La empresa confirmó que a partir de 2027 desembolsará USD 7.000 millones en cuatro años. Con fechas concretas, cómo se preparan las empresas locales y la reunión clave en Canadá definirán el impacto real del desarrollo de cobre.
Si bien quedan todavía algunos hitos, como la aprobación del RIGI, a nivel local también quedan definiciones pendientes, en especial vinculadas a regalías y aportes a fideicomisos. A esto se suma que la cadena de valor debe ponerse a punto para incorporarse a la minería del cobre.
DIARIO DE CUYO consultó con fuentes oficiales y privadas qué puntos claves se activan o aceleran a partir del anuncio de la minera. Desde Gobierno confirmaron en off que una parte central se discutirá en marzo, en una reunión prevista entre los directivos de Vicuña Corp, integrada en partes iguales por BHP y Lundin Mining.
En el encuentro, que por invitación de los privados será en Vancouver, discutirán el acuerdo integral con la Provincia. En este la intención del Gobierno es que la minera se sume al formato que usan el resto de los proyectos mineros metalíferos, que pagan regalías con un cálculo distinto al que marca el Código Minero de la Nación.
En la normativa general, las mineras deben pagar por este canon un 3% del valor boca de mina de su producción. Pero, desde 2011, en San Juan se firmaron acuerdos con los distintos proyectos para que este porcentaje se calcule sobre la facturación. De esta manera, el valor es mayor, calculan que un 1,5% más respecto a lo que percibiría San Juan si fuera como indica el código nacional.
Otra de las negociaciones tiene que ver con la posibilidad de que se cree un fideicomiso para Vicuña. Desde hace más de una década, los proyectos metalíferos aportan a un fondo destinado exclusivamente a obras de infraestructura estratégica, que equivale a un 1,5% de su facturación. Este dinero lo gestiona un comité que integran el Estado provincial, el Ministerio de Minería y representante de las mineras.
Según fuentes oficiales, estos temas se charlaron en primera instancia con los referentes de Vicuña en una reunión el pasado jueves en Buenos Aires. Aseguraron que hay buena predisposición por parte de los CEO, pero queda ahora presentar la propuesta a los accionistas principales, que integran el directorio. Para San Juan estos dos acuerdos son importantes tanto por el impacto en las cuentas provinciales como porque dejaría en condiciones igualitarias a todos los proyectos mineros.
A la misma negociación se sumarán algunas obras de infraestructura. En este apartado están tanto aquellas que son de uso exclusivo de la minera y otras que podrían ser estratégicas para San Juan y que pueden contar con el financiamiento de los privados.
Puesta a punto para el gigante Vicuña
Mientras la minera trabaja para conseguir el Ok de sus accionistas y tiene planeada una inversión durante el 2026 de 960 millones de dólares entre el camino, la ampliación del campamento y otras obras, a nivel local los proveedores también tienen su agenda de trabajo. El punto en común entre las cámaras es que esperan mayor claridad de parte de la empresa sobre las licitaciones que se vienen, para poder estar listos cuando lancen las demandas.
Juan Pablo Delgado, presidente de la CASEMI, celebró que haya más claridad y dijo que tener fechas concretas es lo que estaban esperando. “Hemos pedido una reunión para trabajar el detalle de lo que se viene”, contó. Dijo que lo que necesitan las empresas sanjuaninas es saber qué va a hacer falta y en qué plazos, para tener un mejor panorama de lo que se viene.
El empresario dijo que en el reporte también interpretaron que “marcaron la cancha con que va a ser una operación de Argentina y Chile, por lo que vamos a tener que competir, aunque lo cierto es que no estamos en igualdad de condiciones”. Por eso piensa que lo que se viene es “un trabajo completo, porque sabemos lo que estamos pasando en cuanto a la baja demanda de bienes y servicios en el país”.
Agregó que el contexto de crisis marca también que en la actualidad “no están las líneas de crédito acorde, las tasas todavía se tienen que acomodar, pero lo que estamos viendo es si tomamos esa decisión o no, porque en una economía deprimida después hay que pagar los créditos, por eso la mayor demanda de los socios es de información”.
Fernando Godoy, de CAPRIMSA, coincidió en que es necesario que se clarifiquen las necesidades. Pero agregó que también está pendiente que “se trate en la Legislatura la Ley de Desarrollo de Proveedores”. “Esta es la mayor inversión privada de Argentina y necesitamos que se encuadre en una norma que permita el desarrollo local”, agregó.
El presidente de la cámara sumó que buscan que haya un trabajo directo entre la minera y las organizaciones empresariales. “Seguimos pidiendo que nos manden las licitaciones, el sistema que tienen no siempre funciona y a veces se lanzan convocatorias directo a las empresas”, dijo. Para Godoy, que las cámaras conozcan estos procesos antes permite un mayor control de los procesos.
En cuanto a los créditos, agregó que se están trabajando líneas con el CFI y alternativas con fondos públicos y privados, pero “no es fácil, las empresas medianas y chicas venimos golpeadas, con problemas de falta de trabajo y acceso al crédito”, reclamó.
Desde el ala industrial, el presidente de la UISJ Leonardo de la Vega dijo que vienen trabajando para este momento y que buscan “identificar las necesidades de cada una de las industrias”. Pero, reconoció, “es un escenario difícil, porque las empresas tienen que prepararse para cumplir con demandas y volúmenes grandes en medio de una crisis”. Por eso, insistió en la necesidad de conocer de antemano qué va a necesitar el proyecto y cuándo.
Educación e infraestructura
Otras áreas que deberán también anticiparse al inicio del proyecto son la capacitación de personal y las obras de energía y logística que requerirá una operación que estará entre las más grandes del mundo. Fuentes oficiales aseguraron que el Estado se enfocó en generar acceso a carreras especializadas, además de otras que pueden ser de demanda en la operación, aunque no sean estrictamente mineras.
Todavía está pendiente el avance de líneas eléctricas y la mejora de las estaciones transformadoras al norte de la provincia, que deberán reforzarse para la demanda del proyecto una vez que empiece a producir, en 2030. A esto se suma que el sector minero habla de la necesidad de conexiones de trenes de carga que den capacidad al transporte tanto para cuando haya que sacar mineral como durante la construcción.
Uno de los avances que ya se dieron es la planificación del EPRE para los próximos 5 años. El organismo partió de la base de que una vez que se inició la minería del oro, sin que las minas se conectaran a la red, la demanda de energía subió un 10% anual, cuando la media es del 2%. Por eso, en el plan del próximo quinquenio, dejaron sentadas mejoras a la red para captar este crecimiento