El Gobierno apostó por la convivencia entre la vitivinicultura, la minería y el agua
La semana que arranca tras el feriado del lunes es candidata a convertirse en una de las más importantes para Mendoza en lo que va del año y, sin duda, de los últimos tiempos. Hacia el martes, el Senado se prepara para darle aprobación definitiva a un paquete minero de cuatro leyes, dentro del cual la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ, Cobre Mendocino emerge como el botín a disputar por dos Mendoza diametralmente distintas: una que busca explorar alternativas al modelo económico tradicional y otra, nostálgica, aferrada a un pasado otrora brillante que ya no existe y que hoy no alcanza para garantizar un mínimo de subsistencia. Pero hay un elemento grave y, a esta altura llamativo, que caracteriza a quienes objetan el desarrollo económico vía la minería –porque de eso se trata en verdad–: el combustible de su motor ideológico es defectuoso. Ha sido elaborado al margen de los datos ciertos de un estudio científico y a contramano de lo que afirma la academia. Un hecho notable.
Tras sus victorias del 2011 y 2019, cuando lograron frenar el avance de la minería metalífera –que intentó formar parte del abanico diverso que alimenta la economía provincial–, el movimiento antiminero vuelve este martes por la misma gesta: hacer fracasar la sesión del Senado que avalará la DIA y que habilitará la etapa previa a la construcción y explotación del yacimiento de cobre en Uspallata.
A diferencia de aquellos hitos –el retiro de la DIA en 2011 y la restitución de la Ley 7722 en 2019, cuando el gobierno recién iniciado de Rodolfo Suárez debió dar marcha atrás–, hoy domina una visión política más vigorosa y fime, difícilmente dispuesta a retroceder frente a manifestaciones fundamentalistas e intolerantes. De hacerlo, ¿cómo se explicaría el trabajo de meses de decenas de organismos técnicos y especializados que revisaron una DIA que fue modificada casi por completo respecto del proyecto original? Además, la DIA constituye una larga lista de condiciones obligatorias para la empresa, cuyo incumplimiento frenaría el emprendimiento.
Otro elemento diferencia este momento de los anteriores: esta vez se llega al tratamiento legislativo sin modificar la Ley 7722, que los movimientos opositores han convertido en bandera. El proyecto se amolda a la norma y los estudios científicos y técnicos lo avalan. A esto se suma una señal social más clara que hace quince años: el apoyo mayoritario al desarrollo del emprendimiento expresado en la audiencia pública realizada en la zona de la futura explotación, y el resultado de la última elección de medio término, que respaldó el impulso minero. Pero, sobre todo, el dato decisivo surge de Uspallata, el corazón operativo del proyecto: seis de cada diez vecinos se manifestaron claramente a favor.
Un sector de la dirigencia política también ha aprovechado la coyuntura para diferenciarse del oficialismo, alentando las posiciones que ocuparon la calle y que probablemente vuelvan a hacerlo este martes. En Diputados, el peronismo –motorizado por el kirchnerismo– argumentó falta de información y supuestos incumplimientos de la empresa durante el proceso de elaboración de la DIA. Sin embargo, mientras se daba ese debate parlamentario, algunos de sus dirigentes participarían de la movilización callejera que busca obstaculizar el tratamiento legislativo.
El movimiento antiminero que intenta frenar el paquete minero se fue gestando en redes, con focos de agitación en las asambleas del agua y grupos casi extremos de Uspallata, además de núcleos en el Valle de Uco y el sur provincial. Según el Gobierno, nunca oficializaron la marcha ni informaron los recorridos, como es habitual en este tipo de manifestaciones. Se sabe, no obstante, que habría una caravana el lunes desde Uspallata y acampes en el Valle de Uco antes de dirigirse a la Legislatura. Y aunque muestran un comportamiento anárquico y sin liderazgo claro, sí contaron con financiamiento específico –se sospecha que fue facilitado por sectores políticos– para disponer de una logística mínima.
Pero lo que subyace detrás de estos movimientos coyunturales es la fractura estructural que divide a dos modelos de Mendoza. Una fractura que no parte a la provincia en mitades, sino que se inclina marcadamente hacia un polo: el que apuesta al despegue económico con todos los sectores dentro, incluida la minería, que durante décadas no logró avanzar por intereses bien identificados —algunos provenientes de la vitivinicultura, otros del sector frutihortícola—. El otro modelo, minoritario pero bullicioso, muchas veces violento, ideologizado y fundamentalista, no ha dado muestras comprobables de perseguir el crecimiento de la provincia; más bien lo contrario