Un informe oficial sobre gestión hídrica revela que la minería de segunda y tercera categoría aporta gran parte del valor económico en varios departamentos mendocinos sin presionar el recurso agua.
La discusión minera en Mendoza suele concentrarse en escenarios hipotéticos y conflictos de alto voltaje político. Sin embargo, un documento técnico oficial introduce una mirada distinta, anclada en datos concretos: la minería que hoy opera en la provincia, centrada en minas y canteras de segunda y tercera categoría, muestra un impacto hídrico prácticamente nulo y, al mismo tiempo, un peso económico decisivo en varios territorios.
El diagnóstico surge del Plan Maestro para el Sector Hídrico, que proyecta la administración del agua hasta 2050 bajo el marco legal vigente. Allí se señala que las explotaciones activas utilizan volúmenes mínimos de agua, en muchos casos destinados a tareas auxiliares o al abastecimiento del personal. Esa característica técnica contrasta con la centralidad económica que la actividad adquiere a escala departamental.
El caso más contundente es Malargüe, donde el sector de minas y canteras explica entre el 75% y el 80% del valor agregado local. En ese territorio, la minería de categorías menores no cumple un rol secundario ni complementario. Funciona como base económica estructural en un departamento con alternativas productivas limitadas.
Otro escenario llamativo aparece en San Carlos, históricamente asociado a una postura pública muy crítica frente a la actividad minera. Según el mismo informe, allí entre el 35% y el 40% del valor agregado departamental proviene de minas y canteras. La cifra expone una paradoja territorial entre el discurso dominante y la realidad económica cotidiana.
La información técnica sugiere que el debate público suele generalizar el concepto de minería sin diferenciar escalas ni prácticas. En los departamentos analizados, la actividad vigente no registra consumos relevantes de agua ni presión sobre el sistema hídrico. Aun así, sostiene ingresos, empleo y cadenas locales de valor.
El patrón se replica en otros puntos del Valle de Uco. En Tupungato, la minería de segunda y tercera categoría aporta cerca del 28% del valor agregado, posicionándose como el principal sector individual de la economía departamental. La incidencia resulta difícil de ignorar en cualquier análisis territorial serio.
Una situación similar se observa en Rivadavia, donde minas y canteras explican entre el 22% y el 24% del valor agregado local. En ambos casos, el informe remarca que el consumo de agua asociado a la actividad resulta marginal, muy por debajo de otros usos productivos.
Desde el punto de vista hídrico, los números refuerzan esa lectura. El Plan Maestro registra 63.000 metros cúbicos anuales en la cuenca del río Malargüe para exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Ese volumen aparece como insignificante frente al uso agrícola, que concentra alrededor del 90% del consumo total de agua provincial.
El documento no lo explicita, pero los datos permiten otra interpretación: la minería de baja escala opera de manera aislada, sin un entramado productivo más amplio que la potencie. En otras provincias, la presencia de proyectos metalíferos genera mayor demanda de áridos, servicios, logística y proveedores, un movimiento que aquí no se verifica.
El resultado es una actividad económicamente relevante pero encapsulada, que sostiene territorios completos sin expandir su integración productiva. En ese marco, la minería de segunda y tercera categoría aparece como un pilar silencioso de la economía mendocina, incluso en departamentos donde el rechazo social resulta más visible que sus aportes concretos.
Fuente: Panorama Minero