El Concejo Deliberante de Pico Truncado debate la realización de exámenes toxicológicos. Serían para todas las autoridades, que deberían pagar los costos.
Todos los funcionarios municipales, concejales y demás autoridades electas de la ciudad de Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz, deberán someterse a análisis de orina para exámenes toxicológicos en busca de rastros de cocaína, marihuana y otras sustancias, si prospera un proyecto que ingresó en el Concejo Deliberante local.
La iniciativa fue presentada por el concejal Carlos Morón, del bloque Juventud Popular, y la propuesta consiste en que los funcionarios municipales, sin distinción de cargo o forma de designación, se sometan al examen toxicológico preventivo de orina de manera obligatoria y pagando ellos mismos los costos del análisis.
Si se aprueba, deberán hacerlo quienes desempeñan funciones temporales o permanentes, remuneradas u honorarias, ya sea por elección popular, designación directa o cualquier otro método legal, “siempre que realicen actividades en nombre o al servicio del Estado municipal o sus entidades en todos sus niveles jerárquicos”.
Morón explicó que el objetivo central de la ordenanza sería «garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública».
Cómo serían los exámenes
El examen a realizar sería un test de «screening» que detecte la presencia de sustancias psicoactivas no recetadas, tales como cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, alucinógenos y drogas sintéticas.
“Este control preventivo y periódico estará orientado a evitar situaciones que puedan comprometer la gestión pública”, indica el proyecto presentado.
De acuerdo con el texto, el Ejecutivo municipal tendrá la responsabilidad de designar la autoridad de aplicación del proyecto, quien será la encargada de recibir y gestionar los certificados emitidos por las instituciones de salud habilitadas para realizar estas pruebas.
Los resultados serían confidenciales y solo podrían ser divulgados en caso de detectarse un resultado positivo.
Las pruebas tendrían una vigencia de 48 horas, lapso en el cual el funcionario deberá presentar el certificado correspondiente ante la Dirección de Recursos Humanos.
Se contempla además el derecho a presentar una contraprueba en caso de un resultado inicial positivo, para así “garantizar el debido proceso y evitar sanciones injustas”.
La iniciativa también establece un régimen sancionatorio que incluye la remoción del cargo de manera inmediata, en el caso de que la contraprueba confirme la presencia de sustancias psicoactivas.
Un debate que se extiende en Santa Cruz
El proyecto de ordenanza también estipula que la negativa a realizar el examen será considerada como un resultado positivo, por lo que le cabrá la misma sanción a quien se niegue a someterse a la prueba toxicológica. Este punto busca evitar maniobras para eludir los controles y asegurar el cumplimiento efectivo de la norma.
Algo que remarcó el legislador truncadense es que, según su proyecto, los costos de los estudios deberán ser afrontados íntegramente por cada funcionario, sin hacer uso de recursos públicos municipales. “Esto subraya la responsabilidad individual y evita impactos económicos en el erario local”, indicó.
La presentación de esta iniciativa en el Concejo Deliberante de Pico Truncado generó expectativas en el ámbito político de Santa Cruz, ya que sería una de las primeras localidades en implementar un control toxicológico obligatorio, algo que está en debate en la legislatura provincial para extenderlo a todas las autoridades del territorio