Por Fernando Ortíz – DIARIO DE CUYO

No es una señal. Es un camino que va directo a la concreción. El presidente Javier Milei escuchó al gobernador Marcelo Orrego en la reunión con los mandatarios provinciales y puso en agenda el impulso de una ley aclaratoria que modifique la redacción de la Ley de Glaciares. El sanjuanino pidió durante un año y medio -él en persona y a través del ministro de Producción, Gustavo Fernández- la reglamentación de la normativa que frena las inversiones por falta de certidumbre sobre las definiciones de tipos de glaciares y la zona de periglaciar. El león libertario tomó nota, salió a hablar y el tema llegará al Congreso. ¿Cuándo? En la provincia esperan el debate parlamentario para diciembre, aunque existe la chance de febrero. Estados Unidos mira de cerca y el empresariado minera está conforme.

El Presidente de la Nación tiene la voluntad de seducir a los gobernadores. Sabe que los necesita para la aprobación de las reformas de segunda generación: laboral, tributaria y del Código Penal. En una reciente disertación, en la 12° edición del Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad, Milei hizo un guiño a las provincias mineras con el espaldarazo a la modificación de la normativa sobre periglaciares para privilegiar la explotación minera. ‘Esta ley es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar. Eso será muy importante para la economía’’, dijo en Corrientes.

¿Por qué es importante? Porque la Ley de Glaciares, que fue aprobada en 2010 y nunca fue reglamentada por el Ejecutivo, es el mayor cuello de botella normativo para los proyectos de cobre que se quieren poner en marcha en la próxima década en San Juan y en el país. Ningún actor del sector minero ni del Gobierno provincial o nacional cuestiona la necesidad de proteger el ambiente glaciar. Justamente, la idea es dar certezas sobre los glaciares que son reserva hídrica para conservarlos. El problema es otro: la falta de definiciones claras, la superposición de competencias y la imposibilidad de avanzar con inversiones del orden de los 3.000 a 15.000 millones de dólares sin un marco jurídico seguro que expone a las multinacionales a potenciales problemas legales por no saber, a ciencia cierta, hasta dónde pueden explorar y explotar los recursos.

La prestigiosa revista Bloomberg graficó la situación de una manera acertada. ‘Si el Presidente logra liberar los proyectos de las restricciones sobre glaciares, las compañías tendrán muchas más probabilidades de avanzar con inversiones que convertirían a Argentina en un importante proveedor de cobre. El mundo necesita cada vez más de este metal, clave para todo, desde la electrificación hasta la plomería‘, resaltó la publicación internacional, que dio en clavo al mencionar los emprendimientos mineros de San Juan que necesitan los cambios en una normativa que nació con un objetivo claro, pero una redacción imprecisa y problemática. ‘Los desafíos para los proyectos mineros -como El Pachón y Vicuña, una empresa conjunta entre la australiana BHP Group y la canadiense Lundin Mining- giran en torno a los glaciares rocosos y masas de hielo que pueden contribuir a las cuencas fluviales y fuentes de agua dulce‘, remarcó.

En ese sentido, desde la Casa de Gobierno sanjuanina -que tiene expectativas de la nueva relación de Milei con Orrego- aclararon que ‘nadie quiere ir en contra del objeto que protege la ley‘, pero que los estudios que hizo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) sobre los glaciares que existen en la provincia son de nivel 1, es decir, contabilizados de manera satelital, sin discriminar entre aquellos de alto valor hídrico y los que simplemente son rocas congeladas. Un caso particular de un glaciar rocoso es el que está en Pachón, en Calingasta, que no puede avanzar por la falta de precisiones. ‘Falta claridad normativa’’, dijeron fuentes oficiales.

Por eso Orrego pidió expresamente a Milei que intervenga en el asunto. Lo hizo durante la reunión con los gobernadores en la Casa Rosada. Puntualizó en la reglamentación de la ley. Incluso llevó un borrador de un decreto reglamentario para colaborar con la celeridad en la quita de las trabas que significa la falta de definiciones en torno a los glaciares y a la zona de periglaciar. El Presidente escuchó y, según las fuentes, se comprometió a poner el tema en agenda. Cumplió. No sólo con las declaraciones públicas, sino con el equipo de trabajo puesto al servicio de una solución. ¿Qué pasó? Si bien Orrego y la industria minera querían una reglamentación, el león libertario eligió ir por el camino de una ley aclaratoria que se debata en el Congreso, ahora que tiene un mayor respaldo parlamentario después del contundente triunfo de La Libertad Avanza en las legislativas nacionales del 26 de octubre. San Juan sugirió que haya un tratamiento urgente y que llegue al recinto, junto al Presupuesto, durante diciembre. De no ser así, habrá que esperar hasta febrero. Sin embargo, ya todos los medios nacionales y locales se hicieron eco de la modificación en la redacción de la normativa. Es un paso enorme que se construyó -entre el equipo sanjuanino y el Gabinete presidencial- desde hace un año y medio.

Ahora, además, cuenta con un respaldo más. El acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos parece promisorio para el cobre sanjuanino. Aunque falta la letra chica del convenio y afinar el lápiz para compatibilizar los documentos con la legislación nacional, el hecho que el gigante que conduce Donald Trump ponga la lupa en los minerales críticos -litio y cobre- tiene un valor excepcional. ‘Es más fácil conseguir financiamiento para el desarrollo del cobre si los Estados Unidos generan condiciones propicias para el desembarco de inversiones en San Juan‘, se entusiasmó un dirigente que bisagrea el Gobierno provincial y el empresariado local. ‘El que pone la plata se asegura la provisión de minerales‘, manifestó. En otras palabras, el país del Norte es un socio seguro para el desarrollo minero de San Juan