Mientras el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones acelera la llegada de capital extranjero, consultoras como Focus Market advierten que la competitividad local seguirá limitada si no se diseñan herramientas similares para las pequeñas y medianas empresas argentinas
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se consolidó como una de las principales apuestas del gobierno de Javier Milei para atraer capitales extranjeros y reactivar sectores estratégicos de la economía. Con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios inéditos —y una estabilidad normativa de 30 años— el programa busca ofrecer previsibilidad en proyectos de largo plazo, especialmente en energía y minería.
«El RIGI se consolidó como una de las estrategias del gobierno argentino para reactivar la economía a través de la llegada de capitales extranjeros. El gran desafío ahora es cómo lograr el crecimiento de la inversión privada local», analizó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.
Desde su puesta en marcha en julio de 2024, se aprobaron inversiones por más de 15.700 millones de dólares. La rebaja del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, la eliminación gradual de las retenciones, la exención de aranceles a bienes de capital y la libertad para disponer de divisas conforman un menú de incentivos que, según especialistas, potencia el efecto multiplicador sobre la economía real.
Sin embargo, el contraste es inmediato: mientras las grandes corporaciones encuentran un marco diseñado a su medida, las PyMEs —que representan el 99% del tejido empresarial del país y más del 60% del empleo privado formal— operan bajo un sistema mucho más rígido, costoso y burocrático.
Un país con dos regímenes: ventajas extraordinarias para el capital grande, obstáculos cotidianos para el pequeño
Los datos de Focus Market describen una brecha estructural:
Presión fiscal efectiva del 45%, una de las más altas de la región.
-4.496 horas necesarias para abrir una empresa y 2.156 horas adicionales por año para mantenerla formalizada.
-Alta rigidez laboral, con convenios colectivos que dificultan la adaptación productiva.
-Costos elevados, como una tarifa promedio de energía industrial de 96 USD/MWh.
-Acceso limitado al crédito: aunque 62.116 PyMEs lograron financiamiento mediante SGR y fondos públicos durante 2025, representan apenas una fracción de las más de 600.000 firmas registradas.
-Este panorama configura un desempeño asimétrico frente al régimen de incentivos para grandes inversores. El cuadro comparativo elaborado por Focus Market —que sintetiza la operación cotidiana de un proyecto bajo RIGI frente a una PyME sin acceso al régimen— evidencia que la desigualdad no solo es fiscal, sino también financiera, operativa y regulatoria.
La necesidad de un «RIGI PyME»: una discusión que el Congreso aún no aborda
La propuesta para equilibrar condiciones no es nueva. En noviembre de 2024 ingresó a Diputados el proyecto de ley RIMI, pensado como un régimen de promoción de inversiones desde USD 150.000 para microempresas hasta USD 30 millones para medianas y grandes.
El esquema contemplaba incentivos clave:
Amortización acelerada.
Devolución anticipada del IVA.
Exención temporal de retenciones.
Reducción del IVA energético para proyectos agroindustriales.
Promoción de la inversión en bienes de capital locales.
Participación en cadenas de valor de proyectos estratégicos.
Pero el proyecto nunca fue tratado. Su parálisis legislativa mantiene abierta una brecha que, para los especialistas, desalienta la inversión productiva doméstica y debilita el entramado laboral del país.
Los pilares de un régimen PyME: simplificar, estabilizar y financiar
Focus Market sostiene que un régimen de incentivos para PyMEs debería estructurarse sobre cinco pilares centrales:
Simplificación tributaria, reduciendo cargas y eliminando tasas en cascada.
Estabilidad fiscal por 10 años, clave para inversiones con retornos largos.
Acceso real al crédito, ampliando líneas en pesos y dólares.
Beneficios a la reinversión, mediante exenciones o diferimientos en Ganancias.
Incentivos a exportar e integrarse a cadenas globales, con desgravamientos temporales y beneficios a proveedores locales.
A ello se suman estímulos para la transición digital, incorporación de inteligencia artificial, eficiencia energética y capacitación del capital humano.
El potencial del ahorro privado: una oportunidad desaprovechada
Argentina posee un ahorro privado estimado en más de 250.000 millones de dólares, tanto en depósitos como fuera del sistema financiero. Focus Market calcula que captar apenas el 5% o 10% de esos recursos equivaldría a entre 12.000 y 25.000 millones de dólares de inversión productiva local: un monto similar al que el propio RIGI aspira a atraer desde el exterior.
Ese capital inactivo —sostienen analistas— podría transformarse en empleo, competitividad y modernización tecnológica si existiera un marco de incentivos para empresas nacionales.
«La experiencia del RIGI demuestra que los incentivos funcionan»
«La experiencia del RIGI demuestra que los incentivos bien diseñados funcionan. El desafío pendiente es trasladar esta lógica a las PyMEs locales, transformando la desigualdad en oportunidad y el ahorro privado inactivo en un motor de crecimiento económico real y sostenible», destacó Di Pace.
Y remarcó que mientras el Congreso mantenga congelado un régimen similar, «la brecha entre grandes inversores y empresas locales persiste, limitando el desarrollo del sector que sostiene más de la mitad del empleo formal y constituye el corazón de la economía argentina».
En una economía donde conviven grandes incentivos para los capitales globales y grandes obstáculos para el empresariado nacional, la discusión ya no pasa solo por atraer inversiones, sino por garantizar que el crecimiento también surja desde adentro