La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata declaró la “nulidad” total de la controvertida “Tasa por Servicios Esenciales” impuesta por la Municipalidad de Azul a los productores agropecuarios. El tributo, impulsado por el intendente local del Partido Justicialista, Nelson Sombra, exigía el pago equivalente a un litro de gasoil por hectárea al mes. Esta decisión había desatado un fuerte malestar en el distrito desde principios de 2024 hasta la fecha.

En la causa caratulada como Carrizo Alicia Graciela y otros C/ Municipalidad de Azul S/ Pretensión Anulatoria, el tribunal de alzada resolvió “hacer lugar al recurso de apelación” presentado por los productores demandantes y modificar la sentencia de primera instancia. Originalmente, un juez había declarado la ilegitimidad e inexigibilidad del gravamen, normado en las Ordenanzas 4909/2023 y 4910/2023, únicamente “en la proporción que exceda el cincuenta por ciento (50%) del monto liquidado”.

Sin embargo, los magistrados de la Cámara determinaron que la declaración de ilegitimidad y la consecuente inexigibilidad del tributo debe alcanzar a “la totalidad de los montos liquidados en cada caso” para las partidas inmobiliarias rurales de los productores. El tribunal consideró como válido el argumento de la “invalidez del procedimiento de aprobación de las ordenanzas” que instituyeron la tasa. La resolución fue firmada por los jueces Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucín, encontrándose el doctor Elio Horacio Riccitelli en uso de licencia, y dispuso, además, que las costas del proceso sean impuestas a la demandada vencida, es decir, a la Municipalidad de Azul.

Cristina Boubee, productora agropecuaria y una de las referentes del grupo que llevó adelante esta estrategia legal, relató a LA NACION que están satisfechos con la sentencia.

“Hay un diferencial para poder llegar con los números que no llegaba de ninguna forma, entonces él [el intendente Sombra] ponía esta tasa esencial porque decía que con eso iba a poder manejar toda la parte de caminos y también la parte de salud de Azul y un montón de cosas que al final no hizo ninguna”, dijo Boubee. Ante la inacción de los primeros meses cuando se fijó la tasa, los productores decidieron acudir a las movilizaciones para ser escuchados por el intendente, pero no hubo caso. “Tomamos acción en la calle, fuimos a tener entrevistas con él, nunca reaccionó. No nos atendió”, precisó.

El origen de la disputa se remonta a febrero de 2024, cuando un grupo inicial de productores nucleados en la Sociedad Rural de Azul presentó una demanda colectiva contra el municipio. La nueva ordenanza los obligaba a abonar una tasa equivalente a un litro de gasoil por hectárea mensual (y dos litros para frentistas urbanos). La acción judicial, que llegó a ser impulsada por 190 productores que representaban casi 190.000 hectáreas (cerca del 30% del distrito), denunciaba que la medida era inconstitucional al no tener una contraprestación específica vinculada a la actividad, destinando fondos a rubros como salud, educación o deportes.

La falta de respuestas por parte del Ejecutivo local derivó en una resistencia fiscal, donde solo recaudaron un 40% de lo previsto en la primera cuota. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) alertó en su momento sobre la “distorsión” que esto generaba frente a la tasa vial tradicional, y advirtió que la asfixia impositiva local amenazaba la rentabilidad del sector.

Boubee contó que durante el proceso hubo divisiones dentro del sector agropecuario local. Mientras la Sociedad Rural de Azul decidió avanzar con un estudio de abogados local, el grupo más duro -que comenzó con 56 productores y hoy suma 78- optó por el patrocinio de letrados vinculados a las entidades del campo como Jorge Moroni.

Sobre la decisión del juez de primera instancia de anular solo el 50% de la tasa, Boubee fue tajante: “No se puede hacer una cosa a la mitad”. Fue por eso que los productores apelaron argumentando que el tributo era ilegal. “Había sido votada inclusive no por los mayores contribuyentes y sin haber llamado a todo el público para explicarlo, no había dado las explicaciones que corresponden”, detalló.

El que no entró en la demanda de ese momento tiene que pagar la tasa. “Nosotros, al adelantarnos, la frenamos y no pagamos. Los que pagaron, ahora el intendente tiene que hacer la devolución. Son alrededor de 80 productores a los que les tienen que devolver el dinero. Hay productores que tienen desde 90 hectáreas hasta 8000 hectáreas”. Al haberse dictaminado la nulidad sobre el 100% de lo liquidado, el municipio se enfrenta a un problema de caja.

Por otra parte, Boubee confirmó que han iniciado una nueva ofensiva legal contra el jefe comunal para que brinde una rendición de las cuentas municipales. “La otra acción es la rendición de cuentas de la plata que entra del municipio y queremos saber dónde está. Si seguimos con caminos todos destruidos, se nos viene la cosecha que encima va a ser mala porque la sequía ha hecho mucho daño. Hay partes donde no han arreglado ningún camino», reclamó.

Jorge Eduardo Moroni, el abogado patrocinante de los productores que culminó la demanda, explicó a LA NACION los fundamentos técnicos de la embestida judicial: “Ante la promulgación de la Tasa de Servicios Esenciales por la cual se empezaba a cobrar este tributo a las parcelas rurales para solventar los gastos de servicios de la comuna en la ciudad, como el sostenimiento de plazas, luminarias, clubes, salud, etcétera, los productores a través nuestro plantearon ante el Juez Contencioso Administrativo de Azul las acciones legales atacando la ordenanza desde diversos ángulos».

Y agregó: “Fuimos desde la nulidad por estar mal la ordenanza al no cumplir con los requisitos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, hasta su propia inhabilidad como tasa por no existir servicio directo brindado a los campos de los productores, lo que a nuestro criterio se agota con las tasas por mantenimiento de caminos rurales”, detalló el letrado. Y sentenció: “Por eso, a nuestro juicio, se asimilaba a un impuesto más que a una tasa”.

LA NACION intentó tener una opinión de Sombra sobre el fallo judicial, pero hasta el momento no tuvo respuesta alguna.

Por Belkis Martínez