Que Martín se haya quedado en San Juan se terminó de cerrar el miércoles pasado. El Vicegobernador entendió el mismo día de la elección que la derrota obligaba al oficialismo a una reconfiguración, y no quiso perderse la posibilidad de ser protagonista en este nuevo esquema que, parece, empezará a parirse. Además, ya le había dicho a sus más cercanos, incluso antes de ser candidato, que la idea de perderse entre casi trescientos tipos y tipas en la Cámara de Diputados de la Nación, no le seducía ni un poco. Igual, había que convencer a Orrego. Martín no hubiera hecho otra cosa que lo que quisiera el Gobernador, y así pasó. No se sabe muy bien quién o qué fue determinante para que Orrego tomase la decisión, pero al fin y al cabo poco importa. Coincidieron en que Martín debía quedarse. Restaba entonces amortiguar el seguro costo político de la candidatura testimonial, una herramienta que ya usó Producción y Trabajo de Roberto Basualdo cuando hizo renunciar en 2011 al ahora fiscal General, Guillermo Baigorrí y a la empresaria Adriana Marino, para asumir una banca en la Cámara Alta. El comunicado del Gobierno, en este caso fue tajante: “El Gobernador le pidió…”. Es decir, Orrego asumió la responsabilidad, como no podía ser de otra manera. Lo hicieron bien cerca de la Fiesta del Sol para que la maniobra pasara desapercibida, como finalmente está ocurriendo. El peronismo, salvo algún que otro video en redes sociales, no dijo nada. Muy probablemente se guarden las críticas para más adelante, o muy probablemente no digan nada nunca. Más de un opositor considera a Martín un artífice de las buenas prácticas políticas entre el oficialismo y ellos. En términos sencillos, al PJ también le gusta que Martín siga haciendo el trabajo que hizo hasta ahora. Statu quo en estado puro. A todos los políticos les conviene algo, y no importa nada más.
Pero volviendo a las chances que puede tener la idea de un acuerdo político entre Orrego y Milei, comunicada por Martín esta semana, desde afuera se ven más diferencias que coincidencias, al menos en la gestión. Orrego pone plata en obra pública, Milei la odia y desfinancia. Orrego subsidia energía y pasaje de colectivo, Milei se guarda esa plata para su mentiroso superávit administrativo. Orrego distribuye (tarde, pero lo hace) fondos a los municipios, y Milei se guarda hasta los ATN, Orrego sostuvo planes de salud que Milei cortó. Todo eso y más, separan al Gobernador y al Presidente de un acuerdo programático, de gestión. Pero, ¿debe ser un acuerdo de gestión, o alcanza con una alianza política? Es muy pronto para saberlo, pero todo dependerá de las necesidades de ambos (Orrego y Milei) más cerca de la elección. Hoy Orrego parece más necesitado, pero habrá que ver cómo transcurre la gestión Milei hasta el año que viene. Pasará lo mismo que en la elección de octubre pasado. Si Milei es muy ambicioso y Orrego logra más o menos mantener su buena imagen, el acuerdo no podrá ocurrir. Si alguna de esas variantes se modifica, alguno tendrá que agachar la cabeza y aceptar condiciones del otro. En la propuesta del Vicegobernador hay un halo de debilidad también, correspondería admitirse. No deberían temerles a los partidos políticos, si no, al nuevo escenario de tercios, que pone patas hacia arriba cualquier cálculo previo. Dos votos pueden definir el futuro.
Hay un nuevo aire también en Nación, que facilita el diálogo, o al menos eso consideran en la vieja Casona de Desamparados. La inclusión de Diego Santilli en el gabinete nacional provoca al menos cierta esperanza provinciana de mejorar las relaciones con la Rosada.
También será importante la reforma al Código Electoral que cranee la provincia para 2027, y los límites a la competencia interna que se establezcan. Lo ideal para el oficialismo, entonces, sería sancionar nuevas reglas electorales a comienzos del año que viene, por los votos de los diputados del bloquismo. El partido fundado por los hermanos Federico y Aldo Cantoni deberá hacer valer esos cuatro legisladores más que nunca, porque es la forma de garantizarse que el oficialismo provincial no los reemplace por LLA en las listas departamentales, si es que hay pacto. Mejor que la discusión por el nuevo sistema electoral se aleje lo más que se pueda de la conformación de listas de la próxima gran cita electoral. Todo debe pasar en poco tiempo.
Ojo con la minería
Es conocido que los gobernadores de San Juan y de Jujuy, Carlos Sadir, quieren que cada provincia minera tenga la potestad de reglamentar la Ley de Glaciares según su territorio y necesidades productivas. A partir del pedido empresario para que se reglamente la norma que protege esas reservas de agua dulce, sancionada en 2010, surgieron diferencias muy fuertes entre Nación y las provincias mineras. La norma prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en glaciares y en el ambiente periglacial. Además, creó el Inventario Nacional de Glaciares a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). Las provincias mineras dicen que la delimitación del “ambiente periglacial” es muy amplia, y que su aplicación restringe áreas donde la minería metalífera podría desarrollarse sin perjudicar recursos hídricos.
Orrego y otros gobernadores, luego de perder la pelea por el manejo de esos recursos naturales, apostaron a que la reglamentación de la ley de glaciares saliera por decreto, pero hubo lobby empresario en Nación, y la administración federal se inclinó por una nueva ley, lo que complicó los trámites. Ni en la Cámara Minera de San Juan se ponen de acuerdo en la disyuntiva de la ley o el decreto. Todos miran su metro cuadrado. En Nación ya dijeron que buscarán el camino del Congreso, porque están seguros de que habrá judicialización posterior. Aseguran que cualquier agregado o aclaración reglamentaria de “ambiente periglaciar” muy probablemente modifique el espíritu de la norma y ese cambio abriría la puerta a reclamos en la Justicia. Otra ley será un camino largo y una “Caja de Pandora” que puede terminar en casi cualquier cosa. No hay que descartar que Milei no quiera hacerse cargo de semejante problema no resuelto por los Gobiernos de 15 años hacia atrás, y por eso se lo tira a los legisladores nacionales. Como quiera que sea, el debate será para alquilar balcones, y condiciona el futuro de San Juan. Hay empresas que ya le dijeron al Gobierno que sin esa norma y el RIGI, nadie va a poner plata en San Juan.
Párrafo aparte para los dueños de los proyectos mineros: ya les dieron todo y más, y parece que quieren seguir corriendo el arco. No estaría mal que alguien los ponga en vereda.
La discusión de la “propiedad” de los glaciares es muy peligrosa. Si bien nadie piensa que los gobiernos provinciales quieren ese manejo para hacer lo que quieran, ni para darle vía libre a la depredación de los recursos naturales, hay que tener en cuenta que las reservas de agua que viven en los glaciares no respetan límites institucionales, y podría ocurrir que un Gobierno provincial tome decisiones que afecten a más provincias. Las reservas deberían ser sagradas y para todos por igual dentro de un país. Si cada provincia toma decisión sobre todo lo que está en su territorio en esta materia, podríamos exponernos incluso a locos que quieran “lotear” el manejo del agua dulce, por qué no. Hay que ser muy cuidadosos. Más que ideológica o partidaria, la discusión sobre la custodia de los glaciares debería ser técnica.
En la provincia no salen de esa discusión y se meten en otra bastante complicada: la Ley de Proveedores Mineros. El Gobierno de San Juan ya anunció que trabaja en una nueva legislación que provoque mayor contratación de mano de obra local. En las empresas están de los pelos. Admiten que algunos se hacen los tontos con el compre local, pero rechazan que una mejora en ese aspecto salga por ley. Ante las cámaras de TV dicen que trabajarán con el Gobierno, pero después, por lo bajo, quieren que todo se trabaje solamente en los ministerios sin pasar por la Cámara de Diputados. Dicen que es mala señal hacia los inversores. La nueva norma es restrictiva e impone porcentajes para los contratos de las empresas. Progresivos, pero porcentajes al fin. Además, no hay que olvidar que la provincia ya adhirió al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones y en esa norma ya se establecen porcentajes de contratación local. El problema, como marcó el peronismo en el debate parlamentario sanjuanino, es que “local” para el RIGI es todo el país, no San Juan. Hay algunos que dicen que, si la nueva ley de proveedores avanza con la idea del cupo obligatorio, como con glaciares, la iniciativa sanjuanina podría terminar también en sede judicial. Quizás el problema estuvo en adherir a libro cerrado. De todas formas, son especulaciones que deberán desenmarañar los abogados.
En el tema glaciares, gobierno nacional y local opinan distinto, pero en el debate de contratación de mano de obra local minera, si se compara el RIGI con la norma que quieren sancionar en San Juan, en ambos casos se establecieron cupos, obligaciones para los empresarios. Es decir, en un solo tema, la minería, hay diferencias y también acuerdos. Hay otros miles en los que deberán trabajar Orrego y Milei para una posible alianza.
Ahora, a diferencia de la elección del 26, hay un gobierno provincial que recibió un cachetazo electoral, que lo obliga a una reconfiguración. Quizás ese sea el marco para terminar con las diferencias programáticas y enfocarse sólo en lo electoral. Ya hay dos que dicen que sí, veremos en qué termina todo