En medio de una crisis hídrica que mantiene al partido de 9 de Julio bajo la declaración de “desastre agropecuario”, el gobierno municipal impulsa un aumento del 50% en la tasa vial, una medida que ha generado un fuerte rechazo en el sector productivo y la oposición política. El proyecto, incluido en el presupuesto 2026 presentado ante el Concejo Deliberante, pretende elevar el costo promedio por hectárea de los actuales $7100 a $10.662. En el sector productivo, que este viernes será recibido por los legisladores locales, la decisión del municipio, gobernado por el PRO, generó malestar.
De acuerdo con los productores, si se considera que el distrito posee 423.000 hectáreas y hay 2000 kilómetros de caminos rurales, la recaudación adicional proyectada ascendería a 1506 millones de pesos. Algo que, para ellos, resulta “desproporcionada” frente a la nula infraestructura existente y afirman que con esos montos, tendrían que “tener asfalto”. Según mencionaron, a la recaudación propia del municipio se le debe sumar el porcentaje del inmobiliario rural que la provincia gira para mantenimiento de caminos.
El proyecto, impulsado por la intendente del PRO, María José Gentile, ingresó al Concejo Deliberante sobre el límite del plazo legal, el pasado 27 de noviembre, según aclararon los mismos legisladores locales. LA NACION se comunicó con el municipio, que declinó hacer comentarios.
Ignacio Palacios, presidente del Bloque UCR, calificó la propuesta del municipio de “excesiva” y “sin ningún sustento”, y adelantó que presentarán un dictamen propio. “Nos parece excesivo el aumento de tasas y sin ningún sustento, aparte que el servicio es muy malo, y lo mismo con el presupuesto municipal, que no contempla aumentos salariales para los empleados, entre otras cosas”, manifestó a LA NACION.
Se estima que la votación del 30 de diciembre no contaría con el apoyo necesario por ser una medida “irresponsable con la situación del sector”, que está atravesado por una crisis hídrica. Según indicó, lo que se está haciendo desde la comisión es escuchar a los distintos actores de la comunidad, para que manifiesten sus respectivas posiciones. De hecho, este viernes reciben a la Sociedad Rural local para conocer su opinión.
Los cinco concejales de La Libertad Avanza (LLA) no darían el apoyo al proyecto de presupuesto, según aclaró Luis Moos, concejal de LLA a este medio. Agregó que “no acompañan ningún aumento de la fiscal e impositiva”. Además, mencionó que esta tasa vial sostiene un porcentaje elevado que va a rentas generales: “El servicio es pésimo”.
En rigor, el malestar en el campo no es solo por el costo, sino por lo que consideran la ausencia total de contraprestación. Patricia Gorza, presidenta de la filial de Federación Agraria, explicó que el rechazo se debe a las “pérdidas enormes” que sufren los productores, quienes ya están pagando de sus bolsillos los arreglos que el Estado no hace. “El rechazo es por dos motivos. Por un lado, por la situación productiva del partido, con pérdidas enormes para los productores que, además, durante toda esta crisis hídrica estuvieron pagando de sus bolsillos movimientos de suelo, limpieza de canales, compra de alcantarillas y colaborando con el combustible, todo para poder llegar a los campos. Una cuenta que nadie contempla. El aporte es mucho más que la tasa vial”, dijo.
La dirigente dijo que otro de los puntos del rechazo es que no está transparentado el uso de los fondos. “Lo que pedimos es que, con o sin aumento, se nos presente un plan de trabajo de todo el 2026, donde se detalle mes a mes los recursos a utilizar y los kilómetros de caminos a reparar. Los productores necesitamos saber cómo se utiliza la tasa y recién ahí podemos discutir un aumento”, subrayó.
Destacó que la propuesta fue inconsulta. “Nos enteramos por los concejales, cuando ingresó el presupuesto, que había aumento. Al menos en lo que respecta a Federación Agraria, SRA y Coninagro, nos enteramos por los concejales. La política debe resolver sus problemas de administración y presupuesto y no aplicar dónde más cómodo les queda siempre que es en los productores. Insisto, primero, la transparencia del uso de la tasa y la contraprestación que corresponde, después discutimos el resto”, afirmó.
Federico Ortiz, productor local, contó: “La última vez que pasó una máquina por el campo fue en marzo, hace nueve meses”. Denunció que, pese a pagar una tasa bimestral, debe pedir permiso a vecinos para circular por dentro de los campos porque los caminos públicos son intransitables.
“Los productores pusieron dinero de su propio bolsillo para reparar los caminos rurales, por lo que el municipio debería reconocer o devolver esos gastos en lugar de subir tasas”, mencionó. Cuestionó que el municipio no considere la situación productiva y económica del sector.
Cabe recordar que 9 de Julio está dentro de los distritos que visitó la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich y que comunicó desde esa misma localidad una ayuda de $1900 millones para adquirir piedras y combustible mediante convenios con la Secretaría de Agricultura.
Además, el Gobierno convalidó en noviembre pasado la emergencia agropecuaria desde el 1° de septiembre de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026, para las explotaciones agropecuarias afectadas por inundación en los partidos de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué.