En plena expansión del sector minero argentino, con más de 180 proyectos en distintas etapas de desarrollo, la política de “compre local” encendió una polémica que atraviesa al país. Lo que para algunos es una herramienta de protección territorial, para otros se convirtió en una barrera que espanta inversiones y fragmenta el mercado interno.
Sergio Bustos
La discusión estalló tras las declaraciones de la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, quien calificó la norma como “inconstitucional”. En diálogo con Club Minero, sostuvo que “la Constitución Nacional garantiza el derecho a ejercer toda industria lícita y prohíbe barreras arancelarias dentro del país”.
Según Latorre, las leyes provinciales que obligan a contratar proveedores locales rompen la unidad del mercado argentino y dificultan la competencia internacional. “Si queremos integrarnos al mundo y competir con Chile y Perú, no podemos tener 24 jurisdicciones con legislaciones diferentes. Eso espanta inversiones”, advirtió.
La funcionaria mendocina fue más allá y cuestionó el enfoque de quienes buscan “ordenar la licencia social” mediante restricciones impositivas o regulatorias. “Generar un valladar tributario y legislativo para garantizar licencia social me parece mezquino. Tenemos que diseñar políticas públicas que generen competitividad, no obstáculos”, afirmó.
Del otro lado del debate, los proveedores mineros defienden las leyes provinciales. Desde la Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN) argumentan que las normas de “compre local” protegen la industria y las economías regionales, después de experiencias fallidas con contratistas extranjeros que no generaron desarrollo sostenido.
Latorre plantea un enfoque distinto: formar y acompañar a las pymes locales en lugar de imponer cupos. “Una gran minera exige estándares técnicos y de compliance muy altos. Si el proveedor local no está preparado, la empresa contratará en otra provincia. La solución no es prohibirlo, sino prepararlo”, sostuvo.
Y añadió una idea que atraviesa la discusión: “La empresa siempre va a preferir contratar local si el proveedor está a la altura, por costos, logística y cercanía. Pero eso requiere acompañamiento, no barreras”.
El debate expone dos visiones de país. Una, la del proteccionismo que busca asegurar beneficios directos para las comunidades mineras. Otra, la de la competitividad regional que apunta a atraer inversiones extranjeras en un contexto de auge de la minería del litio, el cobre y el oro.
Mientras tanto, Chile observa con atención el escenario argentino. En el diario La Tercera, empresarios trasandinos destacaron que el auge minero argentino “también representa una oportunidad para la industria chilena”, con su ecosistema de proveedores y experiencia logística.
El interés trasandino se concentra en proyectos binacionales como José María y Vicuña, ambos en San Juan. Las empresas chilenas se ofrecen como socios estratégicos en infraestructura y transporte, aprovechando su proximidad a los puertos del Pacífico.
El comentario del presidente del Consejo Minero de Chile, Joaquín Villarino, sigue resonando: “Los argentinos no son buenos en minería; van a necesitar que los chilenos crucen la cordillera y les expliquen cómo se hace”. Detrás de la ironía, hay una advertencia sobre la falta de madurez industrial y la urgencia de profesionalizar proveedores.
En definitiva, el debate sobre el “compre local minero” no es solo legal o económico. Es una decisión estratégica que definirá si la Argentina se encamina hacia un modelo competitivo y global o hacia un esquema fragmentado que limite su potencial.
La competitividad no se decreta: se construye con preparación, no con prohibiciones