¿Es viable exigir un 90% de empleo local en minería? Santa Cruz debate una ley que busca generar arraigo, pero despierta dudas técnicas, legales y sociales.
La reciente modificación de la Ley 3.141, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, ha colocado a la industria minera en el centro de una tensión profunda. Al elevar el cupo de contratación local del 70% al 90% y extender la exigencia de residencia efectiva de tres a seis años, la normativa busca blindar el mercado laboral de Santa Cruz. Sin embargo, las voces críticas advierten sobre una posible «balcanización» laboral en la Patagonia y la impracticabilidad técnica de la medida.
El debate cobró nueva fuerza tras un análisis que Amadeo Gravino, presidente de la Cámara de Proveedores y Servicios Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA), compartió en LinkedIn. Él sostiene que la minería en la provincia ha operado históricamente bajo un modelo de «baja densidad territorial».
«Gran parte de la cadena de valor quedó en manos de actores que no construyeron arraigo. Muchos proveedores y trabajadores siguen la actividad, no el territorio; cuando aparecen mejores condiciones en otra provincia, simplemente se trasladan», señaló Gravino. Para el dirigente, la ley 90/10 no es un capricho discriminatorio (que deja afuera a los trabajadores de provincias vecinas), sino una barrera contra el «vaciamiento de capacidades» ante el surgimiento de nuevos polos mineros en el resto del país.
¿Por qué la gente no se queda?
No todos coinciden en que la solución sea meramente legislativa. En el intercambio surgido en ámbitos profesionales, especialistas como Soledad Cáseres plantean que la emigración de mano de obra calificada es un problema multicausal.
«Santa Cruz se vuelve un lugar de paso no por falta de compromiso del trabajador, sino porque el territorio no ofrece previsibilidad. Sin servicios de salud de calidad, un sistema educativo sólido y costos de vivienda accesibles, es imposible proyectar una vida familiar», argumentó Cáseres. Esta visión sugiere que, sin una mejora en la infraestructura civil, el empleo local será siempre volátil.
Aquí el interrogante se vuelve político: ¿Es justo exigirle a una empresa minera el 90% de empleo local cuando el Estado provincial no garantiza las condiciones básicas para que un profesional quiera radicarse definitivamente?
La viabilidad técnica y el reclamo de las operadoras
Desde el sector corporativo, la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) y empresas como Cerro Vanguardia han aportado una dosis de realismo técnico. Si bien el segmento de operarios ya alcanza niveles cercanos al 90%, el conflicto surge en las áreas de alta especialización.
En diálogo con +e, Agustín Del Castillo, gerente de Asuntos Institucionales de Cerro Vanguardia, advirtió que la norma es de difícil implementación en áreas como: Ingeniería y Geología especializada; servicios de infraestructura compleja y en posiciones técnicas que requieren años de formación específica. En la misma línea, Armando Arraras, especialista en seguridad minera con más de 20 años de experiencia, subrayó en Linkedin que el empleo local «no se puede imponer si antes no se construyen las capacidades técnicas necesarias».
Si la provincia no cuenta hoy con los perfiles técnicos que la ley exige contratar, ¿se corre el riesgo de paralizar proyectos por falta de personal habilitado o de forzar la contratación de idóneos sin la experiencia necesaria?
Un gigante que no quiere ser «crónica de una muerte anunciada»
Santa Cruz exportó US$ 1.569 millones en 2025, el 37% de la minería nacional. Con este peso específico, el dilema de fondo sigue abierto: ¿Puede una ley forzar el arraigo en un territorio que hoy expulsa a sus profesionales por falta de calidad de vida?
La respuesta definirá si la Ley 90/10 será el motor de una nueva identidad santacruceña o si, por el contrario, terminará convirtiéndose en un obstáculo para la competitividad de la provincia frente a los nuevos polos mineros del país