Uno de los ejes del debate fue la necesidad de agilizar los procesos de aprobación sin comprometer la seguridad jurídica. Carrillo destacó que Jujuy avanza en la aplicación de su nuevo decreto de evaluación de impacto ambiental, que incorpora estándares internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.
Desde Salta, Gilly señaló que la reducción de tasas mineras ha mejorado la competitividad provincial y que se trabaja junto a la Secretaría de Asuntos Indígenas en el fortalecimiento de la consulta previa, libre e informada. “La seguridad jurídica y la agilidad son condiciones básicas para mantener el flujo de inversiones”, sostuvo.
El desarrollo de proveedores locales fue otro punto central. Carrillo remarcó que en Jujuy existe “un ecosistema consolidado” de más de 200 empresas que crecieron al compás de la minería en los últimos 15 años. Tanus Mafud, en cambio, describió una realidad distinta en Catamarca: “El 56% de los proveedores del interior se dedica al alquiler de camionetas. Necesitamos diversificar la matriz y promover nuevos rubros”.
Los tres dirigentes coincidieron en que una estrategia regional puede multiplicar oportunidades, permitiendo que proveedores y trabajadores calificados puedan operar en cualquiera de las provincias del NOA. “Estamos trabajando para que un proveedor de Jujuy pueda prestar servicios en Salta o Catamarca, y viceversa”, subrayó Carrillo