El futuro del Camino del Cerro Puntudo, conocido como Ruta 425, se ha convertido nuevamente en un tema central para San Juan. No es casual. La proyección del proyecto minero Hualilán, que prevé trasladar unas 450.000 toneladas de material hacia la planta de Casposo, exige resolver un dilema que ya no admite indefiniciones: ¿debe mantenerse el tránsito por el único camino existente, que atraviesa la Villa Calingasta, o es hora de reactivar y modernizar la traza del Puntudo?

La inquietud de la comunidad calingastina, que advirtió el impacto que semejante movimiento de cargas puede generar en su vida cotidiana y en su identidad turística, obligó al Ministerio de Minería a intervenir. Con buen criterio, el organismo reafirmó su respaldo a la actividad minera, pero también recordó que esa misma actividad requiere responsabilidad social y ambiental. Esa condición abrió la puerta para que Vialidad Provincial iniciara relevamientos técnicos que permitan determinar si la ruta actual es sostenible o si resulta más conveniente reabrir el antiguo camino del Puntudo.

Conviene recordar que no se trata de una traza improvisada ni de un sueño irrealizable. En los años ’90, ese camino fue utilizado como conexión alternativa mientras se avanzaba con las obras de los diques Caracoles y Punta Negra. En aquel entonces, este diario recorrió el trayecto y comprobó su viabilidad: era un camino seguro, relativamente accesible y, aunque algo más extenso que la ruta tradicional, ofrecía la ventaja de mantener flujos de tránsito sin afectar a las localidades de la zona.

Hoy, tres décadas después, el Puntudo vuelve a ocupar un lugar estratégico. Quienes impulsan su reactivación destacan su potencial para descongestionar Calingasta y ofrecer un corredor más adecuado para vehículos de gran porte. En cambio, quienes se oponen advierten riesgos ambientales, la necesidad de inversiones significativas y la posible afectación de áreas naturales protegidas. Son objeciones que no deben minimizarse. Cualquier decisión que se tome sobre un territorio de altísimo valor ecológico debe basarse en informes técnicos sólidos y en el diálogo con quienes viven allí.

El desafío, entonces, no consiste solo en elegir un camino, sino en diseñar una política pública capaz de equilibrar desarrollo económico, seguridad vial, preservación ambiental y bienestar comunitario. El futuro de la minería sanjuanina -y con ella, una parte importante del futuro económico de la provincia y el país- depende de decisiones que combinen audacia con responsabilidad.

La Ruta del Puntudo no puede seguir siendo una carpeta archivada. Llegó el momento de evaluarla con rigor, escuchar todas las voces y elegir la alternativa que garantice crecimiento, protección y consenso