Mendoza enfrenta una situación particular, ya que existe socialmente una resistencia al desarrollo de la actividad minera a gran escala y a pesar de ello es el oficialismo mendocino quien lidera el debate por la modificación de la Ley de Glaciares.
La industria minera y los gobernadores de las provincias cordilleranas ejercieron una presión constante para modificar la Ley de Glaciares desde su implementación en 2010, impulsada por Daniel Filmus.
Sin embargo, este esfuerzo se ha intensificado recientemente, coincidiendo con el interés del presidente Javier Milei en integrar la actividad minera al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de alcanzar exportaciones de 25.000 millones de dólares a largo plazo.
El Gobierno nacional tiene en mente incluir cambios a la ley actual en el temario de las próximas sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. El proyecto, que busca delegar mayores facultades a los gobiernos provinciales para la gestión de sus recursos naturales, entrará al organismo parlamentario a través del Senado, según pudo saber Diario Mendoza Today.
El secretario de Minería, Luis Lucero, por estas horas se encuentra finiquitando los detalles de la propuesta, la cual se debatirá simultáneamente con la reforma laboral y las discusiones sobre el Presupuesto en la Cámara de Diputados.
Uno de los problemas que tiene la administración Milei refiere a la urgencia por la aprobación del proyecto teniendo en cuenta la necesidad de acelerar la iniciativa durante el primer semestre del 2026 antes de que venza la vigencia del RIGI.
Es que, cabe señalar, las principales empresas mineras condicionan sus inversiones en cobre a esta flexibilización normativa.
En esa línea es que el gobernador Alfredo Cornejo es uno de los más activos en el impulso de este reclamo en particular, y junto a Mendoza avanzan en la misma línea otras provincias como San Juan y Catamarca.
Este tema fue abordado públicamente por el presidente Milei a mediados del pasado mes de noviembre con el fundamento de que la ley actual “coarta” el desarrollo económico e impulsó a que cada provincia pueda determinar sus propias zonas periglaciares sin intervención del Gobierno Nacional.
Además, el ministro de Economía Luis Caputo abordó reuniones con empresarios mineros que están dispuestos a sumarse al RIGI con los cambios que busca impulsar el Gobierno de Milei.
Cabe destacar que, actualmente, Argentina exporta poco más de 4.000 millones de dólares en oro, plata y litio. Por tanto, el gobierno proyecta que el cobre, que requiere plazos de desarrollo más largos, aporte casi la mitad de los 25.000 millones de dólares en exportaciones mineras proyectados para 2033.
Cuando se implementó la Ley de Glaciares, en el 2010, se hizo a través de imágenes satelitales que buscaban proteger áreas claves para la reserva hídrica. Los gobernadores, por su parte, argumentan que dichos registros no diferencian entre zonas con y sin función hídrica vital.
En tal contexto, y con el punto de vista del presidente sobre la “provincialización” de la decisión de declarar las áreas de protección, lo que está en estudio es la modificación de los articulos 1º y 8º con el fin de clarificar el objeto de protección y la autoridad de aplicación en cada distrito
El caso particular de Mendoza
No es un hecho azaroso la aparición de Mendoza en esta discusión, no solo por ser una provincia con desarrollos mineros en ciernes y, en muchos casos, paralizados, sino que el propio Milei señaló de forma directa a Cornejo como uno de los principales impulsores de esta reforma.
Y es que Mendoza enfrenta una situación particular, ya que existe socialmente una resistencia al desarrollo de la actividad minera a gran escala y a pesar de ello es el oficialismo mendocino quien lidera el debate por la modificación de la Ley de Glaciares.
Ello contrasta de forma obscena con el respaldo recibido por las urnas en las últimas elecciones legislativas, en las que la alianza entre el Frente Cambia Mendoza y La Libertad Avanza se quedaron con el 54% de los votos.
Lo antedicho, en sí mismo, envalentona al gobernador a avanzar en sus ambiciosos planes en conjunto con la Casa Rosada, que se debaten entre la protección ambiental y desarrollo económico tanto a nivel provincial como nacional.
No es casual que sea la provincia quien busca implementar una serie de medidas políticas con el fin de darle un marco legal y una suerte de promoción nacional e internacional del sector minero planteando la minería sostenible.
Es que la Legislatura provincial se encuentra tratando una serie de proyectos, entre los que se destacan declaraciones de impacto ambiental e incluso un fondo de compensación ambiental, con el fin de avanzar con el desarrollo del sector.
Con la composición del órgano legislativo provincial lo más probable es que las iniciativas terminen por ser aprobadas, aunque la urgencia marca cierta presión, tanto para el gobernador Cornejo como para el presidente Milei.