La Legislatura provincial aprobó un acuerdo conciliatorio entre YMAD y la Universidad Nacional de Tucumán para garantizarle más fondos. Serán destinados a un campus universitario cuyo costo supera toda la obra pública prevista para Catamarca en 2026. Un verdadero disparate.
Hay que decirlo en pocas palabras. Los recursos no renovables que se extraigan en adelante del territorio catamarqueño financiarán una obra en Tucumán que comenzó hace 67 años y no tiene plazo de finalización. Costará más que todas las obras públicas previstas para 2026 en Catamarca. Esto es, ni más ni menos, lo que la Legislatura provincial aprobó en diciembre pasado, sin mayor debate y por pura imposición numérica.
Se trata del acuerdo conciliatorio suscripto entre Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), para dar por finalizado un litigio entablado en la Justicia Federal de Catamarca por la casa de estudios respecto a la distribución de utilidades.
Este fue el último proyecto del Poder Ejecutivo convertido en ley en el marco del paquete minero, que además incluyó la polémica y la extinción definitiva del que posibilitó la salida de la Nación del directorio de la empresa YMAD.
Precisamente, el Acta de Farallón Negro, suscripta en 1958 entre el Estado nacional, la Provincia de Catamarca y la UNT, fue la base de la Ley 14.771 de creación de YMAD, sancionada en 1959, con el fin de realizar trabajos de cateo, exploración y explotación de los minerales existentes en los yacimientos del área Agua de Dionisio ubicados en el distrito de Hualfín, Belén, Catamarca.
El artículo 18 de esa norma estableció que las utilidades de tal explotación se repartirán 60% para Catamarca y 40% para la Universidad de Tucumán, la cual debía destinar su parte a la finalización de la “Ciudad Universitaria”.
Pero en 2008, las ex autoridades de la UNT dieron por concluida la obra y renunciaron a la mitad de las utilidades; esto es, la institución pasó a percibir el 20% en lugar del 40% establecido por la ley. El 20% restante debía ser distribuido a otras universidades.
Tal decisión fue contrariada posteriormente por las nuevas autoridades de la UNT, las cuales presentaron un recurso de nulidad ante la Justicia Federal de Catamarca con el objeto de volver al reparto original. Allí comenzaron las controversias.
El texto oficial de elevación del acuerdo a la Legislatura expresa que para poner punto final al conflicto y cumplir la ley, «las partes llevaron adelante un proceso de negociación para superar las diferencias existentes e intentar arribar a un consenso en tomo a la interpretación y aplicación del artículo 18° de la ley N° 14.771”.
El primer paso fue la firma, en junio de 2024, de un acta interpretativa y complementaria del Acta de Farallón Negro, entre la Provincia y la UNT, donde las partes reconocen cómo deben repartirse las utilidades del ente.
El segundo se dio el 15 de diciembre de 2025, con la firma del “Acuerdo Conciliatorio” entre ambas partes más YMAD, el cual fue presentado “como una solución legítima, razonable y necesaria” para “superar un conflicto de larga data, restablecer la certeza jurídica en la aplicación de la Ley N°14.771 y garantizar la continuidad y estabilidad institucional de YMAD en beneficio de la Provincia de Catamarca”.
Y el último paso fue la aprobación legislativa del acuerdo. La Cámara de Diputados lo convirtió en ley, por mayoría simple, el 23 de diciembre pasado. En el Senado había obtenido media sanción a principios de ese mes; al igual que el resto del paquete minero, fue apenas un trámite a libro cerrado.
Más fondos para la UNT
La universidad tucumana empezó a destinar los primeros recursos de la renta minera de YMAD para la construcción de su polo en 1948, bajo el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Era un megaproyecto ubicado en la Sierra de San Javier, que incluía la construcción de un campus universitario con laboratorios, viviendas, un hospital, un teatro y hasta un estadio. En 1955, las obras se paralizaron por completo y todo quedó inconcluso.
Hoy, según el acuerdo conciliatorio, la UNT entiende que aquella obra no responde a “los requerimientos funcionales de una universidad cuyas dimensiones y complejidad se han incrementado, y que además se encuentra emplazada en un ambiente natural protegido”.
En efecto, la institución alegó tres causas por las cuales necesita contar con el 40 por ciento de las utilidades de la empresa minera para iniciar una nueva obra de la ciudad universitaria. Son las siguientes:
- El proyecto de infraestructura está desactualizado de acuerdo con las necesidades de hoy.
- Los planos originales desaparecieron. No hay registros de ellos en “ninguna dependencia del gobierno nacional, provincial ni universitario”, expresa.
- El proyecto inicial preveía la construcción de la ciudad universitaria en la Sierra de San Javier. Pero en 2007, a partir de la sanción de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, esa zona quedó comprendida en el área de bosques nativos. Es decir, debe ser relocalizada.
Ahora bien, ¿hay un nuevo proyecto? El acuerdo solo indica que se hizo una “estimación” que funcionará como “herramienta de referencia para delimitar el alcance económico del beneficio legal y del cumplimiento de la condición establecida”.
Tal estimación consiste en una construcción de “135.000 metros cuadrados”. Recién una vez que las ganancias de YMAD cubran la totalidad de esa obra, “se dispondrá la afectación de una porción de dichas utilidades a la conformación de un fondo nacional destinado a ser distribuido entre las demás universidades del Estado”.
La cláusula segunda del acuerdo conciliatorio expresa que “una vez satisfecha la finalidad que se establece en los párrafos precedentes, las utilidades se distribuirán de la siguiente manera:
a) 60% para la Provincia de Catamarca.
b) 20% para la Universidad Nacional de Tucumán.
c) 20% para la constitución de un fondo destinado a las universidades nacionales”.
¿Cómo se garantizará que los fondos sean aplicados íntegra y correctamente a esa obra? El documento conjunto solo dice: “La percepción y afectación de los fondos serán controlados y auditados de acuerdo con la normativa aplicable a las universidades nacionales”. Es decir, por los órganos de control específicos del Estado nacional.
Por otra parte, el acuerdo incluye una “cláusula de indemnidad” para poner a salvo a YMAD, sus directivos y personal de cualquier pretensión que pudieran alegar las partes afectadas, como las otras universidades -la UNCA, entre ellas-, respecto a la distribución de utilidades.
Para ese fin, la UNT se compromete a constituir un Fondo de Garantía del 8% de las utilidades que le corresponden, con el objeto de responder eventualmente “a los reclamos que se pudieran suscitar de parte de terceros interesados”.
Cuestionamientos
El proyecto del acuerdo conciliatorio fue duramente cuestionado por parte de la oposición en la Cámara baja, durante la segunda sesión especial de diciembre último.
Por caso, para el radical Francisco Monti, del bloque de La Libertad Avanza (LLA), con la renta minera “los catamarqueños estamos pagando ya la quinta ciudad universitaria” a la UNT. Dijo incluso que con “justa razón” la Universidad de Catamarca podría “reclamar” la parte que dejará de percibir.
El libertario Federico Lencina habló de una “desidia total” de las autoridades provinciales y directores de YMAD por “no defender a la UNCA” en cuanto a la pérdida de fondos.
En la misma línea se pronunció Mamerto Acuña (Generación del Cambio), quien además de insistir en que a la Universidad de Catamarca “no le quedará nada”, el acuerdo tampoco aclara cómo se auditarán las finanzas de YMAD tras la ausencia del Estado nacional en su directorio, ni cuál “será el índice de actualización” de los fondos que irán a la UNT. “Al interés público no se renuncia”, cerró.
El diputado Fernando Baigorri (MID) dijo estar en contra de que la UNT tenga en adelante el 40% de las ganancias de todos los proyectos mineros de YMAD, cuando “en el acta original solo participaba de las utilidades de Farallón Negro”. “Ahora los hacemos socios de cualquier proyecto, es una participación ilícita de la UNT”, afirmó.
A su criterio, el acuerdo representa una “claudicación de la Provincia en favor de la Universidad de Tucumán”. “Por qué no se provincializa YMAD? Esa sí sería una gestión del Gobernador para festejar”, contrastó.
El oficialismo, por su lado, se limitó a contrarrestar las críticas en términos generales. Solo la diputada María Argerich, miembro informante de la iniciativa, se enfocó en la cláusula de indemnidad y el fondo de garantía del 8% que creará la UNT, “para así dejar a salvo a la Provincia y a YMAD de cualquier reclamo judicial”, dijo.
Irracional
¿Cuánto dinero representan actualmente los 135.000 metros cuadrados de la ciudad universitaria en Tucumán comprometidos en el acuerdo con YMAD?
A un valor de construcción promedio de 2.000 dólares ($1.500 por unidad) por metro cuadrado, que es lo presupuestan en promedio las empresas contratadas por el Estado para la obra pública, la “estimación” de la ciudad universitaria de la UNT ascendería a $405.000 millones.
Para tener una idea de lo que eso significa alcanza con apuntar que el plan de obras públicas 2026 previsto en el Presupuesto provincial trepa a $351.317 millones. En total son 211 obras distribuidas en todo el territorio de Catamarca. Pero el campus de la UNT costará un 15% más. Sin dudas, no hay ninguna relación lógica.
Los recursos para la UNT surgirán de las ganancias que embolse la empresa estatal YMAD de los proyectos mineros que se exploten en su área. Por ahora, solo es Farallón Negro, pero a partir de 2028 empezará a producir nuevamente el coloso Bajo La Alumbrera.
En otros términos, mientras la nueva ciudad universitaria de la UNT se debe relocalizar con el fin de preservar los bosques nativos de la Sierra de San Javier, los fondos para financiar esa gigantesca y onerosa obra saldrán de la explotación de los recursos naturales de Catamarca.
Es evidente que se trata de un acuerdo demasiado perjudicial para la provincia