Cuatro de los cinco firmantes del planteo de conflicto de poderes con el Ejecutivo municipal expusieron sus valoraciones. Cuestionaron una reciente resolución de pago a una cooperativa para contratar capacitadores.
Cuatro de los cinco concejales firmantes del planteo de conflicto de poderes que analiza el Superior Tribunal de Justicia (STJ) por la convocatoria al referéndum popular realizada por el intendente Walter Cortés (PUL) para el 9 de noviembre expresaron sus expectativas con la resolución que podría salir entre los primeros días y mediados de octubre.
“El STJ es la última esperanza que tenemos” definió el concejal Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) que junto a Leandro Costa Brutten y Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) y Roxana Ferreyra (Nos Une) presentaron hoy a la prensa sus valoraciones del “conflicto de poderes entre el Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo municipal” por el cual llegaron a la Justicia.
Los concejales, junto a Samantha Echenique (Cambia Bariloche), plantearon una intromisión del intendente en las funciones y atribuciones del Concejo Deliberante al convocar a un referéndum popular mediante resolución e incluir preguntas vinculadas a proyectos que están en análisis en el cuerpo y otros cuya resolución debería pasar por el Deliberante como es el caso de la creación de tributos y tasas.
Wallace explicó que se llegó a esta presentación judicial porque “no nos quedaba otra opción” luego de agotar la vía administrativa sin éxito y pidió al intendente que “recapacite” y “se abstenga de realizar gastos sin fundamentos” vinculados al referéndum.
La concejal, que también es abogada, dijo que un primer paso favorable es que el STJ haya considerado que debían analizar el tema como un “conflicto de poderes”, una figura incorporada en el nuevo Código Procesal Constitucional y pidió que Cortés: “No se lleve puesta la institucionalidad”.
Su compañero de bancada, Costa Brutten, habló de una “cuenta regresiva” para tener el fallo del STJ, que tiene 15 días hábiles a partir de la respuesta del Ejecutivo al que le corrió vista y afirmó que “el intendente, por torpeza y por maldad se está arrogando atribuciones que tiene el Concejo Deliberante”.
En el planteo, los ediles pidieron al STJ la nulidad de las resoluciones firmadas por el intendente mediante la cual convocó al referéndum y luego realizó modificaciones puntuales. Indicaron que tienen un antecedente que consideran “favorable” respecto de un caso de conflicto de poderes en Cinco Saltos.
Costa Brutten dijo que si la Justicia les da la razón, se debería cancelar el referéndum y se abre la posibilidad de impulsar otro tipo de acciones legales. En paralelo, el STJ desestimó otros dos planteos vinculados al referéndum que era enfocados con la inconstitucionalidad de incluir preguntas vinculadas a sectores puntuales como las licencias gremiales y la autorización de las aplicaciones móviles de transporte.
Si la Justicia no convalida el planteo de los concejales se mantiene, como hasta el momento, el curso del referéndum.
Ferreyra insistió que se buscó “dialogar” y que los concejales han sido “respetuosos del intendente”, aunque señaló que este conflicto creciente con el Deliberante les impide continuar trabajando con normalidad en el cuerpo por la falta de convocatoria a comisiones y de avance en los temas, aludiendo a una decisión política del partido oficialista PUL que conduce el organismo.
Villalba ironizó que la tensión con el intendente “logró unir al Concejo Deliberante, pero lo logró unir en su contra porque ha obrado mal”, afirmó y dijo que es una estrategia de Cortés impulsa rel referéndum, al que llamó “paparruchada”, para “desviar la atención y hacer que por tres meses de lo único que se hable sea de esto”.
Una orden de pago cuestionada
Los concejales opositores cuestionaron hoy que el intendente mediante la resolución 2092 autorizó el pago de 25.8000.000 pesos a la Cooperativa de viviendas, consumo, servicios públicos y otros servicios sociales 19 de octubre para tareas vinculadas al referéndum.
La resolución indica la firma de un convenio fechada el 15 de septiembre para la contratación de 10 personas capacitadoras.
Costa Brutten puso el acento en que esa entidad no tendría una expertise vinculada a la temática y mencionó que existen otras instituciones de amplia trayectoria en materia de asuntos democráticos como Conciencia Bariloche, por dar un ejemplo.
Wallace recordó que el intendente “en caso de gastos irregulares deberá responder con el propio patrimonio”.
Por este mismo tema hay un pedido de informes elevado por la concejal de Juntos Somos Río Negro, Laura Tottonelli, que busca tener precisiones por la contratación y el objetivo de la misma