El secretario de Modernización de la provincia, Martín Güemes, detalló el proceso de transformación digital que impulsa el gobierno salteño, con foco en identidad digital, credenciales verificables e inteligencia artificial para reducir la burocracia y acercar el Estado a los ciudadanos.
Según explicó el funcionario, al asumir la gestión provincial se encontraron con infraestructura tecnológica básica, pero sin trámites digitales implementados. La pandemia de Covid-19 obligó a acelerar procesos y dejó en evidencia la necesidad de contar con servicios digitales eficientes y accesibles en todo el territorio.
Una provincia extensa y el desafío de no dejar a nadie atrás
Güemes remarcó que la complejidad geográfica de Salta —con selva, desierto, valles y numerosos parajes rurales— condiciona la gestión pública. En ese contexto, subrayó que la premisa política definida por el gobernador Gustavo Sáenz es que la tecnología no amplíe brechas, sino que garantice derechos.
En ese sentido, señaló que se avanzó primero en conectividad, con 190 plazas con Wi-Fi libre, internet satelital y fibra óptica en oficinas públicas, para luego acelerar la digitalización de servicios.
IDI, la identidad digital como eje del gobierno digital
El eje central de la estrategia es la Identidad Digital de Salta (IDI), una herramienta que permite a los ciudadanos interactuar con el Estado sin turnos presenciales, filas ni traslados extensos. Güemes destacó que en una provincia donde algunos trámites implican viajes de hasta nueve horas, el ahorro de tiempo es clave.
Además, explicó que el sistema evita la presentación repetida de certificados ya emitidos por el propio Estado, mediante el uso de credenciales verificables, lo que reduce costos administrativos y tiene un impacto ambiental positivo al disminuir el uso de papel.
“El tiempo es oro, y estas herramientas devuelven tiempo al ciudadano”, sostuvo el secretario, al tiempo que remarcó que el objetivo es un gobierno digital simple y sin burocracia.
Identidad descentralizada y confianza digital
Salta fue una de las primeras provincias en implementar identidad descentralizada a través del protocolo QuarkID. Güemes explicó que esta decisión apunta a evitar que cada organismo valide por separado a las personas y obligue a los ciudadanos a manejar múltiples usuarios y contraseñas.
En ese marco, planteó que la identidad digital debe permitir acceder a todos los servicios del Estado desde un solo lugar, incluyendo salud, educación, rentas y trámites inmobiliarios. También proyectó integraciones con otras provincias e incluso con otros países.
El funcionario señaló que la tecnología blockchain y las credenciales verificables pueden facilitar el acceso al crédito, la inscripción de proveedores y la expansión de emprendimientos, al permitir acreditar información de manera confiable y reutilizable. Para Güemes, se trata de una verdadera política de desarrollo dentro de la economía digital.
Inteligencia artificial para reducir tiempos y burocracia
De cara al futuro, el secretario de Modernización indicó que la provincia trabaja en la incorporación de inteligencia artificial en el sistema de expedientes electrónicos, con el objetivo de asistir a los agentes públicos y reducir los tiempos de resolución hasta en un 50%.
También mencionó aplicaciones prácticas en áreas como educación y salud, donde la IA podría automatizar tareas repetitivas, desde la redacción de comunicaciones escolares hasta el registro de datos clínicos mediante comandos de voz.
“Si logramos que estas transformaciones se consoliden como políticas de Estado, evitaremos los baches de gestión”, afirmó Güemes, al destacar la necesidad de continuidad en procesos tecnológicos y culturales.
Un legado de trámites digitales y confianza en el Estado
Al referirse a su legado, el funcionario expresó su aspiración de dejar una provincia con un alto porcentaje de trámites digitalizados y con ciudadanos que experimenten de manera cotidiana los beneficios de la identidad digital.
Finalmente, remarcó que la modernización del Estado no es solo una cuestión tecnológica, sino una herramienta para reconstruir la confianza en el sector público y fortalecer la democracia