, es informar en tiempo real, capacitar con programas útiles, abrir canales formales de reclamo, contratar gente local y cumplir.
La contratación de empresas locales no es una “gauchada” ni una concesión graciosa. Es una obligación que deriva de la propiedad constitucional de los recursos naturales establecida en el artículo 124 de la Constitución Nacional. Las empresas mendocinas forman parte de la comunidad, son entramado productivo y tejido social. Si las contrataciones se direccionan hacia empresas externas sin procesos transparentes, la promesa de desarrollo se transforma en ficción. El derecho de las empresas locales no nace de un “compre local” declamado, sino de la sostenibilidad y de la obligación de equilibrar lo que se extrae con lo que se devuelve. La sostenibilidad aplicada exige convocatorias públicas reales, criterios objetivos, igualdad de oportunidades, no discriminación y rendición de cuentas. Cuando estos mecanismos no existen, aparece la discrecionalidad, y la discrecionalidad destruye confianza.
Mendoza arrastra más de una década de parálisis minera y existe una deuda con los mendocinos. Se debe una industria moderna, ética, transparente y sostenible. Se debe una minería que desarrolle comunidades, proveedores y trabajadores locales, que capacite a su costo, que no contrate a dedo, que no privilegie amigos ni parientes y que no oculte información. Hoy la minería volvió a la agenda pública, existen proyectos exploratorios y uno en condiciones de explotación, y eso es un comienzo. Pero no alcanza con que la minería esté sobre la mesa. El crédito social que la comunidad otorgó es exigible. No se limita al impacto ambiental, incluye desarrollo económico real. Quienes defendieron la minería cuando era impopular, quienes pusieron el cuerpo frente a los embates antisistema, quienes sostuvieron la discusión pública, son los mismos que otorgaron la licencia social. Y esa licencia no es un cheque en blanco.
En otras provincias, las operadoras olvidaron quiénes eran sus aliados y, después de obtener la DIA, actuaron como si ya no necesitaran a nadie. Creyeron que podían operar “a piacere” y olvidaron que los recursos no son suyos. Ese error no debe repetirse en Mendoza. La legitimidad no se mide por la prolijidad de los informes técnicos, sino por el cumplimiento real de los compromisos legales, éticos y morales. El desarrollo comunitario y el fortalecimiento de proveedores no son acciones voluntarias, son obligaciones incorporadas en la DIA. La pregunta es simple y directa: ¿se van a cumplir?
Sostenibilidad no es una palabra elegante, es empleo local de calidad, capacitación útil, infraestructura productiva y desarrollo tangible. Si la comunidad no ve resultados concretos, la licencia social se erosiona. Se necesitan metas medibles: porcentaje real de empleo local, programas de capacitación serios, inversión verificable y reportes públicos auditables. Sin números, sin datos y sin verificabilidad, todo se transforma en discurso vacío. Mendoza no es Narnia.
El proyecto necesita un sistema de gobernanza fuerte: código de ética vinculante, protocolos formales de contratación, reglas anticorrupción, canales independientes de denuncia, responsable de cumplimiento y reportes auditables. Sin gobernanza, la sostenibilidad es retórica; con gobernanza, es exigible.
Si los compromisos socioeconómicos fueron utilizados para obtener aprobación, no pueden convertirse después en accesorios irrelevantes, son estructurales. El desarrollo local no es marketing, es condición de legitimidad. La minería en Mendoza solo se consolidará si demuestra que puede generar riqueza con reglas claras, transparencia y equidad. La ciudadanía y las empresas no piden privilegios, piden cumplimiento. En un contexto de confianza frágil, cualquier gesto de opacidad es dinamita. No arruinemos lo que costó tanto reconstruir. La minería sostenible no se declama, se cumple.
Por Carlos Ferrer – Presidente CASEMMZA
Por Etel Blanco – Apoderada CASEMMZA