Las provincias son dueñas de los yacimientos
Si bien, la Constitución Nacional en su artículo 124 reconoce a las provincias la propiedad originaria de los recursos naturales, la Nación retiene la potestad tributaria más amplia. De esta forma, aunque las provincias poseen los recursos, es la Nación la que recauda la renta principal. Esto genera un esquema asimétrico: las provincias se hacen cargo del impacto ambiental, social y de infraestructura que genera la actividad extractiva, mientras la Nación se queda con el grueso de los ingresos fiscales