En las últimas horas, el intendente de Tandil, el radical Miguel Lunghi, oficializó por decreto la suspensión parcial de una ordenanza municipal que regulaba el uso de fitosanitarios, en respuesta directa a una medida cautelar dispuesta por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
La decisión del máximo tribunal bonaerense fue adoptada en una causa de inconstitucionalidad vinculada al impacto ambiental sobre la cuenca del arroyo Chapaleofú, donde organizaciones vecinales y ambientalistas cuestionaron la legalidad y los criterios técnicos de las ordenanzas locales.
La resolución judicial con fecha del 7 de enero suspendía de manera transitoria un artículo sobre las normas municipales que establecían las distancias, límites y condiciones para la aplicación de productos fitosanitarios en el municipio de Tandil y en la localidad vecina de Rauch.
Como parte de la medida cautelar, la Corte también intimó a Lunghi y al intendente de Rauch, Maximiliano Suescún, para que remitan a corto plazo la totalidad de los antecedentes técnicos, estudios y análisis que fundamentaron las ordenanzas objetadas, con el fin de evaluar su constitucionalidad frente al marco normativo provincial vigente.
En lo que respecta a las aplicaciones aéreas de agroquímicos, la Justicia estableció que rija de manera transitoria el régimen de la Ley Provincial 10.699 y su decreto reglamentario 499/91, mientras se sustancia el análisis de fondo de la cuestión planteada.
El decreto municipal de Tandil que suspendió parte de la ordenanza se dictó como consecuencia directa de esta resolución judicial, con el objetivo de adecuar el marco local a las exigencias de la medida cautelar y evitar posibles sanciones o conflictos institucionales.
El conflicto normativo volvió a poner en relieve la ausencia de una ley provincial actualizada que regule de manera unificada el uso de fitosanitarios en los 135 municipios bonaerenses, situación que generó una proliferación de ordenanzas locales con criterios dispares.
En este sentido, especialistas y dirigentes políticos vienen señalando que la normativa provincial vigente data de la década del 90′ y que se ha vuelto insuficiente para responder a las necesidades actuales de equilibrio entre la producción agropecuaria y la protección ambiental.
Es preciso mencionar que, el fallo de la Suprema Corte bonaerense no solo afectó a Tandil y Rauch, sino que reabrió el debate sobre los límites de la autonomía municipal para legislar en materia ambiental dentro de una provincia extensa y diversa en términos territoriales y productivos.
En el ámbito político bonaerense, la situación volvió a poner en agenda la necesidad de avanzar con una ley provincial de fitosanitarios que establezca criterios técnicos, unificados y actualizados, algo que legisladores de distintos bloques vienen reclamando ante el estancamiento de la legislación vigente.
Mientras tanto, la suspensión parcial decretada por el municipio de Tandil permanecerá vigente hasta tanto la Suprema Corte resuelva sobre el fondo del planteo de inconstitucionalidad, en un contexto en el que confluyen reclamos vecinales, intereses productivos y competencias de los distintos niveles de gobierno.
Tras el caso de Tandil, se reaviva el debate por la ley de fitosanitarios
En paralelo al conflicto judicial que impactó en Tandil, la discusión por el uso de fitosanitarios volvió a tomar temperatura en la Legislatura bonaerense, donde distintos bloques coinciden en que la provincia arrastra un vacío normativo que obliga a los municipios a dictar sus propias reglas, muchas veces con criterios dispares y bajo permanente riesgo de judicialización.
Desde sectores de la oposición y también del oficialismo admiten que la Ley provincial de agroquímicos vigente quedó desactualizada, tanto en parámetros ambientales como en controles y nuevas tecnologías de aplicación. Por eso, en los últimos años se presentaron diversos proyectos para establecer distancias mínimas unificadas, zonas de resguardo, controles sanitarios y pautas claras para la producción, aunque ninguno logró todavía el consenso político necesario para avanzar.
El caso de Tandil y Rauch, ahora bajo la lupa de la Suprema Corte, es leído por varios legisladores como una señal de alerta sobre la necesidad de que el Gobierno provincia asuma un rol rector. “No se puede seguir dejando solos a los municipios en un tema tan sensible”, repiten en los pasillos parlamentarios, donde crece la presión para que en 2026 se retome el debate por una ley marco de fitosanitarios que equilibre producción, ambiente y salud pública.