Ambos puntos son críticos para asegurar la competitividad del agro en el medio y largo plazo.
Las inundaciones en el centro-oeste bonaerense están en el foco del interés público y abren el debate sobre el papel que se le da a las obras de infraestructura y qué hacen los gobernantes, en los diferentes niveles, ante la posibilidad de que ocurran este tipo de fenómenos.
Para la población rural de los más de diez partidos afectados por el exceso de lluvias puede despertar reacciones encontradas que el tema tenga ahora una visibilidad mayor en los medios de comunicación generales, no los rurales, e impulse al llamado de conferencias de prensa por parte del Gobierno. Por un lado, la sensación de sentirse reflejados y mínimamente acompañados en la desgracia, pero, por otro, la amarga conclusión de que “se acuerdan tarde”. En rigor, el exceso de lluvias ya se vislumbraba en marzo pasado. En ese momento, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que vuelva a autorizar los fondos para continuar con las obras del Plan Maestro de la Cuenca del Salado que el gobierno nacional había congelado.
Apenas a fin de septiembre el jefe del Palacio de Hacienda anunció la entrega de fondos para reanudar las obras. Es contrafáctico afirmar que si las obras no se hubieran paralizado no hubiera habido daños por el exceso de agua: hay otros problemas que los productores de la zona y expertos en el tema señalan como irresueltos. Por ejemplo, el mantenimiento de los caminos rurales que corresponde a los municipios y que también el gobierno provincial tiene mucho por hacer. En septiembre pasado se presentó una denuncia judicial contra los intendentes de Carlos Casares y Nueve de Julio, la dirección de Hidráulica bonaerense y la Autoridad del Agua, por “estrago” a raíz de las inundaciones.
En el primero de los partidos, además, son constantes las protestas por la administración de la tasa vial que se les cobra a los productores y no tienen como destino el objeto para la cual fueron creadas: el mantenimiento de los caminos rurales. Carlos Casares no es el único lugar donde, según los productores, ocurre eso. El reclamo se multiplica en otros municipios.
En definitiva, lo que los fenómenos climáticos ponen en juego es la llamada gobernanza del agua. Si a los excesos hídricos se los ve nada más que como una desgracia que ocurre cada cierto tiempo, el problema nunca tiene solución. De la misma forma ocurre cuando se aprovecha una inundación para dirimir diferencias políticas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo en conferencia de prensa que “hace 50 años” no se hacía nada en la cuenca del Salado. Omitió que durante el gobierno de Cambiemos, entre 2015 y 2019, se realizaron las obras del cuarto tramo del proyecto. También criticó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por inacción, pero hasta que no termine el tramo cuatro, que le corresponde a Nación, los organismos de crédito internacional que financian la obra no destraban los fondos del tramo cinco, que corresponden a la provincia. De poco sirve tirarse unos a otros la pelota con acusaciones cuando el problema está a la vista de todos.
Estas inundaciones, como otras, demuestran también que la cuestión de la infraestructura es crítica para la competitividad del agro. Además de una macroeconomía sólida, respeto por la propiedad privada y presión impositiva razonable se requiere que, como mínimo, los caminos, las rutas, el transporte y los puertos estén en un estado acorde al volumen de producción que reciben. Y no solo es por la producción, es por la vida de las comunidades rurales que viven en las zonas afectadas. Esto lo saben las familias con niños que tuvieron que ir a la escuela a caballo en medio agua o que ni siquiera podían asistir a clase porque estaban aislados, entre otros ejemplos del desastre que provocan las inundaciones en el centro oeste bonaerense.
De nada servirán las proyecciones sobre cosechas récord si no hay una estrategia de mediano plazo para la inversión en infraestructura y la decisión de establecer una gobernanza clara sobre las cuencas hídricas. Otras naciones -Estados Unidos o Países Bajos- lo han hecho y alcanzaron el desarrollo.
Si se cumplen los pronósticos de los especialistas que los fenómenos climáticos serán cada vez más extremos en los próximos años, tanto por el exceso de agua como por la escasez, el tema de la infraestructura debería estar en el tope de las prioridades políticas y del debate sobre el uso de los fondos públicos.