Desde el Ejecutivo Municipal expresaron su malestar por la demora en el tratamiento de iniciativas que, según afirman, son clave para responder a las necesidades de la comunidad.
“Manifestamos nuestra preocupación ante la falta de tratamiento legislativo de más de 50 proyectos de ordenanza para dar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad. Muchos están paralizados desde el año 2024”, señalaron.
Entre las propuestas que aguardan debate, mencionaron que “algunos de ellos, involucran temas sensibles y extremadamente necesarios: extensión del tendido de fibra óptica para la instalación de cámaras de seguridad, contratos de alquiler de máquinas y vehículos pesados, ampliación de red cloacal, ampliación del Centro de Cuidados Infantiles, alumbrado eficiente, adquisición de vehículos, remate de vehículos municipales en desuso, planes de fomento al empleo local, servicio de seguridad para el centro ambiental, becas culturales, entre otros tantos”.
El Ejecutivo remarcó que “la gran mayoría de los proyectos en espera de tratamiento fueron presentados por el Ejecutivo Municipal, mientras que son muy pocos los impulsados por los propios concejales, a pesar de que legislar es su función principal”.
Asimismo, cuestionaron el costo de funcionamiento del órgano legislativo: “Esta situación adquiere aún más relevancia si se considera que el funcionamiento del Concejo Deliberante representa para la comunidad una inversión superior a los 100 millones de pesos mensuales, que debe traducirse en resultados concretos, trabajo activo y compromiso con las necesidades de los vecinos”.
En relación al rol institucional, recordaron que “el Concejo Deliberante tiene, por Carta Orgánica, un rol contralor que es importante y legítimo. Sin embargo, observamos que en el último tiempo ese ha sido el único rol que ha decidido ejercer generando en gran medida la inmovilización de la gestión municipal y descuidando su función primordial que es legislar”.
Sobre el contexto actual de Villa La Angostura, enfatizaron que “atraviesa un contexto que exige compromiso, trabajo conjunto y responsabilidad institucional. El control es necesario, pero ya existe un organismo específico para esa tarea: la Auditoría Municipal. El Concejo, en cambio, debe contribuir generando herramientas normativas que fortalezcan la gestión, ordenen las políticas públicas y respondan a los desafíos actuales”.
Finalmente, desde el Ejecutivo ratificaron su disposición al diálogo: “Ratificamos nuestra vocación de diálogo, respeto institucional y trabajo colaborativo, pero también creemos que es momento de dejar de lado las disputas, el ego y las visiones personales para volver a enfocarse en lo que realmente importa: resolver los problemas de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad”