El gobernador Marcelo Orrego respaldó el tratamiento legislativo que el Congreso daría en febrero a la aclaratoria de la Ley de Glaciares. Sostuvo que la propuesta no modifica el espíritu ambiental de la norma, sino que busca dar precisión jurídica para evitar litigios y destrabar inversiones clave para San Juan y otras provincias cordilleranas.
“La Ley de Glaciares es muy importante para los sanjuaninos. Esperamos que en febrero pueda tratarse y aprobarse esta aclaratoria”, señaló Orrego. Según explicó, la iniciativa busca “ordenar” el objeto de la ley sin modificar sus principios centrales. “No cambia el objeto. Lo que hace es aclararlo”, remarcó.
En el entorno del gobernador sostienen que una definición técnica más precisa permitiría evitar trámites complejos, superposiciones de competencias y judicialización, problemas que afectan especialmente a las provincias cordilleranas con matriz minera y actividades productivas asociadas.
Orrego también subrayó la importancia de reafirmar el dominio provincial sobre los recursos naturales, tal como establece la Constitución. “La norma no delega facultades, simplemente reconoce que los recursos naturales pertenecen a cada provincia. En el caso de San Juan, no a la Nación”, afirmó. El mandatario comparó este esquema con el modelo chileno, donde el control de los recursos está en manos del gobierno central. “En Argentina la realidad es distinta: los recursos son provinciales”, enfatizó.
El avance del debate genera expectativas tanto en las provincias cordilleranas como en el sector minero, que ven en la aclaratoria una herramienta para dar mayor previsibilidad normativa. Una definición más clara podría destrabar inversiones por hasta 14.000 millones de dólares en proyectos de cobre y litio que hoy están frenados por interpretaciones contrapuestas sobre glaciares y ambientes periglaciares.
Desde el Ministerio de Minería de San Juan, funcionarios ya habían advertido que sin una normativa más precisa los proyectos estratégicos “seguirán como están”, en referencia a la imposibilidad de avanzar con estudios, permisos y evaluaciones clave.
El Gobierno nacional confirmó que impulsará el tratamiento en febrero, con foco en delimitar con mayor exactitud qué se considera glaciar y periglaciar desde el punto de vista jurídico y administrativo. La industria sigue de cerca ese proceso, ya que la falta de definiciones uniformes provoca hoy superposición de criterios ambientales, trabas en los permisos y un aumento de la judicialización