Mendoza, Chubut y Santa Cruz.
El llamado “juicio YPF”, que compromete reservas argentinas y podría costar al país más de 16.000 millones de dólares, suma un nuevo capítulo. Gobernadores de provincias con participación accionaria en la petrolera –Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz)– evalúan avanzar en la justicia penal de Estados Unidos contra la familia Eskenazi, cuyo ingreso a la compañía es visto como el germen de la disputa actual.
Los mandatarios buscan abrir una investigación ante el Departamento de Justicia de EE.UU. sobre el origen de la compra accionaria realizada por el Grupo Petersen en 2007, considerada por ellos como irregular. según fuentes políticas, también mantienen conversaciones con Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén) para sumar apoyos en la ofensiva judicial.
La estrategia, inédita en la defensa soberana argentina, apunta a suspender la causa civil mientras se sustancia una investigación penal sobre aquella operación que, con financiamiento cuestionado, derivó años después en la expropiación parcial de YPF en 2012 y en el actual litigio internacional.
El expediente se tramita en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU., donde la jueza Loretta Preska ordenó que la Argentina ponga acciones en garantía para una eventual ejecución. Frente a ese escenario, los gobernadores insisten en que se investigue penalmente a los responsables del ingreso de los Eskenazi a la compañía, lo que podría modificar el curso del millonario fallo.
La iniciativa de acudir al Departamento de Justicia norteamericano –organismo que incluye al FBI y que intervino en escándalos globales como el Fifagate– podría sacudir el tablero judicial y político. “Somos socios de YPF y los derechos de nuestras provincias se ven afectados. Algo vamos a hacer”, advirtió uno de los mandatarios.
Fuente: La Nación