Según explicó el fiscal, la causa se originó a partir de una denuncia presentada a mediados de enero por un particular, en la que se pusieron en conocimiento dos hechos que, en una primera evaluación, podrían configurar delitos contra la administración pública. A partir de ese planteo, el Ministerio Público Fiscal impulsó las medidas que derivaron en los procedimientos concretados durante la jornada.
Del total de los allanamientos, cinco se realizaron en Plottier, incluyendo el edificio municipal, el área de Hacienda, el despacho del intendente y su domicilio particular. Además, se llevaron a cabo dos procedimientos en Neuquén capital y uno en Cipolletti. El objetivo central fue el secuestro de documentación y material fílmico para avanzar en el análisis de las conductas denunciadas.
El decreto bajo la lupa
Uno de los ejes centrales de la investigación está vinculado a un decreto firmado por el intendente, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a un grupo de contribuyentes del barrio privado Los Canales, durante el primer semestre de 2025. Vignaroli indicó que esta decisión podría constituir, en principio, un abuso de autoridad, ya que la Carta Orgánica de Plottier establece que el Concejo Deliberante es el único órgano facultado para otorgar excepciones tributarias.
El fiscal remarcó además que la medida habría tenido una aplicación desigual, dado que no todos los propietarios del mismo country recibieron el beneficio, pese a encontrarse en idénticas condiciones. “Lo más grave es que la excepción la otorgó un órgano que no está facultado para hacerlo”, señaló en declaraciones televisivas.
Contrataciones y posible negociación incompatible
El segundo eje de la causa apunta a la contratación de una empresa privada para obras públicas. De acuerdo con la denuncia, existiría una posible negociación incompatible, ya que uno de los socios de la empresa Valco sería hijo de la subsecretaria de Hacienda del municipio, Gladys Ramírez.
La Fiscalía confirmó que la empresa pertenece a dos personas, entre ellas el hijo de la funcionaria, y que además no tendría CUIT habilitado. En ese contexto, se detectaron contratos firmados a nombre de uno de los socios, Pedro Vilches, quien facturaba bajo la denominación Valco. Según el fiscal, esto podría haber sido una maniobra destinada a “dar apariencia de legalidad” y evitar una contratación directa con una persona vinculada a una funcionaria municipal. Parte de esa documentación fue hallada en el despacho del intendente.
Los delitos que se investigan incluyen administración fraudulenta contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Vignaroli aclaró que el alcance de la causa podría ampliarse si del análisis del material secuestrado surgen nuevas responsabilidades.
Finalmente, el fiscal indicó que los próximos pasos consisten en el análisis de la documentación y de los teléfonos celulares incautados, para determinar si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba y eventuales imputaciones