La entidad advirtió sobre “la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un `tribunal de la verdad`”.
«El argumento sigue siendo el mismo: el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar», precisó.
Y cerró: «Desde FOPEA estamos convencidos de que el periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro, además de socavar la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas pública»