Hay decisiones de política económica que, aun cuando se presenten como técnicas o administrativas, producen un desplazamiento profundo en la relación entre el Estado, los recursos naturales y el desarrollo. La redefinición del control político de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) es una de ellas. Catamarca queda, por primera vez en décadas, en condiciones de conducir de manera efectiva y con alto grado de autonomía una empresa estratégica para su estructura productiva. Es un cambio de escala en la capacidad de decisión provincial sobre la renta minera.
La centralidad de YMAD
Además, YMAD vuelve a ocupar un lugar central a partir de la anunciada reactivación de Bajo La Alumbrera y, en el mediano plazo, del desarrollo del proyecto Agua Rica. La empresa recupera peso específico en el mapa minero nacional y provincial. Esa centralidad exige una gestión profesional, controles estrictos y un estándar de transparencia muy superior al que rigió en etapas anteriores. La legitimidad de esta nueva fase dependerá menos de los anuncios que de los resultados verificables.
Pero el desafío excede a YMAD. La etapa que se abre interpela al conjunto del esquema de administración de la renta minera en Catamarca. Es una oportunidad para ordenar, transparentar y someter a control efectivo a los fideicomisos mineros, hoy atravesados por una opacidad difícil de justificar. No existe información pública detallada ni actualizada sobre ingresos, egresos, licitaciones o contratos. Esa ausencia alimenta sospechas y erosiona la confianza social. En ese marco, el reclamo de transparencia que impulsa la oposición política tiene sustento objetivo y debería ser atendido como parte de una agenda institucional mínima.
En paralelo, la minería del litio consolida su presencia en la provincia. Más allá de la volatilidad de los precios internacionales, la puesta en marcha del proyecto Tres Quebradas, sumada a Fénix, que ya lleva casi tres décadas de explotación en el Salar del Hombre Muerto, reafirma a Catamarca como actor relevante en este segmento estratégico. Ambos proyectos requieren mayor control estatal y una presencia provincial más activa, retomando iniciativas de la Mesa del Litio orientadas a agregar valor local. Exportar carbonato sin procesos industriales asociados es resignar desarrollo y empleo. Obligar a que parte de la producción se industrialice en el país forma parte de una decisión de política económica.
Oportunidad y riesgo
La minería catamarqueña ingresa, así, en una fase que combina oportunidad y riesgo. La oportunidad de corregir desvíos históricos y construir un esquema de desarrollo sustentable; el riesgo de repetir errores que han ocasionado grandes costos. Aprender del pasado es una exigencia también en términos económicos. Son condiciones indispensables para que la minería deje de ser una promesa recurrente y se convierta en un motor real de desarrollo para las comunidades donde se asienta, los controles estatales firmes, las reglas claras, una gestión ambiental seria y la transparencia en el manejo de los recursos