La secretaria de Gobierno, Cintia Castillo, explicó que actualmente existe una ordenanza que protege a los proveedores locales, aunque su alcance es limitado. “La idea es generar condiciones que realmente cuiden a nuestros comercios y empresas, y que permitan a la vez fiscalizar si se efectiviza el compre local”, aseguró en declaraciones a Radio Libre.
El nuevo esquema busca extender esa protección más allá del ámbito municipal, involucrando también a grandes proyectos en marcha, como el Proyecto VMOS, que implican importantes contrataciones de bienes y servicios. Se trata de establecer reglas claras que obliguen a las compañías a incorporar proveedores serranos en sus cadenas de abastecimiento.
Para lograrlo, el municipio planea implementar mecanismos de control y fiscalización permanentes, que garanticen el cumplimiento efectivo de la prioridad local. Esto incluirá registros actualizados de proveedores, seguimiento de contratos y evaluaciones periódicas. El objetivo es evitar que el compre local quede solo en declaraciones de intención.
La propuesta también incluye un sistema de beneficios para las empresas serranas, destinado a reforzar su competitividad frente a compañías externas. Estos incentivos podrían abarcar prioridad en licitaciones, facilidades administrativas y acceso a programas de fortalecimiento comercial, con la idea de mejorar su posición en el mercado regional.
Castillo destacó que la elaboración del proyecto se realiza de forma consensuada con los sectores empresariales, para asegurar que las medidas respondan a necesidades reales y no generen trabas burocráticas. “En esta protección estamos todos juntos: las cámaras, el municipio, los vecinos y los proveedores. Lo importante es generar reglas claras y un control compartido, porque Sierra Grande necesita crecer con su gente y para su gente”, afirmó.
Desde el Ejecutivo subrayan que el régimen no se limita a un instrumento económico, sino que implica una decisión política de fortalecer la identidad productiva local. Al priorizar proveedores serranos, se busca que la expansión económica que generan las grandes inversiones tenga un impacto directo en la comunidad.
El próximo paso será elevar el proyecto al Concejo Deliberante, donde se espera un tratamiento en las próximas semanas. “Es fundamental que el Concejo le dé un tratamiento ágil, porque esta es una demanda social y productiva real de la comunidad”, señaló Castillo, en referencia a la necesidad de acompañar con normas la transformación económica que atraviesa la localidad.
El régimen de compre local aparece como una herramienta estratégica para ordenar el crecimiento y evitar que la llegada de grandes capitales excluya a los actores locales. Para las autoridades y las cámaras, se trata de garantizar que el progreso económico no se concentre en pocas manos, sino que se traduzca en oportunidades concretas para comerciantes, proveedores y trabajadores serranos