Se trata del jefe comunal de Aluminé, Diego Victoria, quien habló de un «peligroso precedente» para la provincia. La magistrada explicó las razones de su decisión.
El sector donde se inició la toma pertenece a la municipalidad. Foto: gentileza.
La decisión de una jueza de Garantías de no formular cargos en una causa por usurpación de tierras provocó la indignación de un intendente de Neuquén, quien la responsabilizó por sentar un «peligroso precedente» no solo para su municipio, sino para la provincia.
Se trata de la magistrada Leticia Lorenzo y el jefe comunal de Aluminé, Diego Victoria. El expediente se inició por una toma de tierras municipales, que comenzó a fines de mayo pasado y en la que solo continúan cinco personas, las mismas que fueron acusadas en la audiencia realizada el lunes último.
La municipalidad avanzó por la vía judicial luego de varias instancias previas de mediación. Si bien consiguieron desactivar buena parte de la ocupación, que en un primer momento llegó a albergar a 107 personas, un pequeño grupo se mantuvo en el lugar.
De acuerdo a la acusación fiscal, que fue respaldada por la querella del Ejecutivo municipal, los cinco acusados iniciaron la usurpación de manera clandestina, como una forma de mantener oculto el delito.
Las defensas, por su parte, cuestionaron la teoría planteada por la fiscalía. Indicaron que el factor clandestino no se acreditó. También, que el lugar donde se realizó la ocupación no estaba delimitado, ni tenía cartelería indicativa. Con esos argumentos, solicitaron el sobreseimiento para los cinco sospechados.
Al repasar la prueba y las exposiciones de las partes, la magistrada resolvió no avalar la formulación de cargos, rechazar el pedido de sobreseimiento y ordenar la resolución del conflicto por la instancia civil.
«Esto puede ser tierra de nadie»: la reacción del intendente de Aluminé
El intendente Victoria, a través de un comunicado emitido durante la semana, cuestionó en duros términos la resolución judicial.
Entrevistado por Diario RÍO NEGRO, dijo que todo el proceso que antecedió a la causa judicial contó con la participación de numerosos mediadores penales.
Indicó que desde la municipalidad se les ofreció la inscripción en el registro de viviendas que tiene la localidad. «Es la única herramienta que tenemos para generar loteos», dijo el jefe comunal, quien precisó que en ningún momento se trató de una «negociación».
Sostuvo que actualmente hay más de 450 familias inscriptas y que el pueblo vive una situación de crisis habitacional.
De acuerdo a Victoria, la intendencia logró acordar con la mayoría de las familias que se habían apostado en el sector, a excepción del grupo de cinco integrantes. Explicó que, como no querían el diálogo, se decidió «avanzar con la formulación de cargos».
«Pero la jueza solo le dio lugar a lo que la defensa manifestaba y resolvió que no era un delito, porque la usurpación había sido de día y no se trataba de una toma clandestina», recordó. «La hago responsable de lo que pueda pasar ahora en Aluminé, teniendo en cuenta que la municipalidad tiene dos ordenanzas que nos regulan la adjudicación de tierras» y no fueron consideradas en este caso, según analizó.
Sin intenciones de avanzar por la vía civil, adelantó que desde el municipio «vamos a apelar la resolución» y están evaluando incluso la posibilidad de recusar a la jueza. «La hago responsable del caos social que podamos tener«, agregó.
Afirmó que una decisión como la que tomó la magistrada «es bastante compleja», ya que la emergencia habitacional no es exclusiva de Aluminé, sino que se presenta también en el resto de la provincia. «Esto puede ser tierra de nadie«, sumó.
El registro habitacional al que hizo mención busca facilitar la adjudicación de lotes para familias con ciertos parámetros de vulnerabilidad. Aquellas que tengan el puntaje más alto, serán las primeras en ser seleccionadas.
Toma de tierras en Aluminé: «No estaba acreditado el delito», dijo la jueza
La jueza Lorenzo había tenido intervenciones previas en el caso a pedido de la fiscalía. Entrevistada por este diario, se refirió a los alcances de su resolución, motivo de duras críticas del intendente aluminense.
Entendió, centralmente, que la fiscalía no logró acreditar el carácter clandestino de la ocupación. Por el contrario, indicó que la gente que se apostó en los terrenos difundió videos e imágenes, con el objetivo de dar a conocer su reclamo y acelerar una respuesta de las autoridades.
Además, recordó que una vez que tomaron el lugar, «dieron aviso inmediato» a los organismos competentes, dando cuenta de la intención de difundir la usurpación.
Para la jueza, la descripción de los hechos realizada por la acusación fiscal no permitió inferir alguna preparación o «planificación» destinada a ocultar la toma. «Más bien todo lo contrario«, evaluó.
«No hay descripción de un delito en lo que presentaron en la audiencia», añadió.
Si bien valoró las reiteradas instancias de mediación que existieron antes de recurrir a la Justicia, aclaró que lo que hizo fue realizar su «trabajo» y que el caso en cuestión no quedó «cerrado», porque todavía se puede solicitar una nueva audiencia de formulación y los acusados no fueron sobreseídos.
El delito de usurpación está tipificado en el artículo 181 del Código Penal. Ese apartado establece que, para que ocurra, debe haber violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad, con la finalidad de «despojar a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes»