Los límites del sistema constituyen el gran desafío de las administraciones provinciales y municipales.
Hace apenas unos pocos años, Neuquén empezó a ser noticia nacional por su notable crecimiento económico. La provincia que, desde su provincialización en 1955, había ocupado un lugar periférico en la Norpatagonia, pasó en pocos años —impulsada por el auge de Vaca Muerta— a convertirse en la quinta economía del país, superando incluso a Mendoza y Entre Ríos.
Mientras que entre 2011 y 2022 la Argentina, atravesada por malas administraciones y crisis estructurales recurrentes, creció apenas un 1,8%, Neuquén lo hizo en ese mismo período un asombroso 57%. Todo indica que este fenómeno no solo continuará, sino que podría profundizarse, al punto de que la economía neuquina se duplique en la próxima década.
Frente a este escenario de crecimiento acelerado, surgen al menos dos preguntas fundamentales: ¿qué infraestructura será necesaria para anticiparse al futuro? y, sobre todo, ¿quién pagará ese costo?
Al asumir la conducción de la provincia, el gobernador Rolando Figueroa estimó un déficit de infraestructura cercano a los 4.000 millones de dólares, cifra que, tras dos años de gestión, logró reducir a unos 3.000 millones.
Rutas, obras de gas y electricidad, políticas habitacionales, salud, educación y servicios básicos para una población que crece y tensiona permanentemente los límites del sistema constituyen el gran desafío de las administraciones provinciales y municipales.
Aquí aparece un dilema histórico: recurrimos al Estado como herramienta para resolver un problema en un contexto donde la intervención estatal no goza de buena reputación.
Las elecciones de 2023, tanto en Neuquén como a nivel nacional, expusieron con claridad el cansancio de una ciudadanía que se manifestó frente a un Estado sobredimensionado, que se entromete donde no le corresponde, manipula la economía para volverse imprescindible y, en ese proceso, busca perpetuarse en el poder.
La política del ajuste
De allí el salto al vacío de un electorado que, a nivel nacional, optó por un personaje excéntrico como Milei, del que poco se sabía, salvo su rechazo visceral al peso del Estado sobre las libertades del mercado, y su promesa de eliminar la inflación a fuerza de ajuste.
En Neuquén, tras seis décadas de hegemonía del Movimiento Popular Neuquino —que con el tiempo se transformó en una maquinaria electoral cada vez más alejada del pueblo y más cerca de sus intereses— la sociedad se animó a apostar por una alternativa un poco menos arriesgada: el armado multipartidario encabezado por Rolando Figueroa, que prometía salir de un esquema perjudicial sin resignar autonomía frente a los partidos nacionales.
A nivel nacional se aplicó un ajuste de proporciones inéditas, recortando cerca de 15 puntos del PBI. A nivel provincial, se redujo de manera significativa la planta política y se eliminaron gastos superfluos. A nivel municipal, la propaganda oficial celebra superávits con insistencia.
Todos parecen coincidir en una consigna: no gastar más de lo que se tiene.
Aquí surge la pregunta de la discordia: ¿qué sucede cuando, para sostener ese equilibrio, en lugar de reducir y eficientizar el gasto se incrementa la presión impositiva?
Mantener el superávit con una billetera infinita sería una tarea sencilla. El problema es que la billetera del neuquino no lo es.
Un reciente informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló que el uso de tarjetas de crédito para la compra de alimentos —es decir, para la canasta básica— pasó del 39% al 45% entre diciembre de 2023 y mayo de 2025. En ese mismo estudio, Neuquén aparece como la sexta provincia más endeudada del país.
Aumentan la electricidad, el agua y el gas; y si a eso se le suman incrementos en tasas retributivas, combustibles e Ingresos Brutos, el margen de supervivencia del bolsillo promedio se vuelve cada vez más estrecho.
Neuquén es hoy una provincia realmente cara: por la burbuja petrolera, por el desfasaje entre la demanda habitacional y la oferta de servicios, pero también por una presión impositiva que termina de drenar lo poco que les queda a las clases medias y bajas.
Esta tensión entre la necesidad de obras para sostener el crecimiento y la carga fiscal sobre los contribuyentes será, probablemente, uno de los ejes que definan el comportamiento electoral de cara a 2027, en todos los niveles de gobierno.
La Libertad Avanza ya comenzó a capitalizar ese malestar. Tras dos manifestaciones de vecinos contra el aumento de las tasas retributivas en la ciudad de Neuquén, lanzó su consigna central: “bajar impuestos, achicar el Estado y liberar a los privados”. La municipalidad tomó nota del descontento y respondió con anuncios de reducciones en licencias comerciales y patentes.
Un poco de historia
Como sea, esta tensión entre la necesidad de obras para sostener el crecimiento y la presión fiscal, además de ser un tema contable y fiscal, es profundamente ideológica y reabre un debate clásico que atraviesa a todas las economías en todos los tiempos.
La tensión entre crecimiento, obras e impuestos acompañó a todas las sociedades que atravesaron procesos de expansión acelerada. Ya en la Inglaterra de la Revolución Industrial, el liberalismo clásico confiaba en que la mano invisible del mercado ordenaría ciudades, salarios y condiciones de vida. Sin embargo, la realidad del hacinamiento y la pobreza extrema, forzó al Estado a intervenir con obras sanitarias y regulaciones.
Décadas más tarde, el colapso de 1929 en Estados Unidos reabrió el debate: frente a un mercado paralizado, el “New Deal” apostó a impuestos progresivos y obra pública masiva para reactivar la economía, consolidando la idea de un Estado redistribuidor que luego se replicó en la Europa de la posguerra, donde altos niveles de presión fiscal financiaron infraestructura, educación y salud, reduciendo desigualdades mientras el crecimiento acompañó.
El péndulo volvió a oscilar en los años setenta y ochenta, cuando la crisis del Estado de bienestar dio lugar a las reformas de Thatcher y Reagan, que promovieron la baja de impuestos y la retracción estatal bajo la promesa de eficiencia y dinamismo económico, aunque a costa de mayores niveles de desigualdad. América Latina reprodujo ese giro en los años noventa, con Estados debilitados y obras insuficientes, para luego ensayar un retorno del Estado en los 2000.
Más recientemente, experiencias como Irlanda, Chile o Perú muestran resultados dispares ante el mismo dilema: impuestos bajos y Estado eficiente pueden convivir con desarrollo sostenido, pero cuando la redistribución o la capacidad estatal fallan, el crecimiento tiende a concentrarse y el conflicto social emerge.
Neuquén, atravesada hoy por una riqueza extraordinaria y una infraestructura tensionada, vuelve a plantear una pregunta tan antigua como vigente: cómo financiar el desarrollo sin sofocar a la sociedad que lo hace posible.
En la respuesta que ofrezca la oferta política a este dilema, se juega buena parte del futuro político y social de la provincia