En su penúltima sesión extraordinaria, el Senado de la Nación aprobó este jueves por la noche una serie de cambios a la Ley de Glaciares, con un resultado de 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. La definición del proyecto quedó ahora en manos de la Cámara de Diputados. La iniciativa cosechó adhesiones y rechazos transversales, con la excepción de La Libertad Avanza, bloque conducido por Patricia Bullrich, que acompañó de manera uniforme el texto.
La abstención correspondió a la senadora neuquina Julieta Corroza. Entre los votos afirmativos se contaron los de los legisladores del interbloque cristinista Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan), además de los recientemente escindidos del kirchnerismo Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán).
Uno de los artículos más cuestionados fue el séptimo del dictamen, que recibió correcciones horas antes de la votación. El mismo habilita a cada provincia a determinar la autoridad de aplicación —con excepción de las áreas protegidas por la Ley 22.351 de Parques Nacionales— encargada de identificar, “basándose en elementos técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas” en la norma, es decir, que “actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.
Quienes respaldan la iniciativa sostienen que los recursos naturales pertenecen a las provincias, únicas dueñas de los mismos, y relativizan eventuales vicios legales futuros. En ese marco, el debate se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno de Javier Milei, que busca, en conjunto con los gobernadores, atraer inversiones multimillonarias para reactivar la economía, en procesos que —remarcan— no son inmediatos.
En contrapartida, los sectores que rechazan el proyecto desde una mirada ambiental alertaron sobre el poder que concentrarán los gobernadores frente al interés de empresas privadas, en detrimento del rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En el recinto, varios opositores advirtieron que el articulado podría colisionar con compromisos asumidos en el acuerdo Mercosur–Unión Europea, aprobado por la Cámara alta horas antes del debate sobre glaciares.
Un debate intenso y fragmentado
La apertura de la discusión estuvo a cargo de la senadora Edith Terenzi (Chubut), presidenta de la Comisión de Ambiente, quien se limitó a describir el trámite legislativo y la velocidad con la que se emitió el dictamen en diciembre pasado. Luego tomó la palabra Agustín Coto (LLA–Tierra del Fuego), tras una estrategia oficialista que intentó, sin éxito, que la exsecretaria de Energía Flavia Royón fuera la miembro informante.
“Se preservan las reservas hídricas permanentes”, afirmó Coto al inicio de su exposición, y agregó que el objetivo es “armonizar la normativa con la Constitución y la Corte Suprema”. Según explicó, el texto no busca “retirar” áreas consideradas glaciares, “sino también incorporar” nuevas zonas al inventario del IANIGLA. “Todo sigue protegido”, concluyó.
La respuesta opositora llegó de inmediato de la mano del pampeano Pablo Bensusán (PJ), quien cuestionó las modificaciones introducidas a último momento. “Se hizo muy gracioso el miembro informante y no explicó nada de las modificaciones que quieren introducir”, lanzó. Y advirtió: “Vamos a fragmentar los criterios de conservación y defensa de glaciares”. En ese sentido, sostuvo que “hay 12 provincias en el sistema y habrá 12 criterios diferentes. Hasta ahora es sistémico, el del IANIGLA”. Para Bensusán, el proyecto resulta “anticientífico, irresponsable y un delirio”.
Desde el oficialismo, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero defendió la iniciativa al señalar que “la Constitución nacional es clara y la Nación debe establecer presupuestos mínimos. Es un piso y no una regulación que abarca todo y que termina anulando el federalismo”. Y añadió: “Presentan el debate como una elección imposible entre el agua y el desarrollo productivo de un montón de provincias. Es una dicotomía totalmente falsa. El agua y la minería no son enemigos”.
Olivera Lucero cuestionó además el funcionamiento del IANIGLA al afirmar que “no realiza estudios de campo, sino que se basa en imágenes satelitales” y remarcó: “La Argentina es el único país en el mundo que convirtió el ambiente periglacial en una categoría jurídica. ¿El resto de los países no protegen el medio ambiente?”.
Entre los votos negativos se destacó el del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien sostuvo que “esta iniciativa no resuelve el problema, sino que trae otros” y advirtió que “se invierte la jerarquía normativa y pasa el orden nacional a las autoridades provinciales”. Para Abad, la propuesta “viola la uniformidad de los presupuestos ambientales” y anticipó que, de convertirse en ley, será “pasible de recursos de inconstitucionalidad”.
También hubo reparos desde bloques provinciales. El santacruceño José María Carambia cuestionó la uniformidad de regalías mineras y afirmó que el proyecto está “mal redactado”. En cambio, la senadora misionera Sonia Rojas Decut defendió la norma, resaltó las políticas ambientales de su provincia y respaldó que las provincias sean las únicas dueñas de sus recursos, acompañando el proyecto junto a Carlos Arce.
Con mayor vuelo técnico, Flavia Royón sostuvo que “no es prohibir por prohibir, sino proteger lo que hay que proteger” y aclaró que la iniciativa “no habla de ninguna flexibilización”. “El cuidado ambiental y del agua está por sobre todos los intereses”, afirmó, y aportó un dato clave: “En San Juan, 94% del agua se destina al agro, un 4% al consumo humano y un 1,2% a toda la industria, no la minera”.
El cierre del debate estuvo a cargo de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien advirtió que se trata de “un debate irreversible para el futuro de los argentinos” y alertó: “Si hoy habilitamos a que se pueda explotar un glaciar, desaparece y tarda cientos de años en armarse”. Finalmente, Patricia Bullrich defendió la postura oficialista y sentenció: “No queremos más discutir esta lógica ridícula, retrógrada, entre ambiente y economía. No es agua o trabajo”.