SAN JUAN.– Promete convertirse en la inversión privada más importante de los últimos años en la Argentina. Aunque todavía no dio a conocer los detalles finales, la empresa Vicuña —que busca desarrollar el mayor proyecto de cobre del país— aplicó en diciembre pasado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), bajo la categoría Peelp, que exige una inversión mínima de US$2000 millones. En la provincia, sin embargo, el entusiasmo es mayor: estiman que el desembolso total podría alcanzar los US$15.000 millones a lo largo de la vida útil del proyecto.
A solo un pasos de la frontera con Chile, a casi 5300 metros de altura, donde ya no crece la vegetación, un grupo de trabajadores operan máquinas perforadoras en el yacimiento Filo del Sol, donde hay tareas de exploración. Junto con Josemaría —ubicado a solo 12 kilómetros de distancia, aunque unos 800 metros más abajo— conforman el proyecto Vicuña, que podría comenzar a producir y exportar concentrados de cobre, oro y plata a partir de 2030.
Detrás de este megaproyecto están dos de las principales compañías mineras del mundo: la australiana BHP, que en Chile opera La Escondida, el mayor yacimiento de cobre del planeta, y la canadiense Lundin Mining. Ambas empresas se asociaron en julio de 2024 para crear y desarrollar Vicuña.
Lundin había iniciado la primera campaña de exploración en 2003, pero el proyecto recién cobró impulso en 2022, cuando Josemaría obtuvo la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la provincia. Dos años más tarde ingresó BHP, tras adquirir el 50% del proyecto por US$3250 millones, lo que permitió acelerar las inversiones en exploración y avanzar en la integración de Josemaría y Filo del Sol bajo una única iniciativa: Vicuña.
La producción aún no comenzó, pero entre los picos montañosos de la Cordillera de los Andes ya funcionan dos campamentos con 552 habitaciones y capacidad para alojar a 1068 personas. Cuentan con comedor, gimnasio abierto las 24 horas, espacios de relax con juegos de mesa, televisores, internet a alta velocidad y un quiosco que ofrece snacks y latas de cerveza sin alcohol, con pagos habilitados mediante billetera virtual.
Aunque el oxígeno es más escaso y es necesario caminar despacio, el funcionamiento del proyecto es normal e involucra a más de 300 proveedores, que brindan servicios que van desde el catering diario —desayuno, almuerzo, merienda y cena— hasta la logística, con más de 80 camionetas distribuidas en los distintos puntos de operación, además del mantenimiento, la limpieza y la recolección de residuos.
En total, hay 390 puestos de trabajo directos y unos 1200 indirectos en empresas contratistas. Entre ellos se cuentan enfermeros, médicos y choferes de ambulancia, que prestan asistencia las 24 horas debido a las exigencias de trabajar a más de 4200 metros de altura. El régimen laboral es de 14 días consecutivos de trabajo por 14 de descanso.
El acceso a los campamentos implica un viaje de unas 10 horas en minibús 4×4 desde la ciudad de San Juan, escoltado por una camioneta guía que abre camino para evitar inconvenientes en un trayecto con numerosas curvas. Aproximadamente la mitad del recorrido es de ripio y, como ocurre con gran parte de la infraestructura del norte argentino, en verano se ve afectado por las lluvias intensas, que provocan crecidas de ríos cercanos y desprendimientos de rocas. Actualmente, para llegar a los yacimientos es necesario realizar un desvío por la provincia de La Rioja.
Dentro de la inversión inicial presentada al RIGI se contempla la construcción de un camino directo, íntegramente dentro de San Juan, que podrá ser aprovechado también para el turismo. Ya se adjudicaron los primeros 50 kilómetros de obra, con un costo de US$40 millones, y se llamó a licitación para los 170 kilómetros restantes, que se espera adjudicar a mediados de año.
El plan de infraestructura también incluye la construcción de líneas eléctricas de media y alta tensión para conectar el proyecto a la red nacional. Hoy, los campamentos y las tareas de exploración funcionan gracias a generadores eléctricos alimentados con gasoil, que YPF transporta en camiones hasta la zona. Los tanques de almacenamiento tienen una capacidad de 330 metros cúbicos, suficiente para cubrir unos 14 días de operación, con un consumo estimado de 25 metros cúbicos diarios.
A futuro, aunque la empresa no lo explicita, se analiza la posibilidad de invertir en la recuperación de las vías ferroviarias. Hasta ahora, la maquinaria y los insumos importados llegaron por camión desde el puerto de Zárate, pero se evalúan alternativas para transportar las futuras exportaciones de concentrado de cobre, que podrían salir por puertos argentinos o chilenos. Dado que el 95% de las ventas estaría destinado a China, la opción chilena aparece como la más natural, aunque los estudios finales aún no concluyeron.
El proyecto Vicuña es binacional, ya que parte de Filo del Sol se ubica en territorio chileno. Sin embargo, ambos campamentos —donde se alojan hoy 900 trabajadores— están emplazados en suelo argentino.
Como ocurre en todos los desarrollos mineros de gran escala, el consumo de agua es un tema sensible. En ese sentido, la compañía analiza a futuro la posibilidad de importar agua desalinizada desde el Pacífico, a tan solo 200 km de distancia, una práctica cada vez más habitual en Chile para reducir la dependencia del agua continental.
Los detalles finales del proyecto se conocerán en las próximas semanas, cuando Vicuña presente el reporte técnico integrado, que incluirá información sobre la inversión definitiva, los plazos de construcción de las plantas y el inicio de las exportaciones.
El depósito Josemaría se encuentra más avanzado en términos de estudios de factibilidad y preparación para la construcción, con recursos medidos e indicados. Filo del Sol, en cambio, está en etapa de prefactibilidad y continúa con campañas de exploración para convertir recursos inferidos en indicados. Además, todavía no presentó su DIA.
El potencial del cobre para la Argentina es significativo. El país dejó de producir en 2018, tras el cierre de La Alumbrera, aunque Glencore —operadora del yacimiento— anunció el año pasado que planea reactivar la producción en 2028. A modo de comparación, Chile exportó en 2025 unos US$55.188 millones en cobre, mientras que Perú alcanzó los US$27.223 millones, destacó la consultora Invecq. El desarrollo del sector podría equivaler, en términos de ingresos, a sumar al menos un nuevo complejo agrícola.
Según S&P Global, la demanda mundial de cobre crecerá de 28 millones de toneladas en 2024 a 42 millones en 2040, lo que refuerza el rol estratégico del metal en la transición hacia energías limpias, clave para la fabricación de baterías, paneles solares, aerogeneradores eólicos, autos eléctricos e infraestructura vinculada a la inteligencia artificial (IA).
Ley de Glaciares
Aunque ya cuenta con dictamen de comisión y fue incorporado al temario de las sesiones extraordinarias, el proyecto para modificar la ley de Glaciares todavía no tiene fecha definida para su tratamiento en el Congreso.
Según el Instituto Argentino de Derecho para la Minería (Iadem), la sanción de la iniciativa “es imprescindible para fortalecer la tutela del bien protegido, superar las ambigüedades del régimen vigente, brindar certidumbre jurídica y reforzar el federalismo ambiental”.
En el área cercana al proyecto Vicuña existen glaciares y manchones de nieve, producto de la elevada altitud. Desde la compañía aseguran, sin embargo, que las tareas de la mina no afectan a ninguno de estos cuerpos.
La empresa cuenta con un equipo de 21 personas en el área ambiental, liderado por la bióloga Yanina Ripoll, que desarrolla programas de monitoreo del agua, la vegetación y la fauna de la zona. Entre las especies relevadas se destacan guanacos, vicuñas, pumas y zorros, así como las vegas que son humedales.
De acuerdo con estudios realizados con imágenes satelitales en el área, desde 1976 —incluso antes del inicio de las campañas de exploración— se observa una tendencia sostenida a la reducción de los cuerpos de hielo. En los últimos 50 años, todos perdieron superficie de manera natural y, para 2024, en la cuenca de Los Mogotes solo permanecía el 10,7% de la superficie registrada en 1976, como consecuencia del calentamiento global.
“Tenemos manchones de nieve que, según las temperaturas, la radiación solar o la pendiente, pueden persistir de un año a otro. Cuando se conservan durante varios años, pasan a formar parte del inventario provincial y nacional. Más allá de cualquier ley o regulación, nosotros los estudiamos porque son un componente ambiental más, al igual que el agua, la vegetación y la fauna”, explicó Ripoll.
“También evaluamos cuál es su aporte hídrico a la cuenca. Para eso medimos mensualmente cuánto sublima —es decir, cuánto pasa del estado sólido al gaseoso—, cuánto infiltra, lo que se analiza mediante perforaciones, y cuánto escurre, a partir de los monitoreos. Además, realizamos estudios para confirmar que el agua observada proviene efectivamente de ese manchón de nieve y no de una nevada o una lluvia ocasional”, agregó.
Sobre el proyecto de ley, que busca clarificar el alcance de los glaciares y las geoformas periglaciares mediante la delegación de esa potestad a las provincias, Vicuña señaló: “Apoyamos el trabajo que está llevando adelante la provincia junto con el Gobierno nacional para clarificar la aplicación de la ley y dar mayor certeza jurídica. El objetivo es despejar ambigüedades con base en criterios técnicos, sin comprometer los estándares ambientales”.