El proyecto impulsado por el Ejecutivo obtuvo despacho en un plenario de comisiones tras una jornada de exposiciones intensas y contrapuestas. San Juan y Catamarca defendieron la minería como motor de desarrollo, mientras que ONG y especialistas alertaron por retrocesos ambientales. El debate llegará al recinto el 10 de febrero.
El inventario y la estabilidad jurídica también ocuparon un lugar central. Pablo E. Villagra, del IANIGLA, defendió el Inventario Nacional de Glaciares, finalizado en 2018, al señalar que fue reconocido internacionalmente y que no se detectaron errores significativos. Además, explicó que el relevamiento se encuentra actualmente en proceso de actualización. Desde Aves Argentinas, Hernán Casañas advirtió que flexibilizar la ley no garantiza inversiones y sostuvo que las empresas “serias” requieren reglas claras y previsibilidad, no cambios sujetos al “humor político”.
Las críticas más duras llegaron de la mano de Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien calificó el trámite legislativo como “un proceso exprés nunca visto” y alertó que la reforma podría generar aún más inseguridad jurídica. Para el letrado, el proyecto es “totalmente inconstitucional” y pone en riesgo a todos los glaciares del país.
Del otro lado del debate, el sector empresario defendió la iniciativa oficial. Alfredo Vitaller, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), aseguró que la actividad acompaña la protección de los glaciares en tanto cumplan su rol como reservas estratégicas de agua, pero señaló que la ley vigente presenta “imperfecciones” que generan incertidumbre y necesitan ser corregidas. En tanto, Manuel Benítez, de CAPMIN, planteó que el desarrollo argentino y la transición energética requieren una minería responsable, moderna y compatible con el cuidado ambiental.
El tramo político del encuentro tuvo como protagonistas a los gobernadores Marcelo Orregoy Raúl Jalil (Catamarca). Orrego sostuvo que en su provincia existe una clara voluntad de preservar glaciares y geoformas periglaciales que constituyan reservas hídricas relevantes, pero reclamó una ley de presupuestos mínimos que sea aplicable y no se convierta en un obstáculo para el desarrollo. Jalil, por su parte, puso el acento en el impacto económico y social de la minería, destacó la generación de empleo formal en Catamarca —con cerca de 3.000 puestos directos y unos 5.000 indirectos— y defendió la actividad como una pieza clave para diversificar la matriz productiva provincial.
Tras las exposiciones y un breve cuarto intermedio, el oficialismo y sus aliados lograron el dictamen que habilita el debate en el recinto. Con posiciones aún muy distantes y un clima de alta tensión política y social, la discusión por la Ley de Glaciares promete ser uno de los ejes más sensibles de las sesiones extraordinarias que el Gobierno volverá a convocar en febrero. El 10, el Senado tendrá la última palabra