Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), lanzó una fuerte ofensiva contra la Ley de Glaciares, sancionada hace exactamente 15 años, al denunciar que su actual redacción se convirtió en una traba infranqueable para la inversión en nuevos proyectos mineros en la Argentina.
El ejecutivo aseguró que la norma hoy genera una incertidumbre jurídica tal que paraliza la toma de decisiones, desvirtuando incluso su propósito ambiental original. La crítica más dura de Cacciola apuntó al «alcance extralimitado» de la ley, que se extiende más allá de los cuerpos de hielo permanentes, y que abarca no solo protege a los glaciares, sino también al ambiguo «ambiente periglacial».
Para CAEM, es esta definición conceptual la que introduce el caos legal. «Tenemos una Ley de Glaciares que protege glaciares y cualquier otra cosa que se le ocurra a cualquiera. Entonces eso hay que cambiarlo, hay que modificarlo porque no hay claridad respecto de un área de trabajo sea considerada un «activo protegido o no». Esta falta de clarificación empuja a los inversores a la espera antes de ingresar en ese «riesgo legal», sentenció.
Cacciola remarcó que «Conceptualmente hay zonas demasiado confusas que hacen que nadie vaya a tomar decisiones si no se aclara el contenido de la ley. Una cosa es proteger glaciares y otra cosa es proteger cualquier formación que no tiene nada que ver con glaciares y que de alguna manera puede interrumpir la posibilidad de que un proyecto se desarrolle«.
Glaciares, una historia de tensiones
La Ley 26.639 arrastra una historia de alta tensión política que contextualiza el pedido actual de la CAEM. El camino legal comenzó en 2008 cuando un primer proyecto de ley de protección fue vetado totalmente por el Poder Ejecutivo Nacional, un acto que fue popularmente señalado como el «Veto Barrick» debido a la fuerte presión ejercida por la minera de oro Barrick Gold.
A pesar de esa resistencia, la presión social y ambientalista llevó a que el Congreso sancionara la ley vigente en 2010, prohibiendo explícitamente la exploración y explotación minera en glaciares y en el ambiente periglacial.
La disputa se trasladó entonces al ámbito judicial, donde el sector minero y el Gobierno de San Juan buscaron su inconstitucionalidad. Finalmente, en 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de la ley.
Cacciola utilizó este antecedente judicial para fundamentar su reclamo: «El fallo de la Corte fue clarísimo, dijo: ‘señores, este no es un tema que tiene que resolver la justicia, es un tema que tiene que resolver la política’». Al cerrar la puerta a una solución judicial, la Corte obligó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a dirimir las diferencias sobre cómo aplicar la normativa en la práctica.
Por ello, Cacciola enfatizó que el paso previo a cualquier modificación de la ley o intento de decreto es alcanzar un «acuerdo de gobernadores y Nación» que elimine la incertidumbre. «La Corte dijo, esto no es un tema judicial. Es un tema político. Entonces, ¿por qué nos vamos a poner a discutir de decreto, de ley y todo lo demás, si no le solucionamos lo que tenemos que solucionar primero?»
La propuesta de CAEM apunta a que la Nación debe delegar determinadas atribuciones a las provincias para la clarificación de las zonas ambiguas, manteniendo, eso sí, los dos preceptos básicos inalterables: los preceptos ambientales básicos y la protección indiscutible de los glaciares.
Retenciones y proveedores
La Cámara también reiteró su postura de reclamar la eliminación de las retenciones a las exportaciones de plata y litio. Cacciola fundamentó, en el caso del litio, que la eliminación se justifica por una «cuestión económica puntual» ante los precios bajos y la parálisis de ciertos proyectos. Para la plata, se trata de enviar una «zanahoria» a los accionistas extranjeros, demostrando la voluntad de la Argentina de otorgar beneficios fiscales que muestren un clima de negocios favorable.
A pesar de este reclamo, el empresario reconoció el panorama favorable en los mercados internacionales para otros metales. Subrayó que los precios del oro y la plata registran valores «espectaculares», con precios nunca antes vistos. Si bien estos valores de mercado podrían impulsar la exportación de oro y mitigar el efecto de las retenciones, el líder de CAEM insistió en que el buen rally de precios no sustituye la necesidad de resolver los «problemas» de fondo y dar certezas a las inversiones.
En cuanto a la política de compre local, CAEM manifestó su preocupación por la «avidez enorme» de empresas que buscan trabajar en proyectos con proveedores del exterior, incluso para tareas que podrían ser cubiertas a nivel nacional. El mensaje se dirige particularmente a proveedores externos, especialmente de Chile, a quienes se les debería pedir como primera condición que se asocien con empresas locales y prioricen la contratación de personal local.
No obstante, la cámara se distancia de la imposición de regulaciones rígidas de «compre local» basadas en porcentajes fijos, ya que considera que esto genera la posibilidad de «privilegios» en lugar de prioridades. CAEM está en desacuerdo con que una empresa sea contratada solo por ser «de la comunidad» si su precio es «un 60% más alto» y no resulta competitiva